Reforma laboral
Craso error circunscribir la reforma laboral, aceptada por todos como impostergable, a la conveniencia de empleadores y empleados. De ahí la dificultad, en parte, de lograr consenso, argumento débil para aguar los cambios de tal forma que asemejan una contrarreforma.
La razón primordial debe ser el interés del colectivo, vale decir, lo que verdaderamente necesita el país, sujeto a normas laborales desactualizadas para la transformación que ha sufrido nuestra economía y las características de un mercado cada vez más exigente. Las recomendaciones de los organismos internacionales, cuyas evaluaciones positivas celebramos, son concluyentes: la República Dominicana debe flexibilizar su mercado laboral a fin de mejorar la calidad del empleo, la productividad y la inclusión.
De acuerdo a cifras recientes del Banco Central, la informalidad alcanza el 56.1 % de los nuevos ocupados en abril-junio de este año, apenas un uno por ciento menos que en el tercer semestre del 2014. Nuestra economía se ha especializado en generar empleos informales y por eso el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere cambios, como la reducción de las barreras regulatorias y fiscales. Por el mismo camino se orienta el Banco Mundial.
Son esas trabas, entre las que figura la cesantía, las que debe derribar una verdadera reforma laboral, sin afectar las ganancias sociales y económicas de los que ya están empleados. Se legisla para el porvenir, amenazado por la informalidad y sus consecuencias nefastas para los trabajadores mismos, desprovistos de protección legal y estabilidad si pertenecen a esa masa al margen del sistema de normas y beneficios.
A quienes gobiernan les corresponden las decisiones, no importa cuán duras o alejadas estén de un alegado consenso. Gobernar dista de un concurso de simpatía con un jurado unánime.
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