El Gobierno israelí respalda la exigencia de Netanyahu de mantener tropas en Gaza tras un alto el fuego
El gabinete de seguridad israelí ha dado un espaldarazo al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en su exigencia ―uno de los principales obstáculos para acordar un alto el fuego con Hamás― de que su ejército mantenga tropas cuando termine la guerra en el denominado Corredor Filadelfia. Son los 14 kilómetros de Gaza que hacen frontera con Egipto y que Netanyahu ha convertido en lo que fue Rafah: la palabra clave convertida, de repente, en condición sine qua non para la seguridad de Israel sobre la que no hará concesiones. Netanyahu insiste desde hace semanas en que no bastaría una presencia multinacional (ni, desde luego, de la ONU), porque Hamás obtuvo por allí, a través de túneles desde el Sinaí, buena parte del armamento que empleó en su ataque del 7 de octubre. Tiene que haber al menos algunos soldados israelíes para vigilar la frontera.
“Tras casi un año de negligencia, Netanyahu no pierde una sola oportunidad de garantizar que no habrá un acuerdo. Ni pasa un día sin que tome medidas concretas para poner en peligro el regreso a casa de todos los rehenes”, ha respondido el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, el principal lobby en favor del regreso negociado de los más de 100 rehenes que quedan en Gaza, al menos un tercio de ellos sin vida.
La paradoja es que el propio ejército israelí no lo considera imprescindible, si impide un pacto que permita el regreso de los rehenes y liberar efectivos para lo que venga en Líbano o Cisjordania. De hecho, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, pidió este jueves “ampliar” los objetivos de la guerra en Gaza para incluir que las decenas de miles de israelíes evacuados desde hace 11 meses de la zona fronteriza (bajo fuego diario de cohetes, proyectiles anticarro y drones de Hezbolá) puedan volver a sus casas “de forma segura”.
Gallant, en tanto que mensajero de la perspectiva de las Fuerzas Armadas, fue el único de los 10 ministros que votó en contra. Pertenece al mismo partido que Netanyahu (el derechista Likud), pero sus divergencias no son ningún secreto, antes incluso de la guerra. En marzo de 2023, fue el primero en asegurar que la división social y política generada por la reforma judicial impulsada por el primer ministro ponía en peligro la seguridad nacional. Netanyahu anunció su cese, pero no lo llegó a formalizarlo, así que ―cuando llegaron las presiones de la Administración de Joe Biden, que ve en Gallant a un interlocutor más serio y fiable que Netanyahu― le bastó con mantenerlo en el puesto y anunciarlo.
Este viernes, en la reunión del Ejecutivo, sus diferencias se han traducido en una discusión a gritos, con Netanyahu dando golpes en la mesa después de que Gallant dijese que “puede tomar todas las decisiones y también puede decidir matar a todos los secuestrados”, según Canal 12 de la televisión israelí.
Conocer lo que pasa fuera, es entender lo que pasará dentro, no te pierdas nada.
Finalmente, ocho ministros votaron a favor. No les convenció el documento confidencial que les mostró Gallant y del que dio cuenta en la noche del jueves Canal 12. Lo escribió en los últimos días y plantea que Israel se encuentra en una “encrucijada estratégica”. Uno de los caminos, según el análisis de Gallant, comienza con un acuerdo de alto el fuego que ponga fin a casi 11 meses de guerra en Gaza, que ha dejado más de 40.000 palestinos muertos y regionalizado la crisis como nunca en medio siglo.
Más allá de traer de vuelta a los rehenes, el pacto abre la puerta a un acuerdo a través de intermediarios para calmar las aguas con Hezbolá, evitar una guerra abierta y forzar a Irán a mitigar su represalia al asesinato en su suelo, el mes pasado, del líder de Hamás, Ismail Haniya. El otro camino, continuar la guerra, lleva a un conflicto multifrente y recuperar a los rehenes ya en ataúdes.
Solo uno de los ministros se abstuvo: Itamar Ben Gvir. El ultraderechista titular de Seguridad Nacional, que acaba de encender aún más los ánimos con su defensa de levantar una sinagoga en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén (uno de los sitios más sensibles y explosivos del conflicto de Oriente Próximo), considera insuficiente una presencia permanente en la frontera. Aboga por “promover la emigración voluntaria” de gazatíes (un eufemismo de limpieza étnica), construir asentamientos judíos y volver a apostar soldados por toda Gaza para protegerlos. Es decir, regresar a la situación previa a 2005, cuando el Gobierno de Ariel Sharon los retiró unilateralmente y el Likud se rompió en dos: Sharon formó Kadima y Netanyahu tomó las riendas del Likud, opuesto a la salida de Gaza. Ben Gvir era entonces un activista contra la salida de Gaza, proveniente de Kaj, un movimiento tan racista que acabó ilegalizado en Israel.
Ben Gvir es, además, uno de los ministros para los que el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, propone sanciones, por lanzar “mensajes de odio inaceptables”. El otro, aunque no sea explícito, es Bezalel Smotrich, titular de Finanzas, que aseguró el mes pasado que “podría ser moral” matar de hambre a los más de dos millones de gazatíes, pero el mundo lo impide. Borrell lanzó el proceso técnico para sancionarlos, pero los países miembros ―que, por sus diferentes historias y tradiciones diplomáticas, miran distinto al conflicto de Oriente Próximo― recibieron la propuesta con frialdad este jueves en Bruselas.
El pasado domingo, los equipos negociadores de Israel y Hamás pusieron fin sin avances de peso a su reunión en El Cairo, tras una previa en Doha de similar resultado. Después de que Netanyahu introdujese nuevas demandas a lo acordado y Washington (uno de los tres mediadores) las acomodase en un nuevo borrador, para enfado de Hamás, el diálogo se centra ahora en los temas menos espinosos. La suerte de Filadelfia y de otro corredor, Netzarim, que corta Gaza en dos mitades, quedarán para más adelante.
Mientras la negociación se alarga, el día a día sigue siendo atroz en Gaza. En el cuarto ataque contra organizaciones humanitarias esta semana, un bombardeo israelí mató a cinco empleados palestinos de la empresa de logística que proveía seguridad a un convoy de la ONG estadounidense Anera con combustible y material para un hospital. El ejército asegura que bombardeó para impedir un asalto al convoy.
El día antes, el Programa Mundial de Alimentos detuvo sus operaciones después de que uno de sus vehículos ―marcado con el símbolo de la ONU y con el paso previamente coordinado con el ejército― acabase con diez balazos. Fue un “error de comunicación” entre las unidades militares, según informó Israel a Washington tras una revisión inicial, según el enviado adjunto de EE UU ante las Naciones Unidas.
Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
About Author
