Agricultores afectados con presa de Monte Grande piden pagos de tierra
Su construcción tomó una década y una inversión de casi US$700 millones. De ahí que la inauguración el pasado 25 de enero de la presa de Monte Grande, calificada por el presidente Luis Abinader como el «sueño de décadas», parecía una buena noticia para los residentes en la zona, ya que los objetivos principales de la obra son el desarrollo agrícola y evitar inundaciones del río Yaque del Sur.
Paradójicamente, para los productores del distrito municipal Hato Nuevo Cortés, en Azua, con 4,700 residentes cuyo sustento proviene de la agricultura, la anegación que provoca el llenado de la presa es la amenaza mayor.
El muro de contención de 2.2 kilómetros de ancho puede contener 350 millones de metros cúbicos de agua y apenas va por el nivel 177 de 197, según datos de las autoridades, y ya les ha afectado los cultivos en los parajes Boca de Mula, Manzanillo y Buey.
Patricio Matos, de 56 años, es uno de los perjudicados. El pasado jueves, él y otros agricultores no pudieron entrar a sus parcelas por la inundación. Ese día, intentaban salvar algunos racimos de plátanos, pero ya el exceso de agua los había dañado, señala.
Es decir, que, en vez de una ayuda, los nativos de la comunicad, perteneciente al municipio de Las Yayas de Viajama, ven la obra como la mayor amenaza que ha tenido este pueblo, fundado como un hato ganadero en los años del 1500 por el español Hernán Cortés. De ahí su nombre.
En el 2018, cuando se enteraron que serían afectados, se reunieron con ejecutivos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y estos les informaron que el agua no daría problema; sin embargo, al día de hoy, proyectan que perderán siete viviendas y 3,000 tareas de tierra cultivable.
«Entendemos nosotros que RD$25,000 por una tarea de tierra es para que estas comunidades vivan en la miseria de aquí en adelante»Productor de Hato Nuevo Cortés
Matos se queja de que el Indrhi les paga 25,000 pesos por tarea, un precio insuficiente para ellos, pues estiman que en esa zona cada tarea cuesta entre RD$60 y 80,000 pesos.
El agricultor, quien también es abogado, cita con precisión los artículos de la Constitución que afirma el Gobierno ha violado. Tampoco ve posible dedicarse al Derecho, porque es una profesión que no tiene mucha demanda en esta demarcación.
Dilania Beltré, de 54 años, es otra de las agraviadas. Solicitó al presidente Abinader visitar Hato Nuevo de Cortés para que verifique los daños. Los residentes de Hato Nuevo dicen no tener grandes edificaciones, pero se consideran ricos porque producen el 80 % de lo que consumen. Nelson Cordero, de 65 años, también pide auxilio al Gobierno, porque, según sostiene: «Se los está llevando satanás».
Acusan a las autoridades de no tomarlos en cuenta para compensarlos con tierras de cultivos, como hicieron con los residentes de la parte sur de la presa, a quienes el Gobierno les construyó 390 viviendas y está en proceso de entregarles terrenos fértiles. Además, acusan a la gobernadora y a la senadora de Azua de no apoyarlos en su causa.
¿Dedicarse a la pesca?
Los residentes de Hato Nuevo Cortés dicen siempre se han dedicado a la agricultura, por lo que no ven factible cambiarla por la pesca, actividad que podría desarrollarse con el agua de la presa de Monte Grande.
Aunque no tienen grandes edificaciones se consideran ricos porque producen el 80 % de los alimentos que consumen, indica Matos.
Indrhi y la recompensa
Diario Libre consultó con el Indrhi, la entidad querellada. Elvis Pallano, director de Fiscalización, precisa que están evaluando los expedientes de los parajes de Boca de Mula, Manzanillo y Buey, donde ya está el agua.
Expresa que el acuerdo es entregarle 30 tareas de tierra a cada productor, pero como no hay suficiente, se les entregarán 10 acondicionadas y se les pagarán las veinte restantes. Pero aclaró que es el precio se establecerá a través de una tabla de catastro que define el monto exacto. La tabla establece el pago de 40 pesos por metro cuadrado de tierra cultivable y 15 pesos el metro cuadrado en la zona árida.
Mientras que Olmedo Caba, su director ejecutivo, expresa que, si la presa les inundas sus tierras, serán recompensados.
Expone que hay productores que no serán afectados, pero quieren ser beneficiados. Otros no han cobrado por problemas de sus tierras con las familias, agregó. «Todas las zonas que la presa vaya a impactar (…), según vaya elevando el nivel del agua, pueden estar seguros que, si tienen producción agrícola, nosotros las vamos a evaluar».
Otra de las quejas es que las autoridades no han retirado toda la maleza del embalse, que abarcará varios kilómetros cuadrados. Leonardo Mercedes, miembros de la Coalición Enriquillo, teme que los árboles queden inundados y se pudran, dando origen a gases que dañen el agua, los peses y la ecología de la zona. Manifiesta que el desmonte del vaso de la presa está estipulado en el presupuesto, pero «hasta ahora, ellos lo que han limpiado, es lo que era de alimentación y una parte cerca del muro de la presa».
En ese sentido, Mercedes sostiene que se están violando las reglamentaciones correspondientes a lo que es la construcción de una presa de almacenamiento de agua. Señala que seguirán en pie de lucha hasta que se cumpla.
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