ADOBAD habla sobre juegos de azar electrónicos
La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) denunció este jueves que los artículos 2 y 5 del decreto Núm. 480-19 favorece la proliferación de juegos de azar electrónicos, beneficiando así a la Comisión Hípica Nacional.
Mediante dicho decreto, se actualizó el Reglamento Hípico Nacional, dándole a esta comisión la facultad de expedir licencias para que los establecimientos denominados «agencias hípicas» puedan comercializar juegos de azar electrónicos, según denuncia el gremio a través de un comunicado.
Argumentó que esa disposición, contenida en los artículos 2 y 5 del Decreto Núm. 480-19, contradice frontalmente lo que establecen las leyes 494-06 y 253-12, que atribuyen al Ministerio de Hacienda la exclusiva competencia de regular todo tipo de juegos de azar en el país.
«Se trata de una flagrante violación a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo, el cual desconoce la autoridad del Congreso Nacional, al tiempo en que falta a su deber constitucional de cuidar de la fiel ejecución de las leyes«, expuso.
«Numerosas licencias»
Explicó que a raíz de esta situación, la Comisión Hípica Nacional ha expedido numerosas licencias para la comercialización de juegos de azar electrónicos,a propiciado la instalación de «agencias hípicas» en todo el país, sin que estas cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente para ofrecer estos servicios.
«Esto cercena los derechos adquiridos por los inversionistas que operan bancas de apuestas deportivas, casinos y salas de juego», advirtió.
Asimismo, señaló que, con el propósito de corregir la situación, ADOBAD envió una carta al presidente Abinader para que emitiera un decreto que suprima el anterior, pero que hasta el momento no ha obtenido respuesta alguna.
«Tan desoladora apatía del Poder Ejecutivo nos ha obligado a acudir al Tribunal Constitucional, ante el cual hemos depositado una acción directa en inconstitucionalidad para propiciar la anulación de las citadas disposiciones del decreto, pues agreden el principio de separación de los poderes públicos y las facultades legislativas del Congreso Nacional», dijo en el documento.
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