Mapa | Así compromete el cierre de fronteras en Alemania el espacio Schengen
El gran pilar de la arquitectura europea, la libre circulación de personas y mercancías en la zona Schengen, se tambalea. El área donde las fronteras se habían convertido en meras líneas dibujadas en mapas ha visto rebrotar los controles entre Estados miembros en crisis cada vez más frecuentes. Schengen ya es un territorio parcheado, con líneas divisorias que parecen cicatrices. La decisión de Alemania de instalar controles en sus nueve lindes a partir del lunes ha supuesto un fuerte golpe que ha enfurecido a los vecinos y ha preocupado a expertos ante el temor de que sucumba uno de los mayores logros de la UE.
Como dice Alberto Alemanno, profesor Jean Monnet de Derecho y Políticas Europeas de la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París, el anuncio alemán no tiene precedentes, “por su escala y naturaleza”. El experto, que atiende por teléfono desde EE UU, considera la medida anunciada por el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales que encabeza Olaf Scholz “incompatible con el derecho comunitario”, con una motivación más política que estratégica. Acosado por el auge de la ultraderecha, el Ejecutivo alemán justifica la medida —prevista en principio para seis meses— en la presión migratoria y el riesgo de terrorismo islamista.
La reintroducción de controles fronterizos está contemplada como excepción en caso de amenaza al orden público o a la seguridad nacional. Debe ser el último recurso y ha de estar justificada y ser proporcionada. Alemanno cree que en el caso alemán no se cumplen estos requisitos. El experto subraya, además, que al aplicarse en todas sus fronteras —por una cuestión puramente geográfica como país situado en el centro de Europa y por ser la mayor economía de la UE— tendrá impacto no solo en los Estados colindantes, sino “virtualmente, en todos”.
Los primeros en reaccionar al anuncio de Berlín fueron los Estados con los que comparte frontera. El primer ministro polaco, el liberal conservador Donald Tusk, calificó la orden de “suspensión de facto a gran escala del espacio Schengen” y anunció que iniciaría “consultas urgentes” con los otros ocho países directamente afectados. Austria afirmó que no aceptaría a las personas a las que Alemania decidiese rechazar en su frontera y Países Bajos alertó del impacto en los trabajadores transfronterizos. Según datos de la UE, 1,7 millones de personas cruzan a diario las fronteras intracomunitarias para trabajar en otro país.
La decisión de Berlín ha impactado más allá de su territorio. Para el primer ministro griego, Kyriajos Mitsotakis, el Gobierno alemán ha “abolido unilateralmente el espacio Schengen”. Su homólogo húngaro, el nacionalpopulista Viktor Orbán, defensor de políticas antiinmigración, dio a Scholz la bienvenida “al club” de los que abogan por controlar las fronteras.
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Schengen entró en vigor en 1995 y ahora se extiende por 29 Estados, 25 de los Veintisiete que forman la UE ―quedan fuera Irlanda y Chipre, mientras Rumania y Bulgaria están parcialmente integradas—, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Su funcionamiento como espacio de libre circulación se vio comprometido especialmente en dos grandes crisis. La primera fue la llegada en 2015 y 2016 de más de un millón de demandantes de asilo que huían sobre todo de la guerra en Siria. La segunda fue la pandemia de covid-19.
En los últimos años, son varios los Estados que han reinstaurado o reforzado los controles y que han ido extendiendo una medida en principio temporal. Entre las causas aducidas con más frecuencia está la presión migratoria, pero también la amenaza terrorista, que sirve de justificación a países como Francia desde 2015 (ahora con restricciones en vigor hasta el 31 de octubre). Las guerras en Ucrania y en Gaza —riesgos asociados de operaciones rusas, aumento de refugiados o atentados terroristas—, también se encuentran entre los motivos esgrimidos recientemente por algunos Estados.
En otoño de 2023, el aumento de llegadas de migrantes por la ruta de los Balcanes impulsó un cierre en cadena de fronteras para cortarles el paso. Eslovaquia con Hungría; Polonia con Eslovaquia; Alemania con Polonia, República Checa y Suiza… Algunos permanecen, como los que impuso Berlín, y que ahora amplía. Austria, con quien Alemania ya tenía más controles desde 2015, estableció a su vez restricciones en la linde con Eslovaquia y República Checa que expiran el 15 de octubre, y con Eslovenia y Hungría, vigentes hasta el 11 de noviembre. El país ha argumentado que su sistema de asilo se encuentra bajo presión, pero también, motivos de seguridad exacerbados por los conflictos en Ucrania y Gaza.
Eslovenia tiene controles con Croacia y Hungría hasta el 21 de diciembre. En su notificación a la Comisión, que no tiene poder de veto, esgrimió el deterioro de la seguridad global, además del aumento de la amenaza terrorista y el crimen organizado en los Balcanes occidentales. El país también citó eventos deportivos como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, otras de las causas que especifican algunos países.
Italia reforzó a su vez la seguridad en la frontera con Eslovenia, que se mantendrá hasta diciembre. Los motivos: la amenaza de que entre los migrantes de la ruta de los Balcanes se escondan terroristas, riesgos relacionados con la guerra de Ucrania y el peligro de estallidos de violencia relacionados con la presidencia italiana del G-7.
Dinamarca vigila el tránsito terrestre y por mar con Alemania citando amenazas terroristas relacionadas con la guerra de Gaza, quemas del Corán en 2023 y el riesgo de espionaje ruso. Suecia ha reforzado también los chequeos al considerar que la guerra en Gaza supone una amenaza a la seguridad, incluyendo ataques antisemitas.
Noruega, que no es miembro de la UE pero sí del espacio Schengen, ha impuesto controles en los puertos con conexiones vía ferry que están en vigor hasta el 11 de noviembre. Oslo teme también operaciones rusas que puedan poner en peligro sus exportaciones de gas o su ayuda militar a Ucrania.
Las restricciones de los Estados miembros se suelen topar con las críticas del Parlamento Europeo, que aprobó una actualización del Código de fronteras Schengen, en vigor desde junio. La reforma pretende mejorar la coordinación de los Estados miembros frente a amenazas compartidas y relegar el cierre o refuerzo de los pasos fronterizos a casos realmente excepcionales. La Comisión ha recomendado a los Veintisiete que empleen medidas alternativas como chequeos policiales y patrullas conjuntas entre Estados para evitar el cierre de fronteras internas. El objetivo es reforzar y proteger, sin obstáculos, la libre circulación de bienes y personas. “Es el beneficio más tangible de la UE”, subraya Alemanno, que describe en última instancia la decisión de Alemania como “un clavo en el ataúd de Schengen”.
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