La autoridad

1. ¿El fallo del TSA favorable al Ministerio de Educación compromete la autoridad de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas? La DGCP anuló 45 de 56 lotes de una licitación de dispositivos electrónicos que el Minerd adjudicó en diciembre de 2020. Las razones, más que contundentes: el Minerd (consideró Compras y Contrataciones) excluyó a empresas que cumplían con el pliego de condiciones y que además ofertaban a un mejor precio las netbooks, las laptops y las tabletas que el Ministerio compraba. El Minerd eligió lotes que costarían 1,300 millones de pesos más que los que ofertaban las empresas excluidas.

Pero el TSA (presidido por un juez interino, ¡qué casualidad!) ordena que se envíe a juicio de fondo el tema y que la licitación se cumpla con los lotes elegidos por el Ministerio.

Se abre una puerta complicada para la DGCP. Si sus decisiones son recurrentemente enviadas a los tribunales… ¿de que servirán? Los procesos de licitación podrán ser resueltos con irregularidades… que se verán en los tribunales en dos o tres años.

2. ¿Debe pedir permiso la Cámara de Cuentas? O mandar un alguacil… La Cámara de Cuentas se ha visto obligada a mandar un acto de alguacil al Colegio de Abogados que preside Miguel Surún para intimar a que se le permita la entrada para hacer una auditoría. Es insólito que un colegio profesional que recibe fondos del Estado se permita no cumplir la ley (claro, son abogados y se saben los trucos) hasta ese extremo.

Si las instituciones públicas se permiten ignorar la autoridad de las instituciones de control… vamos mal. l