Denuncian Gobierno no cumplió la Ley de Autismo en el 2024
El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, Fernando Quiroz, denunció este lunes que el Gobierno no cumplió en el 2024 con la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada el 5 de junio de 2023.
A través de una nota de prensa, el activista se quejó de que pese a que esta normativa marcó un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de esta población vulnerable, desde su aprobación, el Gobierno ha incumplido los plazos y compromisos establecidos, «generando frustración y desamparo entre las familias afectadas».
Puso como ejemplo que el reglamento de aplicación debía emitirse dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley, es decir, antes del 4 de octubre de 2023. No obstante, este paso crucial se retrasó hasta el 24 de julio de 2024, cuando el presidente Luis Abinader finalmente lo aprobó mediante el decreto 403-24.
Este retraso, afirmó Quiroz, dejó en el limbo la implementación de medidas clave para garantizar la atención integral, inclusión y protección de las personas con TEA.
«A pesar de la emisión del reglamento, el gobierno no ha dado pasos concretos para cumplir con la ley. Falta de recursos, ausencia de programas especializados y una nula coordinación interinstitucional son algunas de las deficiencias señaladas», insistió Quiroz, quien motivó la ley propuesta por los entonces senadores Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez.
Subrayó que el retraso en la implementación de la ley y la indiferencia de las autoridades están dejando a miles de personas sin acceso a los servicios que la normativa promete.
Un llamado a la vicepresidenta
Quiroz hizo un llamado al Gobierno para que este 2025 marque un cambio real en la postura oficial. Apeló a la vicepresidenta Raquel Peña para que asuma un rol protagónico en liderar las acciones necesarias que den cumplimiento efectivo a la ley.
«La implementación de esta ley no puede seguir postergándose. No es solo un tema legal, es un tema humano», enfatizó.
Y añadió: «El incumplimiento de la Ley 34-23 no solo representa una violación jurídica, sino también un reflejo del desinterés hacia una población históricamente olvidada. Las familias de personas con TEA exigen que las palabras se traduzcan en acciones concretas que hagan realidad los derechos garantizados en el papel. La espera ha sido larga, y el desamparo, evidente».
Principales puntos de la ley
El Conadis y el Ministerio de Salud Pública, a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (Caid), tendrán a su cargo, en representación del Poder Ejecutivo, acciones, como atender lo referente a la investigación, pesquisa, detección temprana, diagnóstico y tratamiento del TEA. Además, coordinar con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) la realización de estudios estadísticos que abarquen a todo el país, con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la presente ley.
El Ministerio de Educación (Minerd) es el responsable de garantizar el pleno y efectivo acceso a la educación a las personas con TEA, que les permita potenciar y desarrollar sus capacidades individuales en atención a sus posibilidades de aprendizaje, desarrollo cognitivo, social y emocional.
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) coordinará, juntamente con el Conadis, la formulación de políticas y apoyos para la inclusión de personas con TEA en la educación superior.
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) realizará junto con la asistencia del Conadis, los ajustes metodológicos y de contenido en los programas de formación que imparte, en los cuales pueden participar personas con TEA.
El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el Conadis, implementará una estrategia de inserción laboral para promover el empleo de personas con TEA. Esta estrategia incluye apoyos para el desarrollo de autoempleo y emprendimientos a cargo de personas con TEA y sus familias, con el acompañamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Se dispondrá la celebración de acuerdos con empresas del sector privado, a los fines de ofrecer puestos de trabajo a personas con autismo cuando llegan a la etapa adulta.
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