Iwao Hakamada, el japonés que pasó 46 años en el corredor de la muerte, es declarado inocente
Iwao Hakamada ha sido absuelto 56 años después de ser condenado a la pena de muerte en Japón en 1968. Un tribunal de distrito del centro de Japón lo ha declarado inocente del asesinato en 1966 de su jefe y de la familia de este en la fábrica de pasta de soja fermentada (miso) en la que trabajaba. Hakamada, que ahora tiene 88 años y siempre defendió su inocencia, sobrevivió a 46 años en el corredor de la muerte; el tiempo más largo pasado a la espera de ser ejecutado por ningún preso en todo el mundo, según Amnistía Internacional. Fue liberado en 2014 cuando surgieron nuevas pruebas y se ordenó un nuevo juicio, que arrancó finalmente en octubre del año pasado. Después de 15 vistas, el Tribunal del Distrito de Shizuoka ha dictado este jueves la sentencia absolutoria. Con ella, el nombre de Hakamada, un exboxeador profesional, queda limpio casi seis décadas después del incidente que dinamitó su vida.
El presidente del tribunal, Koshi Kundi, ha reconocido que se habían fabricado múltiples pruebas y que Hakamada no era el culpable, según el servicio estatal de noticias japonés NHK. La sentencia recoge varias irregularidades en las indagaciones, entre ellas la vulneración del derecho del reo a guardar silencio y prácticas “inhumanas” en el interrogatorio, recoge EFE. Hakamada solo admitió haber perpetrado el crimen tras ser sometido a extenuantes interrogatorios de más de 12 horas diarias durante 23 días, pero más tarde negó de forma rotunda los hechos. La justicia nipona ha reconocido que la confesión fue “provocada” mediante “sufrimiento mental y físico”.
En 1967, tres magistrados lo declararon culpable por dos votos a uno tras leer la confesión firmada por el propio Hakamada. Fue sometido a 277 horas de acusaciones de la policía en un daiyo kangoku —nombre que reciben las celdas dentro de las comisarías donde se realizan interrogatorios sin límite temporal, sin abogado y sin la garantía de una cámara que grabe todo— frente a solo 37 minutos con su defensa. La policía había ido a por él desde el principio. Hakamada, trabajador en una fábrica de miso en Shimizu, era el forastero en una localidad que no era la suya, el blanco fácil a quien acusar de la muerte violenta de Fumio Hashiguchi, dueño del negocio, de su esposa, Chizuko, y de dos de los tres hijos del matrimonio, Machiko y Yuichiro. Apuñalados y después calcinados en su vivienda. Faltaban además 200.000 yenes (unos 1.200 euros al cambio actual).
Además de la propia confesión, la policía aportó en el juicio en 1967 el pijama de Hakamada, que tenía una pequeña gota de sangre. El acusado dijo que era suya, pero que había sido provocada por un corte en un dedo. Durante la celebración de la vista, un especialista de laboratorio testificó que esa sangre era insuficiente para ser analizada. Entonces, el fiscal, que bajo la ley japonesa no estaba obligado a mostrar todas las evidencias, presentó unas nuevas. La policía, dijo, había encontrado seis prendas de Iwao manchadas de sangre dentro de un tanque en la fábrica de miso, catorce meses después de los hechos. El acusado no reconoció la ropa como suya, insistió en su inocencia y dijo haber sido forzado a confesar un crimen que no había cometido. Pero dio lo mismo. Los tres jueces lo condenaron, aunque sin unanimidad.
Precisamente ahora, seis décadas después, otro de los puntos de controversia en el nuevo juicio ha girado en torno al color de las manchas de sangre en esas prendas que sirvieron para condenar a Hakamada. El tribunal ha respaldado la alegación de la defensa de que el color rojizo no podían ser manchas de sangre del momento del incidente, ya que las manchas de sangre en la ropa no permanecen rojas cuando se sumergen en miso durante más de un año. La sentencia de hoy dicta que estas pruebas fueron “fabricadas” por los investigadores, algo que sostuvieron siempre tanto la familia, como abogados y uno de los tres jueces que condenaron a Hakamada en los sesenta. Este último, Norimichi Kumamoto, explicaba en 2011 en una entrevista realizada para un reportaje sobre el caso de Hakamada en El País Semanal que no estuvo de acuerdo con la sentencia, pero que fue obligado a redactarla. “No entiendo cómo los otros jueces ignoraron las pruebas. El mayor dijo: ‘Es culpable’. Eso bastó. Me ordenó escribir la sentencia. Durante una semana estuve hecho un lío. Redacté 300 páginas y le condenamos a muerte. En un anexo añadí que no estaba de acuerdo, pero me obligaron a callar”.
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Cuando fue condenado, Hakamada, que había sido boxeador profesional —a los 21 años era el sexto mejor japonés en el ranking de peso pluma—, comenzó una lucha titánica junto a su hermana Hideko, que siempre creyó en él, por revertir su situación como condenado a la horca. Pero paulatinamente fue perdiendo su salud mental hasta casi la locura. En Japón, donde el caso se ha seguido con enorme expectación, las condenas a muerte gozan de un fuerte apoyo ciudadano. El país se mantiene como el único miembro del G7 —junto con Estados Unidos— que aún no ha abolido la pena capital. El sistema dicta que los condenados viven en solitario, sin comunicación con otros reclusos, en una celda del tamaño de tres tatamis (menos de cinco metros cuadrados) de la que no salen más de 45 minutos diarios. Pero sobre todo, los presos no saben su fecha de ejecución. Así, cada mañana se despiertan sin saber si esa será su última, una tortura psicológica. Con solo una hora de antelación, el mismo día del ahorcamiento (el método utilizado desde 1873), los condenados son informados. No hay despedidas ni última cena. Solo una pequeña parada frente a un altar budista. Familiares directos y abogados, los únicos que pueden visitar al reo durante su condena, son informados a posteriori de la ejecución. Se trata de “evitar que el preso se perturbe”, defienden en el Ministerio de Justicia.
La batalla de la hermana
La batalla judicial por la inocencia de Hakamada no puede entenderse sin su hermana, Hideko, que ha consagrado casi la mitad de su vida a pelear por su inocencia en un ejemplo de constancia inimaginable. En este tiempo, por ejemplo, estuvo 14 años sin poder hablar con su hermano, ya que este rechazó las visitas a principios de los ochenta. Fue cuando le llegó el turno al compañero de la celda de al lado de Hakamada. Los guardias se lo llevaron entre chillidos y en ese momento Iwao fue perdiendo la cordura. Dejó de escribir cartas a su familia. “No tengo hermana”, contaba Hideko que decía su hermano cuando se acercaba a verle al Centro de Detención de Tokio. A pesar de las negativas, la mujer, ahora de 91 años, siguió yendo una vez al mes a la cárcel, un gris complejo de hormigón de diez plantas junto al río Arakawa. Cuando Hideko retomó los encuentros con su hermano, el preso estaba quebrado. Sus charlas carecían ya de sentido. “¡Estoy construyendo un castillo!”, exclamaba. Ella —según contaba arrodillada en el tatami de su casa rodeada de cartas y fotografías antiguas para ese reportaje de El País Semanal—, le seguía la corriente: “Me alegro. Ojalá lo termines a tiempo”.
El jueves, antes de conocer la sentencia, Hideko dijo que se encontraba en una batalla interminable. “Es tan difícil que se inicie un nuevo juicio”, declaró a la prensa en Tokio, según AP. “No solo Iwao, sino que estoy segura de que hay otras personas que han sido acusadas injustamente y lloran… Quiero que se revise el derecho penal para que sea más fácil celebrar nuevos juicios”. Hideko ha sido quien ha acudido a las vistas del nuevo juicio en representación de su hermano, que quedó exento por su “incapacidad para ofrecer un testimonio creíble” por su condición mental. Es la quinta vez en el Japón de la posguerra que un tribunal se pronuncia sobre un nuevo juicio de un acusado cuya condena a muerte ha finalizado. La última sentencia de este tipo se dictó hace 35 años. La atención se centra ahora en si los fiscales, que volvieron a pedir la pena de muerte en el nuevo juicio, recurrirán la sentencia del jueves. El equipo de la defensa ha instado a los fiscales a que no impugnen la absolución, según informa la agencia de noticias Kyodo. Las cuatro sentencias anteriores de absolución de condenados a muerte finalizaron sin apelación por parte de los fiscales.
Organizaciones de derechos humanos han mostrado su satisfacción con la decisión. “Tras soportar casi medio siglo de encarcelamiento injusto y otros 10 años esperando a que se celebrara un nuevo juicio, este veredicto es un importante reconocimiento de la profunda injusticia que padeció durante la mayor parte de su vida”, ha dicho en un comunicado Boram Jang, investigador sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional. “Al celebrar este día de justicia para Hakamada, que debería haberse celebrado hace tiempo, recordamos el daño irreversible que causa la pena de muerte. Instamos firmemente a Japón a abolir la pena de muerte para evitar que esto vuelva a ocurrir”. Desde Amnistía España, donde también se ha seguido muy de cerca el caso desde hace años, han dicho: “Su lucha por demostrar su inocencia y ser liberado es un viaje lleno de injusticias, tragedias y esperanzas en un país, Japón, donde la pena capital es legal. La historia de Iwao Hakamada es una muestra de la importancia de garantizar una justicia equitativa y transparente, y del poder de la lucha por la libertad y la justicia en situaciones de gran adversidad”.
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