Pepca y acusados Odebrecht batallan por admisión o rechazo de delaciones
El juicio por los sobornos de Odebrecht ha llegado a un momento decisivo para el éxito o el fracaso de este caso de corrupción, luego que ayer los abogados de los seis acusados y los representantes del Ministerio Público comenzaran las discusiones para que sean admitidas o rechazadas en el tribunal las delaciones premiadas, enviadas desde Brasil.
En la audiencia, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron la incorporación por lectura de la delaciones del empleado 01, que identifica a Marcelo Odebrecht, pero los abogados de los implicados objetaron para que las mismas no seas admitidas para discusión en el juicio.
Las juezas de Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenaron que todas las objeciones se realicen juntas (por bloque). El primero de los turnos lo tomaron los abogados del imputado Andrés Bautista.
Esta defensa concluyó su objeción, solicitando al tribunal que compruebe y declare “que las delaciones premiadas no constituyen prueba admisible en la jurisdicción de la República Dominicana por no existir normativa alguna que la regule y, sobre todo, porque su uso contraviene a la Constitución, las leyes y disposiciones del estricto orden público”.
Defensa de Rondón
En las afueras del tribunal, el abogado José Miguel Minier, defensa del acusado Ángel Rondón, resumió algunos aspectos sobres los que desarrollaron su objeción.
“La objeción que hay de todas las delaciones, el tribunal acordó con todas las partes hacerlas en bloque porque tienen el mismo problema todas, que es que no están firmadas por los delatores. Por ejemplo, la de Marcelo Odebrecht… no está firmada. Está en fotocopia, no está traducida al español, no está apostillada. No tienen absolutamente nada. Es un papel tachado, en blanco que vino aquí, y lo quieren incorporar”, expresó Minier.
Consideró que, “aunque el Código Procesal Penal establece la cooperación internacional, aquí no hay un acuerdo interinstitucional con el fiscal federal de Brasil para esa cooperación que, primero debe firmarse, pero, aunque estuviera firmada, debe entrar aquí con todas las reglas: vía cancillería, apostillado. Eso no tiene absolutamente nada”.
¿Qué establecen las delaciones?
Las pruebas que, a partir de ahora, la Pepca trata de introducir al juicio son las declaraciones de los empleados y ejecutivos de la constructora Norberto Odebrecht S. A. que fueron remitidas al Ministerio Público dominicano mediante acuerdo de cooperación.
En estas delaciones, están la del empleado 01, que identifica a Marcelo Odebrecht; la del empleado 27, Ernesto Saaviera Baiardi; la del empleado 36: Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho; la del empleado 48: Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el empleado 50, Luiz Antonio Mameri; y la del empleado 54, Marco Antonio Vasconcelo Cruz.
La acusación establece que, a través de estas delaciones, el Ministerio Público pretende probar la participación específica de cada uno de los imputados en el esquema de pagos de sobornos de Odebrecht en la República Dominicana.
Entre los acusados de haber recibido US$92 millones en sobornos de Odebrecht están Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.
Cuando cada parte defienda su punto sobre las delaciones, la decisión será de las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes integran el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Delaciones entrarán al debate
Los representantes del Ministerio Público aseguran que, igual que como ha ocurrido con la mayoría de las pruebas documentales, las delaciones premiadas, enviadas desde Brasil por el acuerdo de colaboración, serán incorporadas al debate. Adelantaron que estas delaciones cumplen con los requisitos de la ley, pero, además, fueron notificadas a las partes y depositadas en la secretaría del tribunal. Ponderan que no existe ningún supuesto de ilegalidad de la prueba, como han alegado las defensas de algunos de los imputados. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), lidera fiscales que litigan el caso.