¿Y ahora?

Luis Abinader retrocedió en su propósito de hacer la reforma fiscal. La población dejó sentir su rechazo a la intención de este gobierno de aumentar los impuestos porque, percibiendo el maridaje que tiene con el gran empresariado, era claro que las nuevas cargas impositivas irían otra vez sobre los sectores medios y populares. De haber impuesto la reforma fiscal regresiva que pretendía el Gobierno, el país estaría de seguro en medio de un proceso de manifestaciones y movilizaciones pues la ciudadanía de por sí ya padece, por casi dos años, un sostenido proceso inflacionario y de deterioro de las condiciones de vida, de crisis de los servicios públicos, de desempleo y de parálisis de muchos sectores productivos y de una muy baja inversión pública. Más que una concesión del Gobierno ha sido una silente victoria de la ciudadanía.

¿Qué caminos tomará el gobierno de Luis Abinader para enfrentar los retos que tiene por delante? Todo hace pensar que persistirá en mayor endeudamiento público.

En su primer año este gobierno tomó prestados más de 12 mil millones de dólares, lo que equivale a más de mil millones por mes, posiblemente un récord en toda nuestra historia republicana. El endeudamiento desenfrenado de este gobierno llevó a que la deuda pública llegara a representar el 70% del PBI y que el pago de capital e intereses de la deuda represente el 45% de las recaudaciones fiscales.

El discurso oficial es que nos endeudamos para cubrir el déficit fiscal. La realidad es más compleja. La verdad es que nos encontramos atrapados en un círculo vicioso. Los gobiernos peledeístas y este del pereeme toman prestado para pagar deuda, lo que a su vez los lleva, cada año a seguir endeudándose, en un esquema en el cual la deuda lejos de disminuir aumenta.

Persistir por el camino del endeudamiento público no tiene nada que ver con el cambio prometido por este gobierno, más bien es la reiteración del modelo impuesto por el peledé en los últimos 16 años. Ese camino lleva a este país al abismo y los hombres y mujeres que defendemos la soberanía e independencia nacionales no podemos permanecer indiferentes, sin reaccionar, contemplando cómo se hipoteca la república y, lo que es más significativo, el presente y el futuro de las presentes y venideras generaciones.

Otra forma de aumento de las recaudaciones de la que ha comenzado a dar señales este gobierno es la hacerlo por vía administrativa, práctica común de los gobiernos peledeístas. Hace unas semanas pasó con el aumento de los costos de los servicios que brinda el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. También está en vía de suceder con la aplicación de la llamada tarifa de transición decidida por la Superintendencia de Electricidad que comenzará a aplicarse trimestralmente a partir del próximo noviembre. En este caso, conforme las informaciones difundidas, la mayor carga porcentual del aumento recaerá sobre los consumidores de 300 kilovatios o menos que son la inmensa mayoría y que pasarán de pagar de RD$4.44 a algo más de RD$11 el kilovatio.

Este mecanismo de incremento por vía administrativa es de cuestionable legalidad y en los hechos se traduce en mayores cargas para la población evadiendo tener que conocerse en el Congreso Nacional. Estos parches tributarios son de las causas por las que tenemos una estructura fiscal compleja, poco eficiente e inequitativa.

La realidad es que el presidente Luis Abinader tiene otras vías más expeditas, en las actuales circunstancias, para aumentar los ingresos, sin tener que fijar nuevos impuestos, y con ello disminuir el déficit, parar el endeudamiento y poder brindar servicios públicos de mejor calidad.

En primer lugar, está la revisión del llamado gasto tributario. El chantaje hecho por los senadores auspiciadores del proyecto de ley, –amenazando con revisar las exoneraciones, exenciones y subsidios— brinda una magnífica oportunidad para que el presidente Luis Abinader les tome la palabra y convoque a los diferentes sectores sociales y económicos para una discusión y revisión sobre cada una de las exoneraciones, subsidios, exenciones otorgadas en los últimos 40 o 50 años, entre ellas precisamente el barrilito, el cofrecito y las dos exoneraciones que para cada cuatrienio se asignaron senadores y diputados, así como todas aquellas que no se justifica mantener.

En segundo lugar, el Gobierno puede mejorar sustancialmente las recaudaciones desarrollando una verdadera cruzada contra la evasión y elusión fiscal, incluyendo el cobro de los impuestos dejados de pagar por los patrimonios ocultos en sociedades en los paraísos fiscales. Los expertos estiman en mucho más de RD$300 mil millones de pesos lo que anualmente deja de percibir el Estado Dominicano por evasión y elusión fiscal, suma esta mayor que la del déficit fiscal. Esta medida debe ser acompañada de una ley que penalice con prisión la evasión fiscal. Asimismo, es necesaria una estrategia amigable para la formalización de miles de empresas, en una economía que opera en más de un 50 por ciento en la informalidad.

En tercer lugar, nunca como ahora se hace necesario revisar los contratos con los que están operando las empresas que actualmente extraen los minerales de nuestro subsuelo y que es propiedad del pueblo dominicano.

Todas estas iniciativas, debería acompañarlas el presidente Luis Abinader con el impulso de un movimiento regional para la renegociación de la deuda externa para buscar mejores condiciones de pago para nuestros países.

El presidente de la república en su discurso del pasado miércoles insistió en la mejoría del gasto público. Sin embargo, pese a que desde la oposición denunció que en el gobierno peledeísta había más de 50 instituciones públicas duplicadas o sin funciones, 15 meses después de su toma de posesión estas permanecen como depósito de nuevas botellas y nominillas. De igual modo, no solo se mantienen los salarios de lujo de los altos funcionarios, sino que algunos incluso, aun en las difíciles circunstancias que hemos vivido, se lo han aumentado.

Gobernar sin despilfarro, sin dispendio, sin privilegios, sin corrupción es el primer paso para mejorar la calidad de los servicios públicos que el ciudadano espera recibir del Estado por los impuestos que paga. Un gobierno que en los hechos actúe así adquiere la autoridad moral y la legitimidad para imponer nuevas cargas impositivas cuando las circunstancias así lo exijan.