El último escándalo del espionaje ruso resuena en Europa: una explosión, dos envenenamientos y agentes de élite
Vrbetica, República Checa, 9.25 de la mañana del 16 de octubre de 2014. El depósito privado de municiones número 16, gestionado por la empresa Imex, vuela en una inmensa explosión que sacude los edificios a kilómetros a la redonda. La detonación destruye por completo el lugar, arrasa 58 toneladas de munición y mata en el acto a dos empleados de Imex; sus cuerpos solo pudieron recuperarse un mes después. Hace unos días, casi siete años más tarde, el Gobierno checo ha revelado que Rusia y su polivalente servicio de inteligencia militar (GRU), y más en concreto la conocida como unidad 29155 —señalada por el intento de asesinato del exespía ruso Serguéi Skripal en el Reino Unido en 2018—, y al menos dos de sus operativos, viejos conocidos de la inteligencia occidental, están detrás del incidente, que ha definido como un acto de sabotaje muy grave.
La explosión de Vrbetica, en la que Moscú —que ha tildado de “fantasías” las revelaciones de la policía checa— niega cualquier implicación, ha desencadenado una nueva crisis con Rusia cuando sus relaciones con Occidente pasan por su peor momento desde la Guerra Fría. República Checa (miembro de la UE y de la OTAN), y por solidaridad, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Estonia, han ordenado la expulsión de diplomáticos rusos, un importante número de ellos señalados como agentes de inteligencia encubiertos. Una medida a la que el Kremlin ha reaccionado, como en un partido de ping-pong, devolviendo la pelota con sus propias expulsiones.
La oleada, que amenaza el estatus de 88 ciudadanos rusos en esos países, no alcanza la respuesta al caso Skripal, que se saldó con la expulsión de 153 oficiales rusos. Sin embargo, llega en un momento en el que la cuerda ya se ha tensado con otras sanciones derivadas del caso del opositor Alexéi Navalni o las injerencias electorales rusas. También tras oscuros incidentes destapados en países como Bulgaria, Países Bajos, Dinamarca o Italia en los que se ha implicado también a la inteligencia de Rusia. Lo que se inició hace una semana con la expulsión de 18 oficiales rusos de República Checa, a la que Moscú respondió dando menos de 48 horas a 20 funcionarios checos para abandonar el país, puede convertirse ahora, cuando Praga se está moviendo para ampliar la lista en otros 60 (entre diplomático y personal variado), en la expulsión más numerosa de diplomáticos rusos de un solo país desde la Guerra Fría -en 1986 Ronald Reagan mandó a casa a 80 emisarios soviéticos-.
El caso del depósito de municiones número 16, que recuerda a esos años de telón de acero, ha vuelto a revelar el alcance de los tentáculos de las agencias de inteligencia de Moscú y sus técnicas de la Guerra Fría —ahora enriquecidas con cada vez más sofisticadas labores de ciberespionaje—, apunta Vessela Tcherneva, directora adjunta del European Council on Foreign Relations (ECFR) en Bulgaria, un país que en febrero expulsó a dos diplomáticos rusos bajo sospecha de espionaje, después de exponer una supuesta red de agentes leales a Moscú.
También ha puesto el foco en los llamados espías residentes legales, oficiales de inteligencia que están en el país bajo cobertura oficial, como diplomáticos, por ejemplo, explica Jan Paďourek, ex subdirector del Servicio Checo de Inteligencia Exterior. “Un antiguo método soviético que se usaba a menudo durante la Guerra Fría y que los servicios de inteligencia rusos no solo no han abolido, sino que emplean en República Checa y cualquier parte del mundo”, remarca Paďourek (ahora en el Prague Center for Transatlantic Relations), que sostiene que el “último acto hostil” de los servicios secretos rusos sugiere una actividad europea más amplia y también que las agencias se están volviendo cada vez más “criminales y terroristas”.
La operación en Vrbetica apunta a ser una pieza más del puzzle que refleja las operaciones del GRU, una agencia conocida por actuar con mentalidad de guerra, y de la subunidad de élite 29155, compuesta por una veintena de personas y destinada a operaciones especiales en el extranjero —con personal cambiante y miembros de capacidades diversas, desde manejo de armas químicas hasta las infiltraciones cibernéticas—. Un grupo acusado no solo del envenenamiento con Novichok de Serguéi Skripal y de su hija; también se le implica en un golpe de Estado fallido en Montenegro en 2016, en ataques cibernéticos a funcionarios de la agencia antidopaje en Suiza, en dos intentos de asesinato en Bulgaria y está siendo investigado por la Audiencia Nacional de España por su presencia en Cataluña durante el procés.
La policía checa, que ha reactivado el caso con pistas logradas gracias al caso Skripal, busca ahora a Aleksandr Mishkin y Anatoly Chepiga, dos operativos del GRU, miembros de la unidad 29155 y rostros conocidos por la inteligencia occidental por su participación en el ataque al exespía ruso en suelo británico en 2018, que destapó sus identidades reales. La reconstrucción del caso hecha por el medio de investigación The Insider con fuentes abiertas y de inteligencia indica que los espías del GRU, que entraron en República Checa con pasaportes de Moldavia y Tayikistán, no actuaron solos, pero que fueron ellos quienes, haciéndose pasar por compradores potenciales, contactaron a la empresa de almacenamiento Imex de Vrbetica, en la que almacenaba parte de su material el comerciante de armas búlgaro Emilian Gebrev. Pero al empresario, a quien le llegó la oferta por terceros, no le interesó ni la propuesta de reunión ni el trato. A los dos días de esa interacción, el depósito de municiones número 16 voló por los aires.
En aquel almacén, asegura Viktor Jahun, ex vicepresidente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en esa época, podía estar almacenado parte del material de defensa que Kiev aspiraba a comprar. Acababa de estallar la guerra del Donbás con los separatistas prorrusos apoyados política y militarmente por el Kremlin y Ucrania, para evitar la escasez de municiones en pleno conflicto se había lanzado a encontrar posibles vendedores, explica Jahun. “Dado el uso de sistemas de artillería de fabricación soviética, la búsqueda se concentró en el mercado secundario de los países del Este y los antiguos socios del Pacto de Varsovia”, comenta por escrito el antiguo alto cargo del SBU. Bulgaria fue uno de ellos, confirma Jahun. Y concretamente Emco, la empresa de Emilian Gebrev, como ha terminado por admitir estos días el comerciante búlgaro a The New York Times. El empresario almacenaba en ese depósito checo material para enviar a Ucrania. “La explosión y otras actuaciones similares de la inteligencia militar rusa tenían como objetivo evitar la entrega oportuna a las Fuerzas Armadas ucranias”, cree Jahun.
Un año después de la explosión de Vrbetica, la unidad 29155 intentó envenenar a Gebrev en un restaurante de lujo en Sofía, según la fiscalía búlgara. Meses más tarde volvería a intentarlo de nuevo sin éxito.
Praga, base de operaciones
Rusia considera Europa del Este como un área de especial interés. Y los servicios de contrainteligencia checa han remarcado durante años en sus informes que la misión diplomática rusa en Praga y otras ciudades es un gran nicho del espionaje de Moscú. Calculan que en torno al 50% del personal es miembro de alguna de sus agencias. Los servicios de inteligencia rusos son “muy activos” en República Checa, señala Jan Paďourek, antiguo número dos del Servicio Checo de Inteligencia Exterior, donde se han centrado sobre todo en “actividades cibernéticas, difusión de noticias falsas y otras formas de guerra híbrida”. Pero no solo operan en ese país, remarca el experto. “Sus [espías] residentes en Praga probablemente cubrieron también otros países europeos. Esta es también la razón de la presencia relativamente alta de oficiales de inteligencia rusos en República Checa”, añade Paďourek. En las misiones diplomáticas rusas en ese país del Este (de 10 millones de habitantes) hay en torno a un centenar de oficiales, entre diplomáticos y empleados; el doble de los que tiene Estados Unidos, según datos checos.
Sabotajes, intentos de asesinato. La analista búlgara Vessela Tcherneva, apunta que las últimas revelaciones muestran la escala de actividades de la inteligencia rusa en Europa. Pero también que la ineficaz o escasa respuesta en su momento de las autoridades, por ejemplo de Bulgaria en el caso de los envenenamientos del comerciante de armas Emilian Gebrev, les ha hecho actuar con más osadía y sensación de impunidad. Y más teniendo en cuenta las habitualmente buenas relaciones entre Moscú y Sofía. “Parece que no tienen necesidad de ocultarse tanto. Y esto debe cambiar, también la seguridad de las instalaciones especiales”, señala la experta, que destaca la reacción y la oleada de expulsiones de República Checa y varios de sus aliados de la OTAN.
El caso amenaza con seguir escalando, ahora que se concretan las nuevas expulsiones de diplomáticos rusos. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha reiterado que las medidas no quedarán sin respuesta. “Lo saben bien y deben ser conscientes de que seremos consecuentes”, ha remarcado la portavoz de Exteriores, María Zajárova, “cuantas más acciones y pasos destructivos tomen, más recibirán a cambio”.
About Author
