Trump fracasa en su último intento de dilatar la sentencia del ‘caso Stormy Daniels’
La última maniobra de Donald Trump de dilatar la sentencia del caso Stormy Daniels, en el que fue declarado culpable de 34 delitos, ha fracasado. La defensa del expresidente solicitó a un juzgado federal que se hiciera cargo del caso, lo que habría dilatado el proceso de forma indefinida y evitado una sentencia antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El juez Alvin Hellerstein, sin embargo, rechazó este martes tener competencia sobre el caso en una contundente resolución de cuatro páginas. Aún es posible que el juez Juan Merchan retrase algo el veredicto, pero está en sus manos dictar una sentencia que podría llegar a implicar penas de cárcel.
Hellerstein denegó a los abogados de Trump el permiso para presentar documentos solicitando al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan que tomara el control del caso. Dijo que la defensa había satisfecho la carga de la prueba requerida para que un tribunal federal asumiera el caso. Trump fue declarado culpable por un jurado popular tras un juicio en un tribunal estatal de Nueva York. Se le condenó por falsedades en facturas, cheques y apuntes contables para ocultar pagos a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo de hace dos meses que concedió una amplia inmunidad penal a los presidentes por sus actos oficiales, el juez Merchan dio plazo a las partes para presentar sus alegaciones y fijó provisionalmente como nueva fecha para la condena el próximo 18 de septiembre.
Trump quería que se trasladase el caso a un tribunal federal precisamente para poder solicitar la anulación del veredicto y el sobreseimiento del caso a raíz de la sentencia del Supremo del pasado 1 de julio. Hellerstein ya denegó el año pasado la petición de Trump de trasladar el caso a un tribunal federal y vuelve a hacerlo ahora, rechazando que sea aplicable la inmunidad. “Nada en la sentencia del Tribunal Supremo afecta a mi conclusión previa de que los pagos de dinero por silencio eran actos privados, no oficiales, fuera de los límites de la autoridad ejecutiva”, dice su resolución.
El juez se cita a sí mismo en relación con su anterior fallo y reafirma que “el pago de dinero para acallar a una actriz porno no está relacionado con los actos oficiales del presidente”. “No refleja en modo alguno el carácter de las funciones presidenciales”, añade, por más que dos de los cheques los firmase en la Casa Blanca.
Los abogados de Trump también solicitaron hace dos semanas al propio juez Merchan que aplazase la condena hasta después de las elecciones. En teoría, la sentencia podría poner a Trump entre rejas durante años, aunque lo más habitual en casos como el suyo es que quede en libertad condicional.
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Una vista en Washington
Otros dos casos que parecían aparcados han vuelto también recientemente al primer plano, aunque ninguno de ellos irá a juicio antes de las elecciones del 5 de noviembre. La jueza federal Aileen Cannon, nombrada por el propio Trump, decidió archivar en julio de forma sorprendente el caso de los papeles de Mar-a-Lago con la tesis de que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, era ilegal porque no lo había designado el presidente (lo hizo el fiscal general) ni había sido ratificado por el Senado. Sin embargo, Smith presentó el lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del undécimo circuito o división judicial, que ya ha propinado varios varapalos jurídicos a la jueza por sus decisiones favorables a Trump.
El otro caso que había quedado en el alero es el del mismo fiscal ante un juzgado de Washington D. C. en el que se acusa a Trump por sus intentos de alterar el resultado de las elecciones de 2020, que perdió contra Joe Biden. El fiscal ha conseguido una nueva imputación votada por otro gran jurado que considera que se adapta a la nueva doctrina y que mantiene la acusación por los cuatro delitos de la anterior. En ella, deja al margen aquellos actos que, en su opinión, quedan amparados por la sentencia del Supremo, principalmente sus interacciones con el Departamento de Justicia, y se presentan como actos privados de un candidato las presiones sobre autoridades para alterar el resultado. Trump y sus abogados creen que la nueva acusación sigue violando su inmunidad y también alegan ahora ilegalidad en el nombramiento del fiscal.
La jueza Tanya Chutkan, nombrada por Barack Obama, tendrá que decidir, al menos en primera instancia. Para este jueves está prevista en Washington una vista sobre ese caso en la que las partes harán sus alegaciones. Se desconoce por ahora si el propio Trump acudirá.
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