La reforma judicial hiere de muerte a la oposición
La oposición mexicana ha quedado herida de muerte, tras la aprobación de la reforma judicial este martes en el Senado. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) han perdido la primera y más importante de las batallas legislativas de una temporada recién estrenada, una prueba de fuego después de la elección del 2 de junio. Tres escaños, incluso uno, eran suficientes para que la oposición detuviera la aplanadora de Morena y sus aliados, en una reforma constitucional como la que planteaba el oficialismo. Pero el frente opositor se deshizo. En un par de semanas perdieron tres senadores, cuatro si se cuenta a Daniel Barreda, de MC, ausente el martes a consecuencia de un extraño episodio que, según él, le obligó a quedarse en Campeche.
La oposición ha perdido la llave del Senado, el número suficiente de legisladores (43), para evitar que Morena, el PVEM y el PT tengan mayoría calificada, necesaria para aprobar reformas constitucionales. A cambio de la llave perdida, PRI, PAN y MC, sobre todo los últimos dos, se quedan ahora con el descrédito. Las viejas prácticas para cooptar votos empleadas por el oficialismo para alcanzar la mayoría calificada quedan ahora en segundo plano. Nueve días bastaron, desde el inicio de la 66 Legislatura, para doblegar al grupo de senadores opositores. El PAN y MC no supieron advertir sus puntos flacos, el mismo Barreda y el senador panista Miguel Ángel Yunes, uno por ausente y el otro por votar a favor de la reforma. El desgaste y el desprestigio de ambos partidos han sido de mayores dimensiones, sobre todo porque la traición apuntaba orgánicamente al PRI, el único que ha resistido.
El voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y la sospechosa ausencia del legislador Daniel Barreda han dado un golpe mortal a la oposición. Las cartas parecían estar echadas desde que el nuevo Congreso iniciara labores, el 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados mostraron el músculo de su supermayoría a una disminuida oposición, visiblemente disgregada. En la Cámara baja no se perfilaba un escenario distinto al que ocurrió. Con 364 legisladores, muy por encima de los dos tercios del parlamento —la mayoría calificada equivalente a 334 votos— el bloque gobernante se garantizaba la aprobación de la enmienda constitucional. Sin embargo, la falta de unidad en la cancha opositora era evidente. En ese momento el PAN se animaba y decía que ellos eran “la resistencia”, proclama que no pudieron sostener en el Senado.
Con un voto de ventaja, la única esperanza de la oposición estaba en el Senado, y en que los 43 senadores —22 del PAN, 15 del PRI, cinco de MC y Manlio Fabio Beltrones— resistieran los embates y las tentaciones, en vísperas de la discusión de la polémica enmienda, que tiene como punto más controvertido la elección de jueces, ministros y magistrados en las urnas, por voto popular. La campaña emprendida los últimos días por la Marea Rosa y Unid@s, movimientos que agrupan a organizaciones de la sociedad civil críticas con Morena, para presionar a la oposición y comprometerlos a votar en contra de la reforma judicial, fue estéril.
El golpe ha calado por partida doble al dirigente del PAN y senador, Marko Cortés. La deslealtad, según él, ha venido de un militante y amigo, Yunes Márquez. “Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho ‘voy a traicionarlos‘. Hubiera sido más decente”, dijo visiblemente afectado el líder panista, en una de sus intervenciones en el Senado.
Desde el otro flanco de la oposición, el de MC, las suspicacias aparecieron como un ventarrón en medio de la resaca de la derrota. “Pese al embate, la obligación del senador Barreda era asistir a la sesión y votar en contra. Esa era la mejor forma de proteger la integridad de quienes sufren una injusticia en México”, ha publicado Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial de MC. El senador Barreda, que no asistió a la votación, presuntamente se mantuvo por horas en una sala de juicios orales en el Estado de Campeche, en apoyo a su padre detenido, de acuerdo con su declaración. Mientras tanto, en Ciudad de México, el Senado ardía y su bancada exponía públicamente la supuesta detención ilegal. Ya entrada la noche, coincidentemente con el inicio de la votación en lo general de la reforma, el emecista pudo salir, sin posibilidades de llegar a la votación.
Las múltiples declaraciones sobre los casos de Yunes y Barreda por parte del operador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, han alimentado el recelo. En el momento de la votación, López dijo: “Para servir al pueblo de México. Y con un saludo al escapista Daniel Barreda, a favor”. El senador lo dijo con el rostro sonriente, que provocó más de una atrevida carcajada entre sus correligionarios.
Las organizaciones de la sociedad civil, también afectadas por la votación en el Senado, se han unido en una especie de campaña para exhibir a los tránsfugas. “Los traidores tienen un lugar reservado en el último círculo del infierno de Dante Alighieri. Porque la confianza rota es una herida que ni el tiempo sana. Ellos son: José Sabino Herrera, Araceli Saucedo, y Miguel Ángel Yunes Linares, por apuñalar a sus votantes y vender a México; y a Daniel Barreda, por haberse ausentado (ir a atender un “asunto personal del papá” no justifica su ausencia)”, se lee en publicaciones que circulan en redes sociales y que han hecho suyas personajes como Claudio X. Gónzalez.
Con la imagen debilitada, la última ofensiva de la oposición ha pasado al terreno judicial. Con el 27% de representación en la Cámara de Diputados, está imposibilitada para presentar acciones de inconstitucionalidad y tratar de detener la reforma. El artículo 105 de la Constitución establece que para interponer este recurso legal se deben reunir el 33% de las firmas de los legisladores de cada Cámara. La misma regla y facultad aplica para las legislaturas de los Estados. Con este panorama jurídico la única esperanza en el Legislativo recae nuevamente en el Senado. Con 41 escaños (descontando a Yunes y Barreda), PAN, PRI y MC pueden presentar, previa aprobación de al menos 17 congresos locales y su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el recurso ante el Supremo mexicano, también con facultades para atraerlo de oficio.
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