La UE condena a Maduro por “carecer de legitimidad democrática” y redobla sus sanciones
Nicolás Maduro “carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente” porque “millones de venezolanos votaron por un cambio democrático apoyando a Edmundo González por una mayoría significativa”. La Unión Europea ha querido dejar clara su postura sobre lo sucedido en las elecciones de Venezuela celebradas el pasado verano este mismo viernes 10 de enero, en que Maduro toma posesión como presidente sin ofrecer pruebas de haber ganado en las urnas al negarse a mostrar las actas de los votos. También ha cargado con dureza contra la represión desatada por el régimen y sanciona a 15 cargos venezolanos por “socavar la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, según el comunicado emitido por la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas.
Estas sanciones, ya anunciadas el pasado diciembre, entran en vigor este viernes y se suman al castigo que ya pesa sobre otras 55 personas. En total, son 70 los sancionados. Entre ellos, Caryslia Rodríguez, presidenta del Consejo Electoral Nacional, y varios miembros del Tribunal Supremo del país caribeño o del servicio de inteligencia (Sebin).
“Desde el día de las elecciones, las autoridades venezolanas han endurecido la represión y el hostigamiento contra la oposición y la sociedad civil y sus familias, encarcelando a las voces disidentes y obligando a sus propios ciudadanos a vivir con miedo o a exiliarse. Más de 2.500 ciudadanos, incluidos menores de edad, fueron detenidos”, destaca el texto conjunto de los Veintisiete, en el que España ha tenido un papel importante para su impulso, apuntan fuentes europeas. El párrafo acaba exigiendo al régimen de Maduro que libere “sin condiciones a todos los presos políticos”.
A pesar de que la UE, a través de sus pronunciamientos públicos e, incluso, con reconocimientos como el premio Sájarov para la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, ha respaldado a la oposición venezolana, no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Tampoco la inmensa mayoría de Estados miembros lo ha hecho, solo Italia y de una forma tibia. Todavía planea lo sucedido con el opositor Juan Guaidó en 2019, cuando muchos países europeos ―también España― lo reconocieron como “presidente encargado”, pero la iniciativa no trajo el cambio de régimen.
Pero tampoco hay un reconocimiento de la autoproclamada victoria de Maduro por parte de la UE. Ni las instituciones europeas ni sus Estados miembros han mandado representantes a la ceremonia de investidura, a la que ni siquiera acuden los embajadores de los Veintisiete en el país caribeño.
Tampoco Estados Unidos, Brasil, Chile y otros países del continente reconocen a Maduro como vencedor en las elecciones. El régimen venezolano se ha negado a mostrar las actas electorales del 28 de julio; la oposición, por su parte, declaró vencedor a su candidato, Edmundo González, con las que había logrado recoger. Esas actas han sido verificadas por el Centro Carter, uno de los pocos órganos internacionales que logró el permiso de Caracas para observar el proceso electoral. Naciones Unidas, por su parte, señaló que los comicios “cumplieron con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”.
Siguiendo el camino marcado por las conclusiones del último Consejo Europeo, el texto divulgado por Kallas este viernes apunta que “la Unión Europea apoya a todos los que defienden los valores democráticos en Venezuela, incluidos los defensores de los derechos humanos”. Abunda el comunicado, además, en indicar que “la UE seguirá trabajando con todos los venezolanos y con los socios regionales e internacionales para fomentar el diálogo y una salida democrática de la crisis liderada por los venezolanos que restablezca la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social para los millones de venezolanos que se enfrentan a necesidades críticas”.
Sobre las sanciones, el comunicado señala que “no se ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar a la población o la economía venezolanas”. “La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, apunta, para añadir que “la reversión de las sanciones de la UE dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.
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