Feministas apoyan cuerpo policial para violencia intrafamiliar, pero exigen más

Activistas por los derechos de las mujeres recibieron con optimismo el anuncio del presidente Abinader de reforzar la dirección de la Policía que atiende casos de violencia intrafamiliar para convertirla en un cuerpo especializado, pero creen que para su éxito se debe profesionalizar a los agentes, asignar más recursos y producir decisiones contun- dentes de Estado.

“Se precisan decisiones de Estado que signifiquen mensajes contundentes de que no se acepta el maltrato a las mujeres”, dijo Lourdes Contreras, coordinadora del Foro Feminista.

Explicó que esas decisiones deben asegurar la privación de libertad. “Decisiones que impliquen cos- tos para quienes ejercen formas de violencia, sean quienes sean, incluidos jueces, fiscales, empresarios o políticos. No garantías económicas, por ejemplo, acorde con la tipifi- cación de la violencia”, agregó.

La activista Sergia Galván, también del Foro Feminista, observó que hay mujeres que desisten de seguir un proceso o no se animan a denunciar porque desconfían de los operadores del sistema. “Y dentro de ellos (está) la Policía”.

Abinader se reunió el pasado martes con el director general de la Policía, mayor general Edward Sánchez González, y con los altos mandos de esa institución, en su sede. Allí anunció que en ese cuerpo especializado se focalizarán algunos casos en los que haya mujeres amenazadas para asignarles protección.

Galván recordó que la Policía tiene desafíos y debe sensibilizar a su personal sobre la violencia. “No podemos perder de vista que entre el 10 y 8 por ciento de los feminicidios, aproximadamente, son cometidos por policías”, dijo.

Desde 2005 hasta octubre de 2020 la Procuraduría General de la República reporta la ocurrencia de 1,497 feminicidios en el país.

“Nosotros ocupamos el quinto lugar en América Latina en feminicidios y tiene que ver con la desprotección, con la indefensión de las mujeres”, enfatizó Galván.

Expresó que la falta de recursos dentro de la Policía también es un obstáculo para ejecutar las órdenes de arresto. “Aquí tenemos órdenes de arresto de más de un año pendientes”, aseguró. Como consecuencia, indicó que las mujeres tienen que durar más tiempo en casas de acogida, presionando el sistema y su vida laboral y familiar.

Otro problema que identificó es la falta de seguimiento a las órdenes de protección, que solo entre enero-septiembre del año pasado la Procuraduría registra 10,371 emitidas.

“Muchas veces los policías tienen que llegar a pedirle a las mujeres dinero para el pasaje para el combustible del motor, para ir a hacer un arresto, para ir a llevar una orden de alejamiento”, deploró Galván.

La sicóloga y activista Soraya Lara entiende que si se delimitan las funciones no deberán existir choques entre el anunciado cuerpo policial y otras instituciones que trabajan con casos de mujeres. “Todo lo contrario, podríamos hablar de una intervención integral”, dijo.

Esta no es la primera medida tendente a proteger a las mujeres en la joven gestión de Abinader. En septiembre pasado anunció la instalación de 12 casas de acogida para asistir a las víctimas. Aquellas que estén en condiciones vulnerables, serán incorporadas a los programas de asistencia social y se les otorgarán RD$10 mil mensuales.