Tribunal ratifica medida de coerción contra de Jean Alain y otros implicados en caso Medusa
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de prisión preventiva en contra de los imputados en el caso Medusa.
Aunque los imputados Jean Alain Rodríguez y Javier Forteza Ibarra, estuvieron en la audiencia no le correspondía la revisión de la medida de coerción este viernes como consecuencia de que su medida había sido confirmada recientemente por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, explicó el procurador Wilson Camacho.
La jueza Solange Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le confirmó las medidas de coerción a los demás imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022.
En cambio, la comparecencia de Rodríguez y Forteza Ibarra para estos fines será el próximo 8 de diciembre.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez arrestado en España, el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez Sánchez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la nueva Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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