Campamento de las tres causales arriba a 25 días frente al Palacio Nacional

Han transcurrido 25 días desde que frente del Palacio Nacional se instaló un campamento de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres en protesta por la exclusión de las tres causales excepcionales que permitirían la interrupción del embarazo dentro del Código Penal.

La decisión tomada y dada a conocer a través de un informe por los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, que se encarga de trabajar en el proyecto del nuevo Código Penal Dominicano, de excluir las causales fue el detonante que llevó a más de una docena de mujeres a apostarse frente al Palacio Presidencial el pasado 11 de marzo en horas de la tarde en busca de que el presidente de la República, Luis Abinader, sirva de mediador ante los legisladores para que las mismas no queden fuera.

Las manifestantes de las tres causales han reiterado en diversas ocasiones a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la necesidad de ser coherentes con la postura que “históricamente han defendido desde el 2016 de manera oficial”, que es la protección de los derechos de más de la mitad población de las niñas y las mujeres.

Con el pasar de los días la acampada realizada por la docena de mujeres ha ido creciendo hasta el punto de que 25 días después el lugar donde se encuentran está rodeado de cercos perimetrales y dentro de ese perímetro se encuentran sillas, casas de campaña, una cocina y una carpa donde reciben a la prensa.

Las mujeres que participan en la acampada aun permanecen a la espera de que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el presidente Luis Abinader hagan una intervención para que no se violenten los derechos de las mujeres a elegir cuando se trate de los casos excepcionales.

Juana Ferrer, una de las activistas que se encuentra apostada en el campamento, señaló que José Ignacio Paliza había realizado un compromiso desde el día uno del campamento de que hablaría con el presidente Abinader y posteriormente se comunicaría con las mujeres apostadas en frente de la Presidencia, acción que aún no ha pasado.

Durante las más de cuatro semanas del campamento, se han realizado diversas actividades que han contado con el respaldo de algunos actores del sector político, social y religioso del país, según detalló Ferrer. Para esta semana se tiene programada una rueda de prensa en frente del Congreso Nacional.

Sobre la posición de los 17 senadores que firmaron un “manifiesto a favor de la vida” y que manifestaron que el Código Penal será aprobado en el Senado sin las tres causales, Natalia Mármol, otra de las activistas del campamento, señaló que continuarán haciendo el llamado a los legisladores a proteger los valores fundamentales de la mujer.

“República Dominicana es un estado social, democrático y de derecho según nuestra Constitución, si se le vulnera ese derecho a cualquier grupo poblacional significa que este país no es un Estado de derecho”, adujo Mármol.

Señaló que la discusión del momento es sobre si se aprueba o no un Código Penal que obligue a morir y a vulnerar la salud de las niñas y de las mujeres.

Reiteró su llamado a los legisladores que han expresado que les darían la espalda a las mujeres, no apoyando la introducción de las tres causales dentro del código penal, a que lo piensen porque esa es una ventana que siempre estará abierta.

“Muchos legisladores, en base a la desinformación, han tenido una postura y cuando se informan mejor logran cambiar de posición y yo creo que eso es lo que va a pasar porque la sociedad es cada día más clara de querer preservar la vida de las mujeres, aunque hay ciertas personas que se oponen. Las encuestas demuestran que hay cierto consenso en la mayor parte de la población “, destacó Mármol.

El Código Penal de República Dominicana está vigente desde el 1844 y en el mismo se establece penas de uno a dos años de prisión menor para las mujeres que se practiquen y a quienes ayuden a practicar un aborto.

Mientras que, para los profesionales del área de la salud, como médicos o enfermeras, el castigo es de cuatro a 10 años aproximadamente.