Reducción del Estado
La propuesta de achicar el Estado no es nueva. Resurge cada cierto tiempo y salta de la cabeza de sus formuladores a los titulares periodísticos. A la hipertrofia estatal se atribuyen casi todos los males nacionales. Más chico, será más eficiente y ahorrativo, se pregona.
En este ambiente de opinión, Sigmund Freund, recién estrenado ministro de Administración Pública, se adelantó al presidente Luis Abinader al anunciar la decisión de tijeretear el organigrama estatal, refundiendo ministerios, eliminando instituciones y duplicidades, etcétera. Sus declaraciones dieron pábulo a una ola de rumores que el consultor jurídico Antoliano Peralta se vio precisado a desmentir.
No discutiré si reducir el Estado produce en el corto o mediano plazo eficiencia y ahorro financiero. Diré, simplemente, que comparado con él la empresa privada es enana y no por ello merece ser galardonada por su efectividad, salvo que consideremos tal su habilidad para la evasión impositiva y su manejo a conveniencia de los entretelones del poder político.
Pero eso es irse a lo hondo. Si queremos un botón de muestra sin complicaciones teóricas y retóricas, tomemos al sector bancario, el más moderno de la economía. Que en un país donde el ciudadano ignora sus derechos ProUsuario reciba un promedio de 4,518 reclamaciones al año por errores del sector perjudiciales al cliente, nos da pistas del sesgo argumental sobre la ineficiencia estatal debida al gigantismo.
Como era dable esperar, tras las declaraciones de Freund cada división del panteón de adivinadores echó sus propias cartas e hizo predicciones sobre cuáles ministerios serán fusionados y cuáles merecen correr igual suerte.
No niego la necesidad de una «reingeniería», palabreja tecnocrática, para hacer más expeditos y mejores los servicios públicos. En tiempos de avances exponenciales de la tecnología, algunos niveles de la burocracia deberán desaparecer, como ya desaparecen puestos de trabajo en el sector privado.
Ahora bien, la «reingeniería» propugnada enseña su refajo ideológico. Freund habló de la fusión de «ministerios importantes» como la panacea a un gasto público al que hay que «poner control». Lo que no planteó ni por asomo es que, según el FMI, los incentivos y las exenciones fiscales al sector privado representan «alrededor del 5 % del PIB o un tercio de todos los ingresos tributarios»; porcentaje menor solo en tres puntos al gasto en servicios sociales a la población, equivalente al 8 % del PIB, incluido el 4 % a la educación. No por azar, los deciles 9 y 10 acaparan el 44.6 % del ingreso nacional, mientras que los 1 y 2 apenas acceden al 6.5 %.
Un Estado más pequeño no es el más eficiente, mito alimentado por los contentos con la transferencia de capital al sector privado y ceñudos con los servicios ofrecidos por muchas de las instituciones que quieren eliminar. Un Estado eficiente es el que redistribuye la riqueza y acorta las brechas sociales mejorando las políticas públicas y el gasto a favor de los más pobres, que son la mayoría.
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