Álvaro Uribe llama al Ejército a que utilice las armas en las protestas en Colombia
El expresidente Álvaro Uribe, una figura controversial que suele navegar en medio de la polarización, ha agitado una vez más el debate público en Colombia al defender que policías y militares tienen derecho a usar las armas en el marco de las jornadas de protesta ciudadana contra la reforma tributaria que propone el Gobierno de Iván Duque, su ahijado político. Su mensaje en Twitter ha sido interpretado de inmediato desde la oposición como una incitación a la violencia y ha provocado llamados a que le suspendan su popular cuenta, con cinco millones de seguidores.
Más información
“Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”, escribió el exmandatario la mañana de este viernes, dos días después del paro nacional convocado por centrales obreras y organizaciones estudiantiles. La jornada del miércoles, mayoritariamente pacífica, se saldó con marchas masivas, bloqueos, enfrentamientos esporádicos con la policía, un sonoro cacerolazo en las principales ciudades y algunos disturbios en Bogotá, Medellín y Cali. En esta última urbe, la capital del departamento del Valle del Cauca, las protestas derivaron en vandalismo y saqueos. Allí, los desórdenes se han prolongado hasta este viernes.
En el caldeado ambiente posterior al regreso de las movilizaciones masivas contra el Ejecutivo de Duque, en gran medida desactivadas durante la pandemia, ese mensaje provocó diversas reacciones y llamados a denunciarlo. Una de las primeras respuestas llegó de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, la cuna del uribismo y capital de Antioquia, el departamento del que Uribe fue gobernador en la década de los 90. El exmandatario “incita de forma peligrosa al uso de las armas por parte de ejército y policía (…) en aras de proteger a la población civil pido a @TwitterLatAm suspender esta cuenta”, lanzó el gobernante de la segunda ciudad de Colombia.
“En un Estado de derecho un vándalo y un criminal también tienen derechos, incluido el debido proceso y el uso proporcional de la fuerza. A ellos se les captura y se les judicializa, no se les dispara”, reaccionó Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno de la alcaldía de Claudia López en Bogotá, la capital donde también se produjeron altercados entre los manifestantes y la fuerza pública. Otras figuras políticas, como el senador Roy Barreras, se sumaron a la tendencia #TwitterSuspendaCuentaUribe. El reclamo, justificado en la supuesta incitación a la violencia, es similar a la medida que la red social tomó en enero contra Donald Trump cuando todavía era presidente de Estados Unidos.
“Que alguien le explique al señor Uribe”, terció José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Según estándares internacionales, la policía solo puede emplear armas de fuego como última opción para impedir una amenaza cierta a la vida o la integridad física. Los soldados están entrenados para la guerra, no para la seguridad pública”.
El uso excesivo de la fuerza y los abusos de los uniformados se han instalado con fuerza en el debate público en Colombia desde la oleada de manifestaciones contra el Gobierno de Duque a finales de 2019, antes de la irrupción de la pandemia. El pasado septiembre, el homicidio de un estudiante de derecho bajo custodia policial por parte de dos patrulleros detonó dos caóticas jornadas de protestas, disturbios y represión policial que se saldaron con la muerte de 13 civiles en Bogotá. La imagen de las fuerzas de seguridad se ha resquebrajado en medio del clamor por reformas en la formación de policías y militares, y las denuncias de abusos han sido frecuentes aún en medio de las medidas de confinamiento.
En cerca de tres años con Duque en el poder, el palpable malestar social se ha traducido en una amalgama de reclamos que incluyen el incesante asesinato de líderes sociales, la lenta implementación de los acuerdos de paz o las medidas económicas. Su impopular reforma tributaria, que la mayoría de los expertos considera necesaria, cuenta cada vez con menos apoyos políticos. El proyecto, que el Ejecutivo se ha mostrado dispuesto a reformular, ha desatado críticas incluso de Uribe, que sigue siendo el líder indiscutible del partido de Gobierno, el Centro Democrático, a pesar de haber renunciado a su escaño como senador por sus problemas con la justicia.
El propio Uribe, un mandatario arrolladoramente popular durante sus dos mandatos (2002-2010), cuando su aceptación superaba el 70%, ha visto cómo se desploman sus números en las encuestas. Cerca de dos tercios de los encuestados ahora lo rechazan en los estudios de opinión.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
About Author
