EEUU denuncia intervención ilegal de la privacidad en RD en su informe sobre derechos humanos

Estados Unidos presentó el martes su informe anual sobre los derechos humanos en República Dominicana y los demás Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de los puntos que abordó en el documento fue el tema de la interferencia arbitraria o intervenciones ilegal de la privacidad, en la familia, el hogar o la correspondencia.

En ese sentido, el Departamento de Estado indicó que, durante los meses previos a las elecciones nacionales de julio, grupos de derechos humanos, políticos de la oposición y periodistas críticos con el Gobierno denunciaron que la pasada administración de Danilo Medina utilizó escuchas telefónicas no autorizadas, vigiló el correo electrónico privado y utilizó otros métodos subrepticios para interferir en la vida privada de personas y familias.

“El gobierno de Medina lo negó. Los partidos políticos de la oposición alegaron que funcionarios del gobierno de Medina amenazaron en ocasiones a sus subordinados con la pérdida de su empleo u ofrecieron beneficios para obligarles a apoyar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, citó el documento.

Explicó que la ley prohibe la entrada arbitraria en una residencia privada, excepto cuando la Policía está persiguiendo a un sospechoso, un sospechoso es sorprendido en el acto de cometer un delito, o la uniformada sospecha que una vida está en peligro.

Agregó que todas las demás entradas en una residencia privada requieren de una orden de detención o de registro emitida por un juez.

“A pesar de estos límites a la autoridad gubernamental, la Policía llevó a cabo registros e intervenciones ilegales, incluidas muchas redadas sin orden judicial en residencias privadas de barrios pobres”, detalló el documento.

Otro de los temas tratados en el documento, fue la libertad de expresión, incluyendo a la prensa, en el que el Departamento señaló que, en septiembre, la nueva administración (encabezada por Luis Abinader) violó supuestamente la libertad de expresión cuando despidió a una denunciante del Ministerio de Cultura, después de que ésta informara a los medios de comunicación del presunto despido arbitrario de varios funcionarios del ministerio. “El Ministerio de Cultura nunca abordó ni explicó directamente estos despidos”, dijo

En otro caso, varios medios de comunicación informaron de que a la prensa solo se les concedió un acceso limitado a los actos públicos del Gobierno. Los medios de comunicación con reporteros asignados al Palacio Nacional declararon que no se les informaba a tiempo ni se les daba acceso a las reuniones públicas celebradas por el presidente o los miembros de su gabinete, precisó.

Aseguró que cuando los representantes de la prensa pidieron una explicación de estas acciones, se les dijo que los eventos eran privados. “Los medios de comunicación también destacaron la falta de coordinación del equipo de comunicación de Palacio a la hora de facilitar la agenda pública del presidente y de convocar a los medios para cubrir las reuniones. El equipo de comunicación del gobierno de Abinader se reunió con los periodistas para escuchar sus quejas y encontrar una solución”, agregó el informe.

El Colegio Dominicano de Periodistas informó, al inicio del cierre nacional por COVID-19, que varios periodistas de las provincias de Santiago, Bahoruco, Mao y Santo Domingo fueron detenidos o se les impidió el libre tránsito para informar sobre la pandemia.

La asociación pidió al Gobierno que instruyera a los policías y militares en el sentido de que los periodistas son trabajadores esenciales que pueden transitar después del toque de queda y que evitara cualquier agresión contra ellos.

Según el informe, no se hizo ninguna declaración en respuesta a esta queja, pero facilitó pases de toque de queda para varios tipos de trabajadores, incluidos los miembros de los medios de comunicación, y disminuyó los casos de fuerzas de seguridad que restringían el movimiento de los periodistas.

La Federación Internacional de Periodistas denunció una supuesta paliza, por parte de agentes de la Policía Nacional, a un periodista radiofónico que protestaba por la libertad de un colega que supuestamente había violado el toque de queda en la provincia de San Pedro de Macorís. En noviembre, el Colegio Dominicano de Periodistas anunció que proporcionaría calcomanías y placas de la organización para identificar a sus miembros y facilitar la identificación de los periodistas por parte de las fuerzas del orden.