Italia acentúa la ofensiva a las ONG de rescate en el Mediterráneo con el bloqueo al barco de Médicos Sin Fronteras
Italia prosigue meticulosamente su plan para hacer la vida imposible a las ONG que salvan personas en el Mediterráneo e impedirles los rescates con trabas legales y burocráticas, aunque desde el punto de vista del Gobierno de Giorgia Meloni son simplemente medidas para atajar y ordenar la inmigración irregular. Y el Ejecutivo de ultraderecha presume de haber reducido en un 61% el número de desembarcos este año. Las obligaciones más insidiosas para las organizaciones de rescate, introducidas en diciembre de 2022 por el llamado decreto Piantedosi (nombre del ministro de Interior), son tres: informar y pedir permiso antes de efectuar un salvamento; solo se les permite hacer uno cada vez, con el deber de volver luego a puerto, sin realizar ninguno más; y además, no pueden ir al muelle más cercano, sino al que le asignen, aunque esté en la otra punta de Italia. Si no se cumplen los requisitos, hay sanciones. La nave de Médicos Sin Fronteras (MSF), la Geo Barents, acaba de ser bloqueada dos meses en el puerto de Salerno, acusada de haber salvado 37 personas en el mar el pasado 23 de agosto sin haber informado antes.
Es la tercera vez que MSF sufre este castigo, aunque en las ocasiones anteriores el parón fue de 20 días y ahora la pena ha subido. En total, ya se han abierto procedimientos de este tipo 25 veces a las organizaciones que trabajan en el Mediterráneo. Todos han sido recurridos, y aún está por ver qué sucederá si algún juez considera que van contra el derecho internacional del mar, que obliga a auxiliar a cualquier persona en peligro. “Es una normativa muy problemática, que criminaliza la actividad de salvamento, y es inadmisible desde el punto de vista del derecho internacional: una nave cumple la ley en aguas internacionales pero luego el Estado italiano la sanciona según sus propias leyes”, opina Dario Belluccio, abogado y miembro de la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI), organización italiana especializada en este campo.
Las ONG se sienten bajo acoso y el enfrentamiento con el Gobierno italiano llegará este sábado en el tribunal de Palermo a uno de sus momentos más significativos: se acerca a su fin, con la petición fiscal, el juicio que se sigue desde hace tres años contra Matteo Salvini, actual vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, por haber impedido durante 22 días en 2019, cuando era titular de Interior, el desembarco de 162 personas que estaban a bordo de la nave de la ONG española Open Arms. Está acusado de secuestro de personas y abuso de poder, aunque ha recibido la solidaridad de, por ejemplo, Elon Musk, que definió como “escandaloso” ser juzgado por hacer respetar la ley. “Tengo un proceso en Palermo (…), me arriesgo a una condena de tres a 15 años”, clamó Salvini el pasado 30 de agosto en un mitin de su partido, La Liga, en Brugherio, provincia de Monza, para pedir el apoyo de los suyos y que den “una señal a la justicia italiana”. La sentencia se conocerá el mes que viene, la última audiencia está fijada para el 18 de octubre.
El último incidente de MSF con las autoridades italianas refleja los problemas del trabajo de las ONG. “Informamos del rescate nueve minutos después, porque se trató de una emergencia. Teníamos delante una embarcación y la gente se tiró al agua. En un minuto una persona se ahoga, no puedes perder tiempo”, explica Ricardo Martínez, español, coordinador de MSF en los rescates del Mediterráneo central, que estaba a bordo. Consiguieron salvar a todos, 37 personas, pero ahora la nave está bloqueada. “Habíamos hecho ya dos rescates, de acuerdo con la guardia costera libia, y avistamos una tercera embarcación a las tres de la mañana. Se acercó a la nave, hasta chocó con nosotros. Informamos de inmediato a la guardia costera libia, pero nos ordenaron no continuar. Lo que pasó es que al acercarse la nave libia la gente se arrojó al agua, tenían miedo de que les devolvieran a Libia. Fue un momento crítico y muy duro. Libia reportó que habíamos desobedecido”. Luego Italia les acusó de no haber informado del rescate.
400 días de navegación “inútil”
MSF, que recurrirá la decisión, rechaza la acusación y recuerda que se basa en las informaciones de la guardia costera libia, “financiada por la UE y considerada un actor fiable por Italia, pero que ha sido acusada por Naciones Unidas de complicidad en graves violaciones de derechos humanos”. Es solo el último problema para la organización, que también señala cómo ha perdido ya 400 días navegando “inútilmente” de camino a puertos que a veces distaban cuatro o más días de viaje, como Livorno o Ravenna, muy alejados de Sicilia, donde están los muelles más cercanos. “Llevamos 60.000 kilómetros, hemos dado casi dos vueltas al mundo”, lamenta Martínez. La paradoja es que luego, en ocasiones, los inmigrantes que desembarcan tienen que hacer otra vez 800 kilómetros de autobús en dirección contraria, hacia centros de acogida del sur.
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“La dinámica de criminalización de las ONG es muy salvaje”, opina Laura Lanuza, portavoz de Open Arms, que espera que el juicio al líder de La Liga “por fin haga justicia”. “Salvini nos puso en el centro de su propaganda, cerró los puertos y hubo mucho revuelo mediático. Pero ahora con Meloni la estrategia es diferente, más silenciosa y mucho más eficaz, y hemos desaparecido de la atención de los medios”. Open Arms también lleva tres sanciones y teme que a la cuarta les confisquen el buque dos años. “Eso nos hace ser más cautos, te condiciona, y además a nivel financiero somos organizaciones vulnerables. Una misión de 21 días te cuesta 200.000 euros, y te desgastan con esos desplazamientos tan largos e innecesarios”. Desde que empezaron los rescates de ONG en el Mediterráneo, hace ahora 10 años en el verano de 2014, han salvado del mar a 175.000 personas, un 17% del millón que han desembarcado en Italia en esta década.
Lo cierto es que la política draconiana del Gobierno de Meloni ha reducido de forma notable las llegadas de inmigrantes a Italia. “Los obstáculos a las ONG no inciden, mantienen cifras similares de rescate, se debe sobre todo el trabajo sucio externalizado a Libia y luego a Túnez, que son países no seguros”, opina Belluccio, de ASGI. Los desembarcos han caído un 61%, según datos del Ministerio de Interior italiano, a fecha de 10 de septiembre: 44.495 personas frente a las 115.731 del mismo periodo del año anterior. Nicola Molteni, subsecretario de Interior, ha resumido así la clave de lo que considera “un resultado extraordinario”: “Mientras que el año pasado la emergencia estaba en Lampedusa, hoy está en las Canarias, en España (…) Todo esto ha sido posible gracias a la cooperación internacional con Túnez, Libia y Egipto”.
Esos acuerdos con los países del otro lado del Mediterráneo son, en efecto, una de las claves. Muchos de los que antes llegaban a Italia ahora son interceptados por el camino por las guardias costeras de estos países, financiadas por el Gobierno de Roma y la UE, que los devuelven a tierra y a centros de detención donde se han denunciado graves violaciones de derechos humanos. Meloni espera culminar en breve otro de los pilares de su política disuasoria basada en la externalización del problema en terceros países: la apertura de dos centros de acogida, identificación y detención en Albania para inmigrantes rescatados en Italia. Se preveía que comenzaran a funcionar en mayo, luego se aplazó a septiembre, pero aún no hay una fecha definitiva.
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