La banda de extrema derecha alemana Gruppe S se sienta en el banquillo acusada de terrorismo
Once miembros de la organización terrorista de ultraderecha Gruppe S y un supuesto simpatizante comparecen este martes ante la justicia alemana acusados de planificar ataques a gran escala y atentados contra políticos, solicitantes de asilo y musulmanes en un intento socavar el orden estatal y social de la Alemania. El juicio se celebrará en el ala de alta seguridad de la prisión de Stammheim en Stuttgart, la capital de Baden-Württemberg, y los acusados proceden de cinco Estados federales diferentes.
La Fiscalía ha acusado a 11 personas, con edades comprendidas entre los 32 y los 61 años, detenidas en febrero del año pasado, de crear una organización terrorista cuyo objetivo era “desencadenar una guerra civil”, según la acusación. Un duodécimo hombre, expolicía, está acusado de ofrecer apoyo material al grupo.
Los militantes del Gruppe S, según la Fiscalía, tenían la intención de “sacudir y, en última instancia, derribar el Estado y el orden social” en Alemania. Werner S., el presunto cabecilla de la banda, organizó una reunión inicial con otros siete miembros fundadores en una zona de barbacoa en el Estado de Waden-Württemberg en septiembre de 2019. En los meses siguientes se unieron otros miembros y se mantuvieron en contacto por teléfono y chats de internet.
La Fiscalía señaló asimismo que Werner S., un traficante de chatarra apodado Teutónico, detenido en Augsbourg (Baviera) y que se enfrenta a otro proceso por ofrecer hasta 50.000 euros a un miembro de la mafia para que matase a un testigo, habría incitado a sus hombres a movilizar a ultraderechistas de su confianza de toda Alemania para cometer “crímenes colectivos de tipo fanático”. Con los atentados querían intimidar a la población y a los políticos. Se mencionan los nombres de las dos figuras del Partido Verde, Robert Habeck, actual copresidente del partido, y Anton Hofreiter, jefe del grupo parlamentario.
Las acusaciones de la Fiscalía están basadas en la vigilancia telefónica, los mensajes de chat, las observaciones, los registros y en las declaraciones de un testigo clave cuyo nombre se desconoce y que fue el que alertó sobre la reunión celebrada el 28 de septiembre de 2019 en Hummelgautsche, en la que el grupo anuncio por correo electrónico que en cualquier momento podrían acorralar hasta a 2.500 personas. El propio testigo escribió en un chat: “¡Tampoco puedo matar a todos los negros que veo! Me encantaría, pero eso está por venir”.
Según los archivos de la investigación vistos por la cadena pública alemana ZDF y el periódico Stuttgarter Nachrichten, Werner S., planeaba adquirir un fusil de asalto Kaláshnikov con 2.000 cartuchos, un subfusil Uzi y granadas de mano. El grupo ya disponía de 27 armas sin licencia, en su mayoría pistolas, descubiertas durante los registros en las casas de los sospechosos cuyos objetivos eran los musulmanes y también fantaseaban con un atentado contra el Reichstag (Parlamento). “Si los acusados hubieran podido llevar a cabo los actos de terror que habían planeado, habríamos tenido una máquina de matar totalmente brutal y masiva funcionando aquí”, dijo Ralf Michelfelder, jefe de investigación criminal de Baden-Württemberg.
Según la prensa alemana, las autoridades fueron alertadas de las actividades del grupo en otoño de 2019 por un informante, que ahora es el principal testigo. En febrero de 2020 la policía detuvo a 13 hombres de cinco Estados alemanes. Uno de ellos murió más tarde en prisión preventiva. La mayoría de los miembros del grupo también pertenecían a otras bandas de extrema derecha, incluida la Brüderschaft Deutschland (Hermandad Alemana). En cambio, Thorsten W., acusado de apoyar a la organización, trabajaba para la policía del Estado de Renania del Norte-Westfalia y supuestamente ofreció 5.000 euros para comprar armas para los ataques.
El auge de la extrema derecha está considerado como la principal amenaza para la seguridad del Estado en Alemania. Según la agencia AFP, los crímenes y delitos relacionados con la extrema derecha alcanzaron en 2020 cifras récord desde 2001, con más de 23.000 actos relacionados con móviles racistas, antisemitas o contra la democracia.
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