El fiscal especial pide reabrir el caso de los papeles clasificados contra Trump
Donald Trump no podrá olvidarse por ahora del proceso de los papeles clasificados que se llevó a Mar-a-Lago, su mansión en Palm Beach (Florida). Aunque la jueza encargada del caso, Aileen Cannon, decidió archivar la causa, el fiscal especial Jack Smith ha recurrido ese fallo ante el Tribunal de Apelaciones para intentar reabrir el caso. En un escrito de 81 páginas, Smith acusa a la jueza Cannon, nombrada por el propio Trump, de saltarse todos los precedentes para anular el caso.
En una sorprendente resolución, la jueza concluyó que el nombramiento del fiscal especial, Jack Smith, violó la Constitución porque no había sido nombrado por el presidente (lo hizo el fiscal general) ni confirmado por el Senado. Ahora, el fiscal dice que aquella decisión fue errónea. “El fiscal general nombró válidamente al fiscal especial, que también está debidamente financiado. Al dictaminar lo contrario, el tribunal de distrito se apartó de los precedentes vinculantes del Tribunal Supremo, malinterpretó las leyes que autorizaron el nombramiento del fiscal especial y no tuvo debidamente en cuenta la larga historia de nombramientos de fiscales especiales por parte del fiscal general”, indica el recurso.
“Si el fiscal general carece de poder para nombrar a funcionarios inferiores, esa conclusión invalidaría el nombramiento de todos los miembros del Departamento que ejercen una autoridad significativa y ocupan un cargo continuo, aparte de los pocos que están específicamente identificados por la ley”, dice el escrito. “El razonamiento del tribunal de distrito plantearía igualmente cuestiones sobre cientos de nombramientos en todo el poder ejecutivo, incluidos los Departamentos de Defensa, Estado, Tesoro y Trabajo”, añade.
El recurso señala que, desde antes incluso de la creación del Departamento de Justicia y hasta nuestros días, los fiscales generales han nombrado en repetidas ocasiones fiscales especiales e independientes para encargarse de las investigaciones federales, incluido el caso Watergate.
Los jueces del 11º circuito o división judicial serán ahora los encargados de resolver el recurso. Pero aunque dieran la razón al fiscal y anularan el archivo, Trump ya se habría apuntado una pequeña victoria: dilatar el caso. Además, los abogados del expresidente podrían recurrir a su vez ante el Tribunal Supremo, que cuenta con una mayoría conservadora de seis jueces a tres y en el que tres de los magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. El Supremo ha tenido importantes sentencias a favor de Trump en el último año judicial, incluida la que le reconoce una amplia inmunidad.
Las maniobras legales de la defensa del expresidente para retrasar los juicios contra él le han ido dando resultado, con la excepción del caso de Nueva York, donde fue declarado culpable de 34 delitos por un jurado y está a la espera de sentencia —que también ha conseguido retrasar—.
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Si Trump recupera la presidencia, podría lograr que se retirase la acusación por los casos federales (el de los papeles clasificados y el de Washington por interferencia en las elecciones de 2020). También podría aspirar a autoindultarse.
La decisión de la jueza de archivar el caso se anunció en julio, en el primer día de la convención republicana celebrada en Milwaukee y solo dos días después de que el presidente sufriese un intento de asesinato. En aquel momento, parecía lanzado hacia la Casa Blanca. Ahora, el recurso del fiscal llega poco después de la convención demócrata, donde el relevo de Joe Biden como candidato por Kamala Harris ha insuflado entusiasmo en las filas demócratas.
Los partidarios de Harris hicieron alusión numerosas veces en la convención a que su candidata es una antigua fiscal, mientras que Trump es un delincuente convicto. Aun así, los casos penales del presidente no han jugado hasta ahora un gran papel en la intención de voto. En algo que sería impensable hace unas décadas, buena parte de los estadounidenses parecen dispuestos a elegir como presidente a un criminal. Trump se ha presentado como un mártir y una víctima injusta y por momentos ha llegado a rentabilizar los cargos que pesan contra él.
Aunque se venía larvando con requerimientos desatendidos por el expresidente, el caso de los papeles clasificados de Mar-a-Lago estalló con el registro de la mansión de Trump en Palm Beach (Florida) por parte de agentes del FBI el 8 de agosto de 2022. En junio del año siguiente fue formalmente imputado por decenas de delitos. Se acusaba al expresidente por el manejo de centenares de documentos secretos o clasificados que se llevó sin permiso a su residencia privada, que además es un hotel y un club social, cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Esos papeles, como los de cualquier presidente estadounidense cuando deja el cargo, pertenecen por ley a los Archivos Nacionales. También está acusado de negarse a devolverlos cuando las autoridades se los pidieron en reiteradas ocasiones. Esas resistencias desembocaron en el citado registro.
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