La UE busca mayor apoyo de Marruecos contra la inmigración irregular a cambio de más ayudas
La Unión Europa tiene claro que Marruecos es un socio prioritario en su estrategia migratoria, pero no termina de encajar sus intereses con Rabat. Los 27 están dispuestos a poner más fondos encima de la mesa, también propuestas a largo plazo, pero buscan la manera de que los marroquíes acepten sus demandas. No está siendo fácil, según se desprende de un documento reservado al que ha tenido acceso EL PAÍS. Rabat exige más dinero y que se reconozca su importancia en el tablero migratorio europeo, como ya se hizo con Libia y Turquía. Mientras, la negociación por más retornos de marroquíes llegados irregularmente a la UE, demanda irrenunciable de Bruselas, está enquistada.
El documento reconoce que “Marruecos ha llevado a cabo esfuerzos significativos en la gestión de los flujos migratorios y en la prevención de salidas irregulares hacia España”, sobre todo, “tras el sustancial apoyo [financiero] proporcionado en 2018” ante un aumento de la llegada de pateras. Pero Bruselas está convencida de que tras el incremento de llegadas a las islas Canarias la relación con Marruecos requiere un replanteamiento global y necesita “fijarse objetivos a largo plazo”.
Los 27 creen que la puesta en marcha de su nuevo marco financiero (2021-2027) y el estreno del llamado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) ofrece la oportunidad ideal para marcar un punto de inflexión en la relación con Rabat. Ese instrumento tiene una dotación de 79.500 millones de euros (casi una cuarta parte para los países vecinos de la UE), más un colchón de 9.500 millones para intervenciones de emergencia.
Marruecos, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, tiene grandes expectativas financieras sobre esas partidas y aspira a ser uno de los principales beneficiarios. Pero la presidencia del Consejo Europeo detalla en el texto las demandas que Bruselas podría plantear a cambio de una colaboración más estrecha.
La UE quiere, sobre todo, que Rabat facilite más retornos de sus nacionales. España y Francia mantienen una colaboración más fluida en ese ámbito, pero no ocurre lo mismo con otros países. “La cooperación con los Estados miembros en materia de readmisión sigue siendo desigual”, admite el documento. En 2019, cerca de 35.000 marroquíes recibieron una orden para abandonar la UE, pero solo un 29% pudieron ser retornados. Bruselas también pretende que Marruecos readmita migrantes de terceros países a cambio de una política de visados más favorable para los marroquíes, pero la negociación está enquistada desde 2003.
La lista de deseos de la UE no acaba ahí y el documento detalla los aspectos en los que se quiere estrechar relaciones. Más allá de los retornos y el despliegue en frontera, los 27 quieren reforzar el intercambio de información con Marruecos y la cooperación judicial y operativa contra la trata de seres humanos, incluso a través de las agencias de la UE, como Frontex o Europol. “También debemos instar a Marruecos a que adopte la ley de asilo, y a que promueva el papel de la Agencia Europea de Asilo (EASO) para la construcción de un sistema eficaz”, añade el documento.
Dificultad para alienar objetivos
El encaje de peticiones y demandas no es sencillo, entre otras cosas, porque Rabat se resiste a cualquier intervención europea que pueda ser interpretada como una injerencia en sus políticas internas o un cuestionamiento de su capacidad para gestionar los flujos migratorios. “Marruecos ha percibido a menudo que la propuesta de la UE para reforzar sus capacidades [para el control de fronteras] subestima sus propias capacidades”, se lee en el documento. “Por otro lado, Marruecos reclama con frecuencia que necesita apoyo en forma de equipamiento en este campo”.
El texto, que debatieron el pasado jueves representantes de todos los Estados miembros, reconoce “un creciente desajuste entre las ofertas europeas y las expectativas marroquíes” y la “dificultad de alinear objetivos”. Rabat, añade el documento, ve algunas de las ofertas de la UE como “irrelevantes o de escaso valor añadido”.
Fuentes españolas tercian a favor de Marruecos y alertan contra el riesgo de supeditar la cooperación internacional a la colaboración en política migratoria, como desean varios socios del interior de la UE. Países de la periferia, como España, prefieren apostar por el entendimiento con los vecinos para regular unos flujos migratorios que no van a desaparecer simplemente por blindar las fronteras. Las mismas fuentes niegan que Rabat tenga “elevadas expectativas” con respecto a los presupuestos de la UE, como sugiere el documento del Consejo. “Marruecos simplemente quiere unos programas de inversión ligados a la política de vecindad, como otros países de la zona, desde Argelia o Túnez a Libia y Egipto”, apuntan fuentes diplomáticas. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, afirmó el pasado jueves en el Congreso que España se ha esforzado para lograr un consenso en la Unión Europea en torno al modelo español de cooperación y defendió “fondos adecuados y predecibles” para apoyar a su principal socio africano.
El Parlamento Europeo tampoco es partidario de supeditar la cooperación a la política migratoria. Y en el acuerdo con el Consejo sobre el Reglamento del IVDCI, logró limitar los recursos del fondo que se podrán vincular a la gestión migratoria, dejándolos en el 10% del total. Ese techo restringe la capacidad de presión de los socios de la UE sobre los países vecinos, aunque Bruselas también quiere utilizar la política de visados como arma negociadora para exigir la colaboración en el control migratorio. En la UE residen de forma legal 1,96 millones de marroquíes y sus remesas representan el 5% del PIB de Marruecos.
Marruecos es el tercer socio que más dinero recibe de la UE para la gestión migratoria, tras Turquía (6.000 millones de euros desde 2016) y Libia (355 millones a partir de 2015). Desde 2014, Bruselas le ha inyectado 343 millones de euros en programas de apoyo a la gestión migratoria, la mayoría tras el histórico repunte de pateras que vivieron las costas españolas en 2018. El dinero y una renovada colaboración liderada por España redujeron los flujos a la mitad al año siguiente, pero la crisis migratoria en Canarias, adonde llegaron en 2020 más de 23.000 personas procedentes sobre todo del Sahara Occidental controlado por Marruecos, ha vuelto a inquietar a los 27. Más de la mitad de esos 23.000 migrantes eran marroquíes. “El reciente repunte de las llegadas a Canarias sugiere la necesidad de un enfoque holístico conjunto y de objetivos a largo plazo”, mantiene el texto.
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Por su parte, hace tiempo que Rabat pide más apoyo. Es país de origen, de tránsito y de destino de miles de migrantes y presiona para que se reconozca su papel. Marruecos calcula que solo sus esfuerzos en medios materiales y los miles de policías que tiene desplegados para luchar contra la inmigración irregular necesitan una inversión de 3.500 millones de euros en el periodo de 2020-2027. La cifra aparece en una memoria económica de Bruselas y supone 435 millones anuales, bastante más por año que los 343 millones que se le han ofrecido en ocho.
La UE, inmersa en la negociación del marco financiero plurianual, contempla aumentar su apoyo a Marruecos, pero el documento advierte: “Para mantener unos compromisos financieros suficientes en materia de migración, en consonancia con las expectativas de Marruecos, se necesitan soluciones más audaces, incluyendo enfoques más beneficiosos para ambas partes que persigan el enfoque global de la migración y la movilidad”.
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