Exigen al Gobierno explicar por qué continuó contrato con Transcore
Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore Latam, luego de haberse anunciado su suspensión en octubre del año pasado.
La organización considera que la población debe saber el nivel de ejecución del citado contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema a una empresa cuestionada por el propio Gobierno.
Recordó que la Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el citado acuerdo legal del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) con la mencionada compañía ascendente a los RD$1,300 millones de pesos luego de identificar irregularidades, entre estas que fue creada meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era un empleado del Intrant.
En una comunicación de prensa, la organización cívica filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana considera que los argumentos expuestos la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, resultan superficiales y no llenan las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.
«La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos y que luego del escándalo caen en el olvido de los medios», dice un comunicado del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.
El Ministerio Público
Participación Ciudadana también consideró que el Ministerio Público debe dar a conocer el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las que la ciudadanía no tiene información.
«Sabemos que en la fase investigativa el Ministerio Público no debe publicar resultados que incluso afecten el proceso, pero es preciso saber si en este caso que envuelve una cifra tan grande y un servicio que cae en el ámbito de la seguridad nacional, hay un proceso abierto», acotó.
La organización cívica cuestiona que días después de que funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader firmaran un compromiso con la ética y la transparencia exploten escándalos como este o la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.
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