El chavismo se atrinchera ante el incremento de sanciones de Estados Unidos
Estados Unidos y Venezuela llevan años enredados en una negociación que, por ahora, no les ha llevado a ninguna parte. Washington ha condicionado el levantamiento de sanciones impuestas al Gobierno chavista a la celebración de unas elecciones libres y justas en las que la oposición tuviera opciones reales de poner un presidente, entra otras exigencias. Hace un año, representantes de una y otra administración se reunieron en secreto en Qatar y diseñaron una hoja de ruta que debía aclarar el panorama político a estas alturas, con un ganador y un perdedor después de la votación, que ambas partes reconocieran los resultados y que se recuperara poco a poco una normalidad democrática que sacara al país de la conflictividad en la que está inmerso al menos desde 2017, cuando Maduro vivió una crisis de legitimidad y se expandieron las protestas en la calle.
La realidad es que la situación ha empeorado. Maduro vive su mayor crisis de legitimidad, lo contrario de lo que se buscaba a estas alturas. El chavismo aceptó el reto de Estados Unidos porque estaba convencido de que nadie podía vencerles en el terreno electoral, sobre todo si lograban sacar de la jugada a María Corina Machado, la líder de la oposición. Desde la época de Hugo Chávez, la llamada revolución bolivariana ha desplegado por toda la nación unas redes clientelares que le aseguran la movilización de seguidores y sus familiares. Superado el proceso electoral, el Gobierno de Joe Biden se verían en la obligación de levantar las sanciones, sobre todo las del petróleo, las que más afectan la economía venezolana.
Sin embargo, Maduro no ha podido demostrar su victoria del 28 de julio. Aunque lo exige la ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente plebiscitario en manos del chavismo, no ha mostrado las actas, donde vienen reflejados los resultados por centros de votación. La oposición ha publicado las que sus voluntarios recopilaron a lo largo del país, y en ellas el candidato que sustituyó a Machado, el diplomático y escritor Edmundo González Urrutia, vence por una gran diferencia a Maduro. El empeño en ocultar la documentación ha llevado a que casi toda la comunidad internacional dé por hecha la victoria del opositor. Países con presidentes afines ideológicamente, como México, Colombia y Brasil, también desconfían abiertamente del triunfo chavista.
En una jugada de distracción, el presidente venezolano le pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que validara las actas y decretara un vencedor. El TSJ, presidido por una burócrata chavista, le otorgó la victoria a Maduro, para sorpresa de nadie. El tribunal difundió unas imágenes en las que se veía a unos peritos, enfundados con guantes, mascarillas y batas de plástico, inspeccionar las actas con linternas. Recordaba a una escena de CSI, una serie sobre un equipo de investigación forense. Analizadas las imágenes por los medios venezolanos, se ha descubierto que los peritos eran en realidad funcionarios chavistas del propio CNE. O sea que los investigadores eran los propios investigados.
Lejos de levantarse, las sanciones se han incrementado este jueves y ahora alcanzan a funcionarios del CNE y el TSJ, a los que considera cómplices del fraude electoral. También se extienden a los cargos militares, de inteligencia y gubernamentales responsables de intensificar la represión a través de la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura a raíz del revés de Maduro en las urnas, según ha anunciado el Departamento del Tesoro. Washington siente que Maduro ha faltado a su palabra al no permitir una transición y devolver la institucionalidad a unos cauces democráticos equiparables a los de los países vecinos. El chavismo ha respondido con dureza a las imposiciones de EE UU y acusa a ese país de no cumplir con lo acordado en Qatar, que a la vez derivó en una firma en Barbados. La postura del Gobierno venezolano es que las elecciones han sido transparentes, como le reclamaban, a pesar de todas las evidencias y hasta el sentido común de que sin las actas no resulta nada creíble investir a Maduro.
¿Colocan en una situación muy delicada las sanciones al chavismo? Sin duda, merman por completo sus ingresos como Gobierno y les hace vivir en la más absoluta precariedad. Para hacerse una idea, los ingresos del Estado venezolano han caído en un 90% en los últimos años. Sin embargo, Maduro y sus operadores políticos han sobrevivido a esta situación, mal que bien, y la que se van a encontrar a partir de ahora se antoja incluso más dura. La gente que rodea a Maduro han demostrado ser resistentes como rocas, maratonianos del conflicto, y a diario se enzarzan en guerras verbales a los que ven como sus enemigos. Personajes como Diosdado Cabello, considerado dos del régimen y ahora ministro, lleva desde la época de Chávez, de quien fue amigo de armas, lanzando invectivas, descalificaciones y difamaciones a todo el que se cruza en su camino. Así día a día, con una persistencia antológica.
Es más, Maduro ha reclutado a Cabello como ministro de Interior y lo ha puesto al frente del aparato represor. Además ha nombrado a Delcy Rodríguez, también de su máxima confianza, ministra del Petróleo, es decir, a cargo de PDVSA, la petrolera estatal, uno de los cargos más importantes de la estructura gubernamental. Estos movimientos se han interpretado como una radicalización chavista, que se encierra en sí mismo y se atrinchera, lejos de una apertura, como se esperaba. Las sanciones, defienden presidentes como Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, entre muchos otros, no ayudan a nada ni consiguen sus propósitos y solo perjudican al pueblo venezolano, que vive ya de por sí. en la escasez
Estados Unidos sancionó a Maduro ya en 2017. Desde entonces, sus sanciones se han extendido a más de 150 personas y más de 100 entidades del régimen, incluidos todos sus pesos pesados, como el fiscal general, Tarek William Saab; la propia Delcy Rodríguez; su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y a Cabello, por supuesto. Autoridades militares, de inteligencia, judiciales y electorales han sido señaladas por Washington, pero las sanciones del Tesoro afectan básicamente a los bienes en Estados Unidos, con lo que su alcance es limitado.
Las sanciones al sector del petróleo y gas son las que verdaderamente hacen daño al régimen venezolano. Estados Unidos probó esa vía, pero tiene contrapartidas evidentes. El empobrecimiento de la población se tradujo en un éxodo con pocos precedentes ante el que Maduro apenas pestañeó. Muchos de esos emigrantes llegaron a Estados Unidos, inmerso en una crisis migratoria. Además, la restricción de la oferta encareció el petróleo en un momento en que la primera economía del mundo se veía castigada por la inflación más alta en cuatro décadas. Al tiempo, el régimen de Maduro buscó válvulas de escape con exportaciones a otros países, principalmente a China.
Washington levantó sanciones al petróleo y gas de Venezuela de forma temporal para lograr unas elecciones presidenciales democráticas en virtud de los acuerdos de Barbados, firmados entre el chavismo y la oposición, para la celebración de elecciones libres. Sin embargo, el régimen de Maduro inhabilitó a la líder de la oposición, María Corina Machado, para disgusto de la diplomacia estadounidense, que se sintió engañada. El Gobierno de Joe Biden decidió reactivar esas sanciones al vencer el plazo de seis meses que se había acordado y así lo hizo. No obstante, Washington evitó volver a la política de máxima presión aplicada durante el mandato del republicano Donald Trump, que desató una oleada de solicitudes de asilo de venezolanos en la frontera sur estadounidense.
La inhabilitación de Machado no evitó un revés electoral al presidente ante el nuevo candidato opositor, Edmundo Rodríguez Urrutia. Sin embargo, el régimen de Maduro ha emprendido una huida hacia adelante mediante lo que Estados Unidos califica de “fraude electoral” y la puesta en marcha de una brutal represión para extender ilegítimamente el mandato de Maduro.
El Departamento del Tesoro ha impuesto nuevas sanciones a autoridades judiciales, electorales, militares y de inteligencia, pero ante la pregunta de si Estados Unidos se plantea endurecer las restricciones a las licencias petroleras de que aún disfrutan la estadounidense Chevron y otras compañías internacionales para operar en Venezuela, un alto cargo del Gobierno de Biden ha preferido salirse este jueves por la tangente: “Seguimos muy de cerca los acontecimientos políticos y económicos en Venezuela, y estamos comprometidos a calibrar adecuadamente nuestra política de sanciones en respuesta tanto a los acontecimientos sobre el terreno como a los intereses nacionales más amplios de Estados Unidos”, ha dicho.
“En coordinación con nuestros socios, también estamos considerando una serie de opciones para demostrar a Maduro y a sus representantes que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tendrán consecuencias. También estamos muy centrados en la aplicación de las sanciones existentes, así como evaluando la mejor manera de calibrar nuestra política de sanciones hacia Venezuela a la luz de los intereses generales de Estados Unidos. Y lo que es más importante, seguimos comprometidos con la promoción de la rendición de cuentas por parte de los actores en Venezuela que están socavando el proceso democrático y la voluntad del pueblo venezolano”, ha añadido.
Como la Unión Europea, el Gobierno estadounidense ha evitado reconocer como presidente electo a González Urrutia, probablemente escaldado por el fiasco del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, que en última instancia acabó siendo inútil, dividiendo a la oposición y dando alas al régimen.
Cuando le han señalado que la diplomacia internacional había fracasado en su presión a Venezuela, lo ha rechazado. “No estoy de acuerdo con su afirmación de que la diplomacia regional ha fracasado. De hecho, creo que el cuidadoso trabajo diplomático que hemos estado haciendo con una serie de socios en esta región ha sido extraordinariamente importante en términos de asegurar que los resultados, los resultados fraudulentos que las autoridades de Maduro han publicado, hayan sido ampliamente rechazados. Y si bien hay algunas diferencias y variaciones en términos de las posturas diplomáticas que han tomado nuestros socios, creo que se ha mantenido un nivel de presión diplomática sobre Venezuela que no habría sido posible sin el trabajo constante y la comunicación casi constante que tenemos con nuestros socios en toda la región, así como en la Unión Europea y más allá”, ha añadido. “Mantenemos nuestras conclusiones y la declaración hecha por el secretario de Estado, Antony Blinken, varios días después de las elecciones del 28 de julio, donde creemos que hay pruebas claras de que el señor González Urrutia logró la mayoría de los votos en estas elecciones, y, por lo tanto, ese hecho debe ser respetado y validado por las autoridades venezolanas”.
Pese a los precedentes, Washington no pierde la esperanza de que las sanciones y la presión internacional acaben por surtir efecto: “Creemos que aún queda mucho tiempo hasta enero para que los actores en Venezuela, incluido Nicolás Maduro, empiecen a tomar mejores decisiones de las que han tomado hasta la fecha”, ha dicho el alto cargo. “Por eso vemos estas sanciones como un paso importante en la configuración del contexto general de la trayectoria política en Venezuela. Pero hay que recordar que estas medidas también se están tomando en el contexto de un esfuerzo más amplio en el que Estados Unidos se ha unido a sus socios y aliados, tanto dentro de este hemisferio como en todo el mundo, que incluye la diplomacia, la presión diplomática, la presión, en este caso, sanciones específicas, individualmente dirigidas y otras medidas para que la voluntad de los votantes venezolanos sea respetada”, ha concluido.
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