Legado de Luis Abinader vs cesantía y tabúes
En el libro El infinito en un junco, la escritora Irene Vallejo atribuye a Demetrio de Falero, encargado de la gran obra de construir una biblioteca universal en Alejandría, el pensamiento de que el proyecto de Alejandro Magno «es un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido. Una arquitectura armoniosa frente al caos». Y enfatiza que tal idea grandiosa «tiene las dimensiones de su ambición. Lleva la impronta de su sed de totalidad».
Casi rozando el final del 2024 estas elucubraciones adquieren mucho sentido, sobre todo si las relacionamos con la situación muy particular de un líder nacional, el presidente Luis Abinader, con mandato presidencial hasta agosto de 2028, limitado por él mismo mediante el impulso de una reforma constitucional para ahorrar al país la inestabilidad e incertidumbre propias de los intentos reeleccionistas del pasado.
El presidente está conminado a elegir entre el legado que dejaría a la posteridad o el servicio que prestaría a su agrupación política para que continúe ejerciendo el poder a partir del 2028 bajo una nueva conducción.
Si se inclina por lo primero agigantaría su dimensión histórica. Si lo hace por lo segundo, la disminuiría.
Y, sin embargo, forjar su legado sin perderse en nimiedades partidarias ni en concursos de popularidad podría ser la llave para consolidar también la influencia de su partido. Y, en argumento contrario, dedicarse a gobernar para preservar el poder en manos de su partido podría ser la forma más rápida de perderlo.
Un líder está sujeto a cometer errores que confirman su naturaleza humana. Su fortaleza estriba en reconocerlos, rectificar y trazar un camino más seguro y confiable que despeje peligros y cimente el desarrollo, no solo el crecimiento económico.
La agenda que el presidente Abinader tiene por delante es amplia y compleja. El reto mayor es, como expresa Irene Vallejo, «formar un conjunto dotado de sentido. Una arquitectura armoniosa frente al caos».
Esto significa que en vez de aprobar proyectos impulsados por una prisa que nadie requiere ni necesita, lo aconsejable es llevarlos con el reposo apropiado para que lleguen maduros y sean aprovechables.
Hay muchas áreas de acción, entre las cuales ahora citamos tres, en que puede afincar un pie con fuerza en la historia para mantenerse erguido y en equilibrio estable o naufragar en el intento.
Una es la reforma de las finanzas públicas que debe contemplar de modo integral la solución del déficit eléctrico, fiscal y cuasi fiscal para dejar un país saneado, en posición de equilibrio en sus cuentas, despejado de incertidumbres frente a acreedores, provisto de recursos suficientes para impulsar la inversión pública y la competitividad de la economía.
Otra es actualizar la ley de seguridad social en su vertiente de salud y de pensiones, para ampliar el abanico de contribuciones y de prestaciones.
La tercera es tomar control del destino de nuestra nacionalidad, preservándola y consolidándola, lo que implica frenar en seco la inmigración irregular, endurecer las sanciones por incumplimiento de las normas, recomponer progresivamente la relación 80/20 del Código Laboral, reordenar el mercado de trabajo para flexibilizarlo e igualar el costo regulatorio del mercado informal con el del formal.
En ese último sentido en el Senado de la República reposa un proyecto de reforma del Código Laboral que contiene muchos aspectos positivos, pero excluye la modificación de la cesantía, pieza fundamental para flexibilizar el mercado, crear un ambiente favorable al incremento del salario, dar mayor protección social al trabajador dominicano condenado a sumergirse en los vericuetos de la informalidad, y disminuir la contratación de inmigrantes ilegales.
Nadie se opone a que los derechos ya adquiridos por los trabajadores sean respetados, pues los cambios en las prestaciones por cesantía solo aplicarían para el porvenir.
De lo que se trata es de corregir una grave distorsión, como lo han hecho innumerables países, que en nuestro caso contribuya a frenar el desplazamiento del trabajador dominicano sustituido por el inmigrante ilegal.
Dadas esas circunstancias es incomprensible la prisa por aprobar la modificación al Código Laboral «dejando para después la modificación de la cesantía«, pues este es un asunto de alto interés nacional.
Dejarla para después equivale a continuar exponiendo al empleador dominicano a funcionar con precaria competitividad, y al trabajador a seguir sufriendo salarios magros, protección social baja y su sustitución por el inmigrante irregular, tal y como ha venido ocurriendo.
Forjar un legado histórico implica romper los tabúes que lo oscurecen. Y este es uno de ellos.
La agenda que el presidente Abinader tiene por delante es amplia y compleja. El reto mayor es, como expresa Irene Vallejo, «formar un conjunto dotado de sentido. Una arquitectura armoniosa frente al caos».
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