Interrogarán a dueños de empresa por presunta estafa inmobiliaria
La Fiscalía del Distrito Nacional, a través de su Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad – Robo citó a los propietarios de una empresa, en el marco de investigaciones vinculadas a denuncias sobre una presunta estafa inmobiliaria.
Los propietarios de Grupo Paceo deberán comparecer el próximo miércoles 15 de enero, de acuerdo a un comunicado, que señala que la comparecencia será dirigida por la magistrada Yesenny Vargas Cabreja, procuradora fiscal adscrita al citado departamento.
El comunicado detalla que fueron citados para ser interrogados Joan González; Adela Mota; Miguelina de la Cruz y David gregorio Negueruela. La magistrada Vargas dará curso a la investigación de las querellas interpuestas por Dimitre Assenov Rizov, Emilia Kirilova Rizov, Meyri Maura Exo de los Santos y Maria José Salazar, de origen chileno.
Se recuerda que Salazar interpuso una querella ante la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en contra de la constructora Grupo Paceo y varios de sus representantes, alegando ser víctima de una estafa que se extendió desde 2020 hasta 2023.
La querella señala a Joan Fernando González, Adela Mota Matos, David Gregorio Negueruela Samaniego, Mónica Monzón y al Grupo Paceo S.R.L. como responsables de haber recibido un total de US$90,913.00 por concepto de adquisición de una villa en la tercera etapa del proyecto West Side Punta Cana. Según el documento, la víctima no recibió la propiedad ni el reembolso de su dinero.
En diciembre de 2021, los desarrolladores alegaron que el proyecto había sido afectado por la pandemia, lo que los obligó a asociarse con inversionistas españoles.
El Grupo Paceo explicó a Diario Libre las circunstancias que han rodeado el desarrollo del residencial, destacando los retos enfrentados debido a la pandemia del COVID-19 y el aumento global de costos de materiales.
Según Andrés González, encargado de venta de West Side, el proyecto, que contempla la construcción de 333 casas, inició poco antes de la llegada del COVID-19 a República Dominicana. La pandemia provocó una paralización temporal y, tras su reanudación, el incremento de los costos de materiales debido a la crisis pospandemia y la guerra obligó a ajustar los precios de las viviendas.
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