Bruselas bloquea el fondo de recuperación para Hungría hasta otoño por la falta de control contra la corrupción
El continuo tira y afloja entre Bruselas y Budapest dejará al Gobierno de Viktor Orbán sin acceso al fondo europeo de recuperación al menos hasta la vuelta del verano. La Comisión Europea mantiene bloqueada la aprobación del plan nacional de reformas presentado por Hungría y exige a cambio del dinero, más de 7.200 millones de euros, el compromiso del Ejecutivo de Orbán con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y con el respeto a la independencia judicial. Tras más de dos semanas de negociaciones, la Comisión ha asegurado este martes que Hungría se ha mostrado por fin dispuesta a trabajar “de manera constructiva” para resolver las diferencias pendientes, un proceso que, según los cálculos de Bruselas, podría prolongarse hasta el 30 de septiembre.
El plan de Polonia también lleva tres meses en proceso de revisión y el visto bueno, que en teoría debería llegar esta semana, parece también destinado a retrasarse, lo parece dejarlo en el aire de momento.
El bloqueo de ambos proyectos coincide con la pugna de la Comisión Europea para frenar la deriva de Hungría y Polonia hacia políticas que cuestionan los valores fundamentales de la UE, socavan el Estado de derecho y discriminan a grupos de población con motivo de su orientación sexual.
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El retraso en la aprobación de los planes evita a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la embarazosa situación de tener que viajar en estos momentos a Budapest y a Varsovia para entregar a Orbán y al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, un simbólico cheque por valor de 7.200 millones y 36.000 millones de euros, respectivamente.
La dureza de la revisión de los programas húngaro y polaco permite también a Bruselas reivindicarse ante los socios que exigen un control estricto en el desembolso de los fondos, un grupo en el que militan, sobre todo, Alemania, Países Bajos, Suecia o Finlandia. La prórroga de la revisión permitirá también comprobar la posición del Tribunal Constitucional de Polonia, que la próxima semana debe pronunciarse sobre si reconoce o no la primacía del derecho europeo sobre el nacional.
Bruselas también gana tiempo para intentar encauzar el choque con el Gobierno de Orbán por la ley que prohíbe la difusión de contenidos relacionados con la comunidad LGTBI en cualquier lugar o formato al que puedan tener acceso los menores de 18 años, una norma que, según Von der Leyen, es discriminatoria y equipara la homosexualidad con la pornografía y la pedofilia. La Comisión tiene intención de denunciar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE si no retira la ley, pero esa demanda canalizaría el conflicto hacia una vía judicial claramente separada del proceso de revisión de los planes de recuperación.
La Unión Europea ya ha dado el visto bueno a las medidas de 16 países, España entre ellos, y Bruselas espera que en cuestión de días se inicien los primeros desembolsos con los recursos captados hasta ahora en los mercados de deuda. La Comisión Europea ya ha realizado tres subastas de bonos europeos con los que ha obtenido 45.000 millones de euros en unas condiciones muy favorables gracias a la fuerte demanda entre los inversores.
Los países con los planes aprobados recibirán este mismo año un adelanto del 13% del total de las ayudas previstas, que para los 27 Estados miembro suman 800.000 millones entre subvenciones y préstamos. Hungría y Polonia se quedan, de momento, fuera de ese banquete por la resistencia del Ejecutivo de Von der Leyen a dar el visto bueno a las medidas nacionales de reformas presentadas como contrapartida para recibir el dinero.
Como con todos los socios, Bruselas dispone de dos meses para revisar esos planes y proponer al Consejo de la UE su veredicto. En el caso de Hungría, ese plazo expiró el 12 de julio pero la luz verde ni ha llegado ni se la espera. La Comisión ha propuesto a Budapest prolongar el plazo de revisión, una medida a la que el Gobierno de Orbán se resistía hasta ahora. Este martes, sin embargo, Budapest ha claudicado y se resigna a someterse a varias semanas de escrutinio antes de poder aspirar a las ayudas que la UE ofrece para paliar la crisis provocada por la covid-19.
“La Comisión propuso formalmente a Hungría una extensión del período de revisión y ya hemos recibido una respuesta constructiva respecto a ese retraso de la evaluación”, ha señalado una portavoz del ejecutivo comunitario. La misma fuente ha añadido que Budapest “se ha mostrado de acuerdo en trabajar con nosotros de manera constructiva en los puntos que siguen abiertos”.
El organismo comunitario se niega a concretar cuáles son los puntos de discordia con el Gobierno húngaro. Y se limita a recordar que todos los planes son revisados según los 11 criterios previstos en el reglamento del fondo, entre los que figuran desde la compatibilidad con los objetivos medioambientales y con el despliegue digital hasta los beneficios esperados en términos de crecimiento y empleo.
Pero entre los criterios figura también el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 2019 y 2020 en el marco del llamado semestre europeo, un sistema de vigilancia macroeconómica que hasta la llegada del fondo de recuperación era olímpicamente ignorado por casi todos los socios de la UE.
La recomendación a Hungría de 2019, que en su día fue aprobada sin pena ni gloria, incluye de manera crucial la necesidad de “reforzar el marco de la lucha contra la corrupción, en particular mejorando la labor de la fiscalía y el acceso a la información pública, y fortalecer la independencia judicial”.
El texto aprobado en su día por el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) apunta que “persiste la inquietud por la prevención y persecución de la corrupción. Varios indicadores hacen pensar que ha aumentado en los últimos años la exposición de Hungría a la corrupción”. Unas palabras que hace dos años eran inocuas pero de las que ahora penden 7.200 millones de euros en subvenciones que Hungría esperaba empezar a recibir en breve.
Polonia ha caído en el mismo cepo inesperado. La recomendación a Varsovia de 2020 reclamaba “mejorar el entorno de inversión, en particular salvaguardando la independencia judicial”. El Ejecutivo de Morawiecki no solo hizo caso omiso de la petición sino que, según Bruselas, ha proseguido socavando la independencia de los tribunales y sometiendo a los jueces a un régimen disciplinario destinado a acabar con su neutralidad.
“La seguridad jurídica, incluido el acceso a tribunales independientes (…) son también factores cruciales para el funcionamiento del mercado único y para salvaguardar la posición de Polonia en las cadenas europeas de suministro”, avisaba la Comisión en los considerandos de su recomendación. Y advertía de que “los recientes acontecimientos suscitan nuevas preocupaciones, al poner en peligro el funcionamiento del ordenamiento jurídico polaco y de la Unión”, en alusión a la creciente resistencia de Varsovia a acatar las normas y sentencias europeas.
El choque de Bruselas y Varsovia deja, de momento, en el aire 23.900 millones de euros en subvenciones y 12.100 millones en préstamos con cargo al fondo europeo de recuperación. En cuanto al plan de Polonia, presentado el 1 de mayo, el propio Gobierno de Morawiecki ya solicitó una prórroga de un mes que expira el 1 de agosto. En total, Bruselas lleva tres meses revisando la propuesta de Varsovia, un periodo que dobla el de otros países. El plan de España, por ejemplo, recibió el visto bueno mes y medio después de presentarse.
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