Cifras de feminicidios rompen las expectativas del discurso oficial

«Estos feminicidios y esta violencia que existe tienen que disminuir y nosotros vamos a trabajar como prioridad del Gobierno dominicano». Así proclamaba el presidente de la República, Luis Abinader, el pasado 5 de enero, mientras anunciaba la creación de un cuerpo especializado en violencia intrafamiliar y de género dentro de la Policía Nacional.

Pero los feminicidas le han jugado en contra. Justo el trimestre de enero-marzo muestra un incremento en el reporte de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas.

En un artículo publicado por la periodista Margarita Cordero en la edición de este lunes 5 de abril de Diario Libre, se leen los nombres de 23 mujeres víctimas de homicidio de parte de sus parejas o exparejas.

La cifra sobrepasa casi con el doble los 12 casos que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, ocurrieron en los primeros tres meses de 2020, año que marcó una leve disminución de esos hechos al relacionarlos con el 2019.

Datos de la Procuraduría indican que en 2019 hubo 152 homicidios de mujeres, de los cuales 77 fueron catalogados como feminicidios, 17 de ellos en el trimestre enero-marzo.

En 2020 hubo 134 homicidios a mujeres a nivel nacional, 70 de los cuales tuvo la calificación de feminicidio, según el Ministerio Público.

Al analizar la constancia de estos casos, la psicóloga especializada en violencia intrafamiliar y de género, Evelin González, advierte un vacío en el abordaje del tema a nivel del Estado, que no ha logrado una aplicación real de sus políticas.

“Desde el Estado lo que hay es retórica, con un discurso muy bien puesto, a veces, pero a la hora de generar políticas reales que se cumplan, no se corresponde”, comenta González.

Como ejemplo, refiere el hecho de que República Dominicana tiene una legislación de protección a los derechos de la mujer (la 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar) que puede evaluarse como de las mejores en Latinoamérica, pero en la aplicabilidad de esa ley no es funcional.

“Se le ha dejado todo al Ministerio Público y todas las demás instituciones participan solo en los días en los que se conmemora a las víctimas (8 de marzo y 25 de noviembre). Retórica hay, pero la aplicabilidad del proceso no”.

El Ministerio de la Mujer es el órgano del Gobierno desde el que se planifica la política contra la violencia intrafamiliar y de género. Dicho Ministerio, con un presupuesto anual de 1,090 millones de pesos, cuenta con un Plan Estratégico 2015-2020, y un Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2020–2030.

En ambos se aborda el tema de la violencia con ejes de protección desde el enfoque de prevención.

El Plan Nacional plantea como uno de los retos prioritarios relacionados con la respuesta a la violencia contra las mujeres, el “impulsar un marco normativo relativo a la ley que crea el sistema de atención integral a la violencia contra las mujeres capaz de promover cambios en los patrones culturales sobre los imaginarios sociales en referencia al reconocimiento del fenómeno de la Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar”.

También se plantea el objetivo de establecer un sistema integrado de protección y apoyo a la violencia contra la mujer “sea o no denunciada, que ofrezca medios de protección, información de calidad y soporte digno y coherente con la situación de la mujer, otorgándole asistencia y apoyo”.

Para lograrlo, hace falta seguir educando y desmontando mitos arraigados en la población y en las instituciones que atienden el tema, considera la psicóloga González.

“Hay que seguir desmontando los mitos que hay alrededor de la violencia, los estereotipos, que son las expectativas rígidas que hay acerca de ser mujer y ser hombre, del dominio que se le da al hombre en el contexto macro y micro que es la familia”.

Señala que el hombre, cuando se le cuestiona ese poder, se siente enjuiciado y no sabe cómo responder, ni él ni la mujer ni el contexto familiar ni social, a la sensación de vulnerabilidad que experimenta al cuestionársele su pensamiento.

Esa rigidez se expresa en la aplicación de las políticas que se encaminan desde el Estado e influye en el miedo que experimentan las mujeres víctimas de violencia, que confían más en las organizaciones no gubernamentales que en las propias entidades del Estado.

Mientras hablaba el pasado 5 de enero, el presidente Abinader indicaba que se iba a reforzar la atención, y que en algunos casos en que las mujeres están amenazadas se le asignaría un personal específico para protegerla.

También en noviembre pasado, durante un acto en la casa de Gobierno por motivo de conmemorarse el 25 de ese mes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente anunció que les pondrían brazaletes a los agresores, creación de 12 casas de acogida y reparación de otras tres, para las víctimas de violencia.

Las medidas eran parte de su plan estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres que presentó entonces y que, de acuerdo a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, contempla un programa de asistencia a los huérfanos de las víctimas mortales de la violencia de género, además de campañas de información y sensibilización.

Aunque se aborda la inclusión social de la mujer y su empoderamiento, la parte educativa que lleve a desmontar los mitos arraigados la enfocan en acciones de campañas que, a juicio de González, si bien ayudan, muchas veces se quedan en la repetición de discursos y, los mismos actores en ellas, hablan desde la creencia distorsionada del machismo.

Una queja constante entre las organizaciones que tratan el tema de violencia de género es el hecho de que el Gobierno no hace las asignaciones presupuestarias necesarias para una correcta aplicación de las políticas.