Los dos detenidos en Venezuela son dos vecinos de Bilbao que viajaron por turismo, según su familia
Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, los dos españoles detenidos en Venezuela acusados de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y formar parte de una conspiración para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, son dos vecinos de Bilbao sin relación alguna con el servicio secreto, que se encontraban en el país caribeño de turismo.
Así lo asegura su familia, que el pasado día 9 denunció su desaparición a la Ertzaintza. A través de las redes sociales, pidió ayuda para localizarlos, explicando que viajaron desde Madrid a Caracas (Venezuela) el pasado 17 de agosto y alquilaron un coche que debían haber devuelto el 5 de septiembre. El 2 de septiembre se comunicaron por última vez con sus familiares, que desde entonces no tenían noticia de su paradero.
El Gobierno vasco está en contacto con las familias de ambos para “darles apoyo” y poner a su disposición “todo lo que puedan necesitar o requerir”, mientras que, a través del área de Acción Exterior del ejecutivo autonómico, se mantiene abierta la vía diplomática para estar al corriente de su situación, informa Efe. La Embajada española en Caracas envió el sábado una nota verbal al Gobierno de Venezuela “pidiendo el acceso a los detenidos, con el fin de verificar sus identidades y su nacionalidad y, de ser verificadas, conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria”.
La familia de los dos detenidos no es la única que niega que tuvieran cualquier relación con el servicio secreto. Fuentes de La Moncloa negaron el sábado por la noche la vinculación con el CNI que les atribuyó en una rueda de prensa el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores ha sido este domingo aún más contundente a través de un comunicado en el que niega cualquier implicación española con esta supuesta trama: “España desmiente y rechaza cualquier insinuación de estar implicada en una operación política en Venezuela. El Gobierno ha constatado que los detenidos no forman parte del CNI ni de ningún otro organismo estatal. España defiende una solución democrática y pacífica a la situación en Venezuela”.
Adelantándose a este desmentido, Cabello aseguró en su rueda de prensa. “España va a responder que es mentira. Pueden decir lo que quieran, sus agentes están confesando”. El ministro venezolano no limitó la supuesta implicación española a los dos detenidos, sino que culpó al servicio de inteligencia español de colaborar con una operación desestabilizadora mediante actos violentos diseñada por la CIA. “El CNI está promoviendo la captación de terroristas para que vengan a Venezuela”, dijo. “España está metida hasta el cuello en la operación contra Venezuela”, agregó.
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Preguntado por si su país debería romper relaciones con España ―tal como ha propuesto el presidente de la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez― el ministro del Interior venezolano respondió: “Habría que preguntarse cómo tenemos relaciones con un gobierno que aspira a derrocarnos”. Considerado un halcón del régimen, Cabello ha estado apartado en los últimos años del Gobierno venezolano, pero Maduro lo ha recuperado como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en el Gabinete formado el pasado 27 de agosto, tras las elecciones que, según todos los datos disponibles, perdió frente a la oposición.
La detención de los dos españoles se produce en plena crisis diplomática entre los dos países. El canciller venezolano, Yván Gil, llamó a consultas a la embajadora de su país en Madrid y convocó al embajador español en Caracas para protestar por las supuestas “acciones injerencistas” del Gobierno español, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificara de “dictadura” al régimen chavista. En el trasfondo de la crisis está el asilo en España del candidato opositor en las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González Urrutia, quien llegó el pasado domingo a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea española, y la decisión del Congreso de los Diputados que, a iniciativa del PP, le reconoció como ganador de las elecciones y presidente electo.
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