El estallido de violencia en Irlanda del Norte sorprende al Gobierno de Johnson
La Asamblea Autónoma de Irlanda del Norte ha comenzado a debatir este jueves con urgencia el modo de aplacar la violencia en las calles, que se ha extendido ya durante más de una semana y ha dejado más de medio centenar de policías heridos y numerosos daños materiales. Por primera vez desde que comenzaron los disturbios, el Gobierno británico ha comenzado a prestar atención. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha mostrado “profundamente preocupado” y ha pedido a las distintas facciones norirlandesas que busquen una solución. “El modo de resolver las diferencias es a través del diálogo, no mediante la delincuencia o las acciones criminales”, ha dicho. El ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, se ha desplazado con urgencia a Belfast para participar en la búsqueda de una solución.
Esta vez el origen de la tensión ha estado en la comunidad unionista, la población protestante partidaria de que Irlanda del Norte permanezca dentro del Reino Unido. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 devolvió la paz a la isla, pero la violencia sectaria nunca ha desaparecido del todo. Tiende a resurgir ante cualquier mínima chispa. En esta ocasión, sin embargo, han sido varias chispas a la vez, y los políticos norirlandeses han comenzado a temer que resulte más difícil de controlar.
El Protocolo de Irlanda del Norte, el documento anexo al Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la UE, dejó este territorio británico dentro del espacio aduanero del Mercado Interior comunitario. Era el modo de evitar la imposición de una nueva frontera que partiera Irlanda y resucitara las rencillas. La República de Irlanda es hoy el único territorio de la UE con el que el Reino Unido comparte una delimitación física, pero cualquier habitante de la isla se mueve sin problemas a través de una frontera que permanece invisible. Los políticos unionistas, que se sienten traicionados por la decisión de Londres, han agitado con su discurso un sentimiento de frustración y abandono entre la comunidad protestante. Pero esta realidad política no sirve por sí misma para explicar la nueva erupción de violencia. Hay que sumarle un largo confinamiento por la pandemia que ha crispado a la población. Y un episodio concreto que ha resucitado los resentimientos.
El 30 de junio de 2020, 24 miembros de la dirección del partido republicano Sinn Féin, incluida su presidenta Mary Lou McDonald, asistieron, junto a miles de personas, al funeral del histórico miembro del IRA, Bobby Storey. Incumplieron de modo evidente las normas de distanciamiento social entonces en vigor. La fiscalía norirlandesa, sin embargo, optó finalmente por no procesar a ninguno de los presentes. Se limitó a interrogar “voluntariamente” a algunos de los dirigentes, en una investigación que tuvo algo de farsa y algo de prudencia y sentido común, para evitar males mayores.
Juego a dos bandas
Aunque ninguna autoridad ha presentado hasta la fecha pruebas concluyentes, la convicción generalizada entre la sociedad norirlandesa y entre sus políticos apunta a grupos paramilitares unionistas, como el de South East Antrim UDA –que siguen latentes a pesar del acuerdo de paz-, como los responsables de haber agitado las aguas. Los centenares de manifestantes que han salido cada noche a las calles de Belfast o de Derry son jóvenes y niños (algunos de apenas 12 años), pero nadie acepta que haya sido su propio espíritu rebelde, de modo espontáneo, el que les haya llevado a incendiar coches, contenedores o cabinas telefónicas, o a lanzar piedras y cócteles molotov a autobuses, vehículos privados o coches policiales. “La destrucción, la violencia o la amenaza de violencia son completamente inaceptables e injustificables, sean cuales sean las preocupaciones que existan en las diferentes comunidades”, ha expresado este jueves en un comunicado el Gobierno Autónomo de Irlanda del Norte, en el que comparten poder republicano y unionistas. “Aquellos que pretenden usar y abusar a nuestros niños y jóvenes para que cometan estos atentados no tienen cabida en nuestra sociedad”.
Sin embargo, la actual ministra principal Arlene Foster, del partido unionistas DUP, ha pretendido durante toda la crisis jugar a dos bandas. Mientras condena sin paliativos la violencia, se suma a las voces de los que piden la dimisión del comisario jefe de la Policía de Irlanda del Norte (PSNI, en sus siglas en inglés), Simon Byrne. También ella cree que ha perdido, con su modo de gestionar el funeral del exmiembro de la organización terrorista republicana, la confianza de la comunidad unionista. Las paredes y vallas de los barrios protestantes de Belfast Oeste, Newtonabbey, Carrickfergus o Derry están cubiertas con pintadas contra las fuerzas de seguridad. “PSNI out” (Fuera la PSNI) o “PSNI pigs” (PSNI cerdos), que se mezclan con los eslóganes en contra de la nueva frontera que el Brexit ha impuesto en el mar de Irlanda, la franja de agua que separa las dos islas.
El Gobierno de la República de Irlanda, mucho más consciente que el británico del polvorín que existe en el territorio autónomo, ha reclamado a los políticos norirlandeses que trabajen en una respuesta a la actual tensión “antes de que alguien muera”. El ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney, ha señalado una clara responsabilidad en todo lo ocurrido: “Declaraciones del Gobierno irlandés no van a servir para calmar la tensión dentro de las comunidades unionistas. La respuesta debe surgir de ellos mismos”.
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