Recusación a jueza del caso Coral debe resolverse antes del miércoles, según los plazos de ley

La Corte de Apelación del Distrito Nacional debe decidir entre el próximo lunes y el miércoles si la jueza Kenya Romero continúa en el conocimiento de la medida de coerción o si designa a otro juzgador en el proceso judicial seguido a los imputados del presunto entramado de corrupción desarticulado a través de la Operación Coral.

Según abogados consultados, el artículo 82 del Código Procesal Penal establece que el tribunal competente (en este caso la Corte) debe resolver el incidente dentro de los tres días, luego de haber recibido el escrito de recusación y su informe del tribunal. Entienden que la cuestión será decidida entre lunes y miércoles, debido a que la Corte no trabajada sábado ni domingo y la recusación se produjo el pasado viernes.

La audiencia de medida de coerción se encuentra suspendida después de que el abogado del coronel Rafael Núñez de Aza recusara a la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, tras sostener que el imputado que se siente en un estado de indefensión porque no ha podido conocer las pruebas presentadas en su contra. Previamente, la defensa había solicitado el aplazamiento de la audiencia, lo cual le fue rechazado.

La magistrada Romero rechazó la recusación en su contra. Consideró que sí fueron tutelados los derechos de los imputados, que se notificaron a las partes procesales en el tiempo oportuno y se pidió habilitar espacio y proveerlos de dispositivos para que los abogados se reunieran con sus defendidos.

Mientras tanto, cinco de las seis personas que aparecen en el expediente de corrupción, cumplieron este sábado 1 mayo, su primera semana detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ellos son el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán Sánchez; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y Raúl Alejandro Girón Jiménez.

El grupo fue apresado el pasado sábado 24 de abril durante la realización de 27 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde desarrollaban sus acciones fraudulentas los apresados, según el Ministerio Público.

En su expediente, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario, y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar, estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado, dando apariencia de legalidad a los activos generados.

Indica que Adán Cáceres se benefició de su cercanía con el poder, al ser el exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez, para realizar acciones ilícitas, utilizando prestanombres, testaferros, poseedores de propiedades mediante simulaciones contractuales tanto de ventas como de alquiler.