Hacia un pacto por la educación de calidad
El inicio del año lectivo ha vuelto a poner en evidencia las debilidades que persisten en nuestro sistema educativo. Ante esta realidad, sólo hay dos opciones: ser protagonistas o espectadores. En materia de derechos, nuestro deber siempre es actuar.
Uno de los problemas más urgentes es el déficit de aulas en las escuelas públicas, especialmente en las grandes ciudades, donde la demanda de cupos excede la oferta. Este déficit, estimado por la ADP en alrededor de 7,000 aulas, refleja la desigual distribución de la matrícula escolar: el 70 % de los estudiantes están concentrados en solo el 23 % de los centros educativos. Esta sobrepoblación no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino que también limita las oportunidades de aprendizaje efectivo, particularmente en contextos donde los recursos son escasos. Solucionar estos problemas de manera sostenible podría consolidar a la escuela como un pilar más de nuestro sistema de protección social.
Por otra parte, el Tribunal Superior Administrativo ordenó al Ministerio de Educación garantizar en todos los centros educativos del país la enseñanza de materias que fortalecen la ciudadanía, como el aprendizaje sobre la Constitución. Este proceso forma a ciudadanos libres, autónomos y críticos, capaces de ejercer auditoría sobre los procesos políticos. Desde el Defensor del Pueblo, contribuimos a la formación de una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes mediante proyectos como la Constitución Animada en las escuelas y promoviendo debates sobre control social y auditoría ciudadana.
El derecho al aprendizaje
En los próximos meses, veremos diversas propuestas orientadas a un pacto educativo que mejore el sistema escolar dominicano en los niveles inicial, primario y secundario. Sin embargo, es crucial distinguir que el derecho a la educación no siempre se traduce en un derecho al aprendizaje. Según datos de la UNESCO, entre el 70 % y el 80 % de los niños dominicanos en tercer grado no alcanzan los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas, a pesar de estar escolarizados. En la región, esos porcentajes rondan el 45 % (Estudio Regional Comparativo y Explicativo, 2019). Esto subraya la necesidad de repensar nuestras políticas educativas para asegurar no solo el acceso, sino también una educación de calidad y efectiva, que brinde las competencias que requiere el mundo actual, respetando nuestra identidad.
Hacia un modelo de aprendizaje permanente e inclusivo
En un mundo cada vez más digitalizado y cambiante, la educación no puede limitarse a los primeros años de vida sin riesgo de desactualizarse. Es imperativo que los sistemas educativos se transformen en sistemas de aprendizaje continuo, accesibles para todos, especialmente para los grupos más vulnerables, como los habitantes de zonas rurales, las personas mayores y aquellas con discapacidad.
El aprendizaje a lo largo de la vida es esencial para responder a las demandas del siglo XXI, promoviendo el desarrollo personal, la empleabilidad, la movilidad social y, en última instancia, la cohesión social. Para lograrlo, es fundamental contar con un sistema nacional de cualificaciones que permita la certificación de oficios, reconociendo y valorando los aprendizajes y la experiencia no formales en el mercado laboral y la sociedad.
Para hacer realidad este objetivo, es necesario aumentar la inversión en educación, especialmente en el aprendizaje y la educación de adultos, que actualmente es insuficiente. Debemos cumplir con el compromiso de invertir los recursos destinados a la educación con un enfoque a la calidad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asegurando así una financiación sostenida, como lo establece nuestra Constitución.
Es innegable que la educación es el pilar fundamental del desarrollo de cualquier nación. Hoy, su eficacia depende de un compromiso colectivo que trascienda la educación básica y ciudadana, abarcando un modelo de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En un mundo caracterizado por cambios rápidos y constantes, es imperativo que nuestras expectativas de aprendizaje se adapten a las exigencias de la sociedad del conocimiento. Esto implica no solo fortalecer las competencias individuales y colectivas para mejorar la inserción laboral, sino también desarrollar una formación ciudadana sólida que sustente la democracia.
En el marco de un pacto educativo, debemos promover mecanismos que vayan más allá del enfoque tradicional y construyan un sistema que prepare a ciudadanos conscientes y competentes, capaces de enfrentar los desafíos globales y contribuir al bienestar de nuestra sociedad. El momento de actuar es ahora, invirtiendo en un futuro educativo que cumpla con nuestro deber hacia las generaciones presentes y futuras.
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