Francia da la batalla por definir una palabra: laicidad
Un pequeño organismo público con cuatro asalariados, uno más en la maraña burocrática de la gigantesca Administración francesa, está en el centro de una batalla colosal por definir una palabra: laicidad. El Observatorio de la Laicidad, ideado por el presidente conservador Jacques Chirac en 2007 y creado bajo la presidencia del socialista François Hollande en 2012, puede estar en sus últimos días.
El Gobierno de Emmanuel Macron no ha renovado el mandato de su presidente, el veterano político Jean-Louis Bianco. Y ha anunciado que quiere suprimir esa oficina, que con su lectura liberal de la laicidad llevaba años irritando a los defensores de una visión más restrictiva de los principios sobre el lugar de la religión en Francia.
La pugna por el futuro de este organismo es un termómetro de la evolución del presidente Emmanuel Macron. “La laicidad es una libertad antes que una prohibición”, escribía el presidente en Revolución, el libro que publicó al lanzarse a la campaña al Elíseo en 2017. “Está hecha para permitir a cada uno integrarse en la vida común, y no para librar una batalla contra tal o cual religión, y menos para excluir o señalar”.
Ahora algunos de sus ministros más combativos por la laicidad se ven acusados, precisamente, de señalar a los musulmanes, como fue el caso hace unos meses del titular de Interior, Gérald Darmanin, al mostrar su desagrado por las secciones de comida halal en los supermercados. La llamada ley contra el separatismo islamista ha recogido el aplauso de figuras señeras de la laicidad estricta, como el ex primer ministro Manuel Valls.
“Ha evolucionado”, dijo el ex primer ministro hace unos días a EL PAÍS. “Cuando se es presidente, la realidad de lo que funda este país se acaba imponiendo”. La desaparición del Observatorio de la Laicidad, cuya misión era asesorar al Gobierno para velar por el respeto de este principio en los servicios públicos, está pendiente de la decisión final del primer ministro, Jean Castex. Si se confirma, será una victoria para la interpretación de la laicidad de Valls.
“Nos parece oportuno que esta estructura evolucione”, dijo la semana pasada la ministra de Ciudadanía, Marlène Schiappa. “En efecto, las cuestiones de laicidad no ocupan el mismo lugar en la sociedad que hace ocho años”. Schiappa anunció la decisión ante el Senado, donde la oposición conservadora, mayoritaria en esta Cámara, ha adoptado varias enmiendas que endurecen la ley contra el separatismo. Una de estas enmiendas prohibiría a las musulmanas menores de 18 años llevar velo en la calle.
Las presiones para clausurar la entidad empezaron tras la decapitación a manos de un islamista de Samuel Paty, un profesor de instituto que, en una clase sobre la libertad de expresión, mostró las caricaturas de Mahoma publicadas en el semanario satírico Charlie Hebdo. Entonces, colaboradores de la ministra Schiappa acusaron en la prensa francesa a Nicolas Cadène, ponente del Observatorio y número dos de Bianco, de estar “más preocupado por la lucha contra la estigmatización de los musulmanes que por la defensa de la laicidad”.
“La polémica contra el Observatorio después del asesinato horrible de Samuel Paty era moralmente insoportable”, reacciona Cadène en una conversación telefónica. “Daba a entender una corresponsabilidad de los miembros del Observatorio cuando este lleva años alertando sobre la necesidad de reforzar el apoyo y la formación de los docentes sobre la laicidad y sobre la enseñanza laica del hecho religioso en la escuela”.
La laicidad suele resumirse aludiendo a los primeros artículos de la ley de 1905 sobre la separación de las Iglesias y el Estado. Dice el artículo 1: “La República asegura la libertad de conciencia. Garantiza el libre ejercicio de los cultos con las únicas restricciones mencionadas más adelante en interés del orden público”. El artículo 2 completa: “La República no reconoce, no remunera ni subvenciona ningún culto”.
Hoy se enfrentan dos visiones, cada una convencida de ser la verdadera. La primera pone el acento en el respeto y protección de las religiones y las minorías, y se opone a prohibir a las mujeres musulmanas llevar velo en el espacio público, aunque defienda su prohibición en la escuela. La segunda visión ve en la laicidad una herramienta ante los asaltos a la República de los integristas, católicos hace un siglo, y musulmanes ahora, y aspira a una vigilancia más rigurosa del uso de signos religiosos.
“Con este Observatorio, durante ocho años la República se ha disparado en el pie”, denuncia en el semanario Le Point la ensayista Caroline Fourest, defensora de la lectura estricta de la laicidad. “El problema no es la interpretación que hace de la ley de 1905, sino la complacencia inverosímil con los movimientos que la ponen en peligro”. Fourest acusa por ejemplo a Bianco y Cadène de haber firmado una tribuna, después de los atentados de París en noviembre de 2015, junto a un dirigente del Colectivo contra la Islamofobia en Francia, ya disuelto por su proximidad con el islamismo.
“Hay responsables políticos que, de hecho, defienden una concepción que no es la del derecho ni la de la ley de 1905, sino mucho más restrictiva y represiva”, sostiene Cadène, convencido de que esta lectura de la laicidad puede desembocar en prohibiciones que alimenten el discurso victimista de los radicales. “Uno puede preguntarse si acaso la carga contra el Observatorio proviene de una voluntad de cambiar los equilibrios de la laicidad. Si esto así, hay motivos para inquietarse”.
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