La Asociación Nacional del Rifle se encasquilla
Lejos queda la poderosa imagen del legendario actor de Hollywood Charlton Heston levantando con una mano sobre su cabeza un Winchester 1886. “Entregaré mis armas cuando me las quiten de mis frías manos muertas”, proclamó. Y repitió, atrincherado en el derecho a portar armas que concede la Segunda Enmienda de la Constitución de EE UU: “De mis frías manos muertas”.
Fue en los inicios del siglo XXI. Heston dejó la presidencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) —debido a una demencia senil— cuando esta era omnipotente. La NRA sufre hoy un declive del que puede salir tocada de muerte por las luchas de poder internas, los gastos fastuosos de sus ejecutivos y las acusaciones de fraude. Tanto su reputación como sus finanzas hacen aguas. En palabras de Frank Smyth, periodista y autor del libro The NRA, The Unauthorized History (La NRA, una historia no autorizada), “la organización nunca había sido tan débil como lo es ahora”.
Asociación Nacional del Rifle
En conversación con EL PAÍS, Smyth considera que el grupo de presión está ante “un momento de gran inestabilidad” y asegura que la junta directiva “está aterrada” ante la idea de que el director ejecutivo de la organización, Wayne LaPierre, deje su cargo y exista “una lucha encarnizada” por quién se queda con el poder.
A LaPierre se le define en artículos de prensa y libros —y lo corrobora Smyth— como un hombre débil que, sin embargo, habla de sí mismo en tercera persona; un líder de la organización a pesar de no tener mucho interés en las armas, según admite él mismo. Sin embargo, LaPierre, de 71 años, ha llevado el número de socios desde que tomó las riendas del grupo en 1991 hasta los cinco millones, ha recaudado toneladas de dinero y ha escrito en piedra el nombre de la NRA como la cara visible del lobby de las armas en EE UU, un grupo de presión en Washington que ninguno de los presidentes demócratas como Clinton u Obama y ahora Biden han podido doblegar, pese a los 20.000 muertos que causaron las armas el año pasado. Sus socios pagan cuotas que oscilan entre 45 dólares anuales, aunque varía según los Estados, y 150 por un período de cinco años, además de recibir numerosas donaciones. Hay más de 400 millones de armas en un país de 330 millones de habitantes.
Al ocaso de la organización, se le ha puesto fecha en los tribunales. Por primera vez en sus casi 150 años de existencia, alguien se atrevió a cuestionar a la intocable NRA. En agosto de 2020, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra el más grande y poderoso grupo a favor de las armas de EE UU, con el fin último de disolver la asociación, por “años de irregularidades” e incurrimiento en “fraudes y abusos”.
James consideró que el grupo opera como una empresa y no como una organización sin ánimo de lucro (que es como está registrada la NRA en el Estado de Nueva York). El “absolutismo y secretismo” en la NRA —según define Smyth el mandato de LaPierre— entró entonces en decadencia.
En la demanda presentada, de más de 100 folios, James sostiene que la NRA ha hecho mal uso de hasta 64 millones de dólares (unos 53 millones de euros) durante tres años. La fiscal alega evasión fiscal, financiación irregular de campaña y pagos desorbitados a los miembros del Consejo de Administración.
En esta última categoría, LaPierre habría gastado más de 250.000 dólares en viajes a las Bahamas y al lago Como (Italia), entre otros; otro cuarto de millón en la exclusiva tienda de ropa de Zegna en Beverly Hills (California); y fletado por casi 27.000 dólares un avión privado para su hija y su sobrina para poder llegar a un evento de la NRA ya que perdieron el vuelo comercial. La lista de dispendios sigue y sigue.
Mientras todo este derroche sucedía, la NRA, en una desesperada necesidad de fondos, subía las cuotas a sus miembros por segundo año consecutivo. Para disminuir costes, se eliminó el café gratis y los dispensadores de agua en el inmenso cuartel general que la organización tiene en Fairfax (Virginia). También se congelaron los fondos de pensiones de los empleados.
Los abogados del grupo han equiparado las eventuales medidas judiciales contra la organización con “la condena a muerte” de la NRA. Ante tal amenaza, la asociación ideó una argucia legal para que el Estado de Nueva York —y su justicia— no tuviera poder sobre el grupo. A pesar de que la NRA, según declara su propia junta directiva, goza de salud financiera y es capaz de pagar a sus acreedores, la organización se declaró en bancarrota en enero, con el último objetivo de desvincularse de Nueva York —Estado gobernado por los demócratas— y restablecerse de nuevo en Texas — tradicionalmente republicano—. La NRA no contestó ninguna de las peticiones de este periódico.
Bancarrota
Sin embargo, el juez federal Harlin Hale rechazó este mes la petición del grupo de acogerse al capítulo 11 del Código de Bancarrota de EE UU, que le hubiera permitido “aliviar al deudor honesto del peso de deudas opresivas y permitirle empezar liberado de las obligaciones y responsabilidades consecuentes de su mala fortuna en los negocios”. La idea es permitir que la asociación pague las deudas que pueda pero continúe existiendo para mantener el empleo, en lugar de colapsar por las fuertes obligaciones financieras.
Para sorpresa de la NRA, la decisión de la asociación de acogerse a la bancarrota le pareció al juez Hale, como mínimo, sospechosa. “La NRA siempre se ha presentado ante sus miembros y ante la ley como una institución en condiciones financieras potentes”, se lee en la resolución. También en palabras del juez: “La NRA no ha pedido la bancarrota de buena fe porque la ley no contempla la posibilidad para la que pretende usarla”.
Cierto que la NRA ha perdido el primer asalto para librarse de la Fiscalía de Nueva York. Pero la decisión del juez Hale puede recurrirse y sería estudiada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE UU, un tribunal muy conservador dominado por jueces elegidos por George W. Bush y Donald Trump. Es aventurado dictar la defunción de la NRA. Pero de lo que no hay duda es de que “está gravemente herida”, según Smyth.
Mientras el antes todopoderoso grupo está frágil, algunas otras organizaciones de defensa de las armas anhelan la oportunidad para llenar, quizá, ese posible vacío. Gun Owners of America (Propietarios de Armas de Estados Unidos), con apenas 100.000 miembros —frente a los cinco millones de la NRA— cree que ha llegado el momento de que se imponga su agenda, mucho más agresiva a favor de las armas que los postulados de la Asociación Nacional del Rifle. Gun Owners of America, con supremacistas blancos entre sus filas, asegura que tiene fondos de sobra para poder resistir cinco años sin financiación.
La declaración de principios de la Asociación Nacional por el Derecho a las Armas es rotunda frente al momento que vive la NRA. “No calzamos mocasines Gucci ni lucimos ropa por valor de 200.000 dólares para fanfarronear antes de engordar los bolsillos de políticos pusilánimes de Washington para que voten a favor de las armas”.
Una espía rusa y Oliver North
Un día después de que un juez federal condenara a la rusa Maria Butina a 18 meses de prisión por conspirar para infiltrarse en la NRA y espiar para Moscú, Oliver North anunció en la convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, siglas en inglés) que no se presentaría a la reelección como presidente.
Era el 27 de abril de 2019 y la renuncia de North llegaba poco después de que el diario The Wall Street Journal publicara, en exclusiva, una historia que aseguraba que North había pedido a Wayne LaPierre, director ejecutivo de la organización, que dimitiera. De lo contrario, según aquella información, North revelaría pruebas de que LaPierre había usado fondos del grupo de presión para su uso personal.
Oliver North llegó a la NRA con 75 años y siendo un rostro de sobra conocido para los estadounidenses. Durante los años ochenta, cuando ejercía como asesor del entonces presidente, Ronald Reagan, North estuvo envuelto en uno de los grandes escándalos en la historia de Estados Unidos: el caso Irán-Contra.
Maria Butina cumplió 15 meses de condena en la prisión federal de Tallahassee (Florida). A finales de octubre de 2019, con 30 años, fue deportada a Rusia.
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