Dinamarca busca ‘occidentalizar’ sus guetos
Dinamarca lleva casi 50 años enrocada en el dilema de qué hacer con los guetos. Una treintena de barrios, principalmente de las grandes ciudades, son señalados cada año en una suerte de lista negra. Entrar o salir de ella depende de factores como el nivel de ingresos mínimos, la tasa de desempleo, de educación, de criminalidad y, la más polémica en opinión de los expertos, el porcentaje de habitantes de origen “no occidental”. Con los años, los sucesivos Gobiernos —de cualquier color— han desarrollado planes para acabar con estas áreas desfavorecidas en pos de la integridad. Pero detrás de las buenas intenciones, muchos ven en estos programas un uso partidista e incluso una excusa para dar rienda suelta a cierta xenofobia que va en aumento en el país escandinavo sobre todo desde 2007, cuando el partido ultra DF irrumpió como tercera fuerza en el Folketing (Parlamento). El Gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen busca ahora una nueva fórmula que ya está generando revuelo en la sociedad.
Tras casi dos años en el poder, la primera ministra propuso hace unos días dos medidas de calado para afrontar un debate que lleva dominando la política desde la década de los setenta. Por un lado, deshacerse del término gueto para sustituirlo por la expresión “sociedades paralelas”. Por otro, bajar del 50% al 30% el máximo de residentes “no occidentales” que pueden residir en estas zonas en 2031, con el objetivo de que haya más mezcla. “Es estúpido. Cambian el nombre, pero las políticas siguen siendo las mismas”, se lamenta al teléfono Mohammed Aslam (54 años), presidente de la asociación de vecinos de Mjølnerparken, uno de los guetos más “duros” de Copenhague, según el Gobierno, con 1.493 habitantes.
La limitación del 30% propuesta para estas áreas implica que muchos de los vecinos de origen inmigrante se tengan que marchar de sus hogares, por los que pagan una renta muy baja en comparación con el resto de barrios, para asentarse en otras zonas donde casi con toda probabilidad los alquileres son mucho más caros. Pero también que haya casas vacías a la espera de nuevos vecinos. De las 560 que hay en la barriada de Mjølnerparken, 50 están vacías. El Gobierno permite que los nuevos inquilinos sean “no occidentales” siempre y cuando demuestren un mínimo poder adquisitivo y que su estancia sea temporal con un límite de dos años. Para los occidentales, en cambio, no hay requisitos. Mia Nyegaard, presidenta de la comisión de asuntos sociales del Ayuntamiento de Copenhague, del partido Izquierda Radical, dice estar de acuerdo en promover un grupo más mixto de residentes en áreas desfavorecidas, pero discrepa del enfoque del Gobierno. “Es nuestra responsabilidad como sociedad asegurarnos de que las áreas sean atractivas para que más personas con más recursos quieran vivir allí”, dice por correo electrónico.
Kristina Bakaer Simonsen, profesora en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus, incide, junto a media docena de expertos consultados, en que, “pese a que el Gobierno no quiera usar la palabra gueto, continúa implementando las mismas políticas que su antecesor [de tinte conservador]” y que fueron criticadas por xenófobas, ilustra en conversación telefónica, en la que insiste en la complejidad de un debate que está “lleno de paradojas y contradicciones” y que afecta directamente a unas 73.000 personas en un país de casi seis millones. “La definición del Gobierno para que un área sea un gueto es complicada porque requiere que un porcentaje de la población sea “no occidental” [que incluye población original de los Balcanes], y ahí es donde está el estigma”, ilustra la experta. “El hecho de poner el foco en los guetos hace pensar que lo que hay fuera funciona, pero los problemas de integración van en dos direcciones”, dice para luego añadir que el gran problema es que la definición de “no occidental” se aplica también a los hijos de los inmigrantes, incluso los nacidos en suelo danés.
Es el caso de Aslam. Él llegó a Mjølnerparken desde Pakistán cuando solo tenía siete años, pero sus cuatro hijos, todos hoy mayores de edad, nacieron en el país escandinavo, hablan danés y se sienten occidentales. “Pero para el Gobierno siguen siendo ciudadanos no occidentales”, dice al teléfono. Y sufren el estigma.
Aslam ha visto cómo desde hace cinco años su barrio de edificios de ladrillo rojo de cuatro plantas conectados por parques y zonas comunes ha acaparado la atención de los políticos de todo signo. “Parece que hay una competición por ver quién es más cruel contra los extranjeros. La gente está cada vez más frustrada y muy nerviosa por lo que pueda pasar”, explica. Y asegura que muchos diputados hacen de la realidad de estas áreas un problema para “manipular a la opinión pública y ganar votos”.
Noa Milman, investigadora Marie Curie en Sociología en la Universidad de Copenhague, piensa que las políticas referentes a los guetos son solo “simbólicas”. En su opinión, este debate “domina el discurso antinmigración”, que más tiene que ver con la cultura, la clase y la etnia que con la integración. “El verdadero problema que el Gobierno debe atajar es la pobreza, la educación… pero de todos. Cualquier política debe ser implementada para todo el mundo, de manera universal. Así que señalar a los guetos es solo algo simbólico”, concluye. Morten Dahlin, diputado de Venstre (Liberales), ahora en la oposición, admite por correo electrónico que los problemas de estas áreas son múltiples. “Demasiadas personas están desempleadas, demasiadas no hablan danés y demasiadas no están dispuestas a seguir las reglas que hemos acordado en Dinamarca. Negar que esto tiene algo que ver con la cultura o la religión sería mentir: por supuesto que hay un elemento cultural”, reconoce Dahlin. La experta Bakaer Simonsen está de acuerdo con él, pero insiste en que para atajar esos problemas “no es constructivo centrarse solo en esas zonas, ni guiarse por la etnia de sus vecinos”.
Lise-Lotte Duch, que trabaja con mujeres ahogadas en la marginalidad, todas inmigrantes y con poco conocimiento de la lengua danesa, cuenta al teléfono que ha observado un aumento significativo de la xenofobia en la sociedad. Reconoce que los guetos son áreas vulnerables y cree que el objetivo de integración del que alardea el Gobierno es bueno, pero tiene serias dudas de cómo se aplica: “Quitar la palabra gueto y renombrar a estas zonas ‘sociedades paralelas’ sigue siendo una forma de estigmatizar. Lo que hay que hacer es trabajar con estas personas, ayudarles. Y no hablar mal de ellos”, opina. Noa Milman es mucho más categórica: “Sociedades paralelas no son, porque en muchos aspectos están integrados. Sí hay daneses blancos que viven en los guetos, así que son áreas mixtas. Hay que tener en cuenta que son zonas específicas dentro de otras zonas más grandes”, concluye. Lo cierto es que al caminar por Nørrebro, el barrio donde se encuentra Mjølnerparken, la multiculturalidad, la multietnia y la presencia del islam son evidentes; pero también la convivencia entre vecinos de diferente origen.
Sentimiento de pertenencia
Torben Trataes, director ejecutivo de VIVE, el centro danés para el estudio de las ciencias sociales, esgrime otro concepto, el de la pertenencia. Este experto asegura que Dinamarca tiene un problema real de integración, especialmente como consecuencia de un “bajo sentimiento de pertenencia de los inmigrantes no occidentales” que hace que se concentren en áreas con bajos salarios, altas tasas de desempleo y de criminalidad. Duch, que vive cerca de una de estas áreas, asegura sin embargo que siempre se ha sentido “a salvo”. En cualquier caso, Trataes, parco en explicaciones, no entra a valorar si las políticas de los guetos son buenas o malas, pero asegura que en los últimos años, la situación de estas zonas “ha mejorado”, sin especificar en qué.
Mientras tanto, los residentes de guetos como el de Mjølnerparken esperan ansiosos el devenir de un futuro incierto. Aslam ha visto cómo familias enteras han decidido en los últimos meses abandonar Mjølnerparken por el miedo a que la administración les eche “en el último minuto”. “Pedimos que nos traten como el resto de la población, con los mismos derechos. ¡No hagan de la ciudadanía una clase A y clase una clase B!, concluye.
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