El derecho en la República Dominicana: Una profesión en crisis
En la República Dominicana, la abogacía, una vez considerada una profesión respetable y fundamental para la justicia y el bienestar social, ha sufrido una desvalorización alarmante. Hoy en día, la percepción es que cualquier persona puede convertirse en abogado, una realidad que ha sido catalizada por la ineficacia del Colegio de Abogados, una institución que ha perdido credibilidad y autoridad.
El Colegio de Abogados, que en otro tiempo representaba la defensa de los intereses de los profesionales del derecho, se encuentra actualmente en un estado de limbo institucional. Ni siquiera está claro quién es su presidente, una situación que refleja la falta de liderazgo y dirección en el gremio. Esta desorganización ha tenido graves consecuencias para los abogados, quienes carecen de un sistema de pensiones y seguridad social adecuado, elementos básicos que cualquier profesión debería garantizar a sus miembros. Además, el Colegio se encuentra cerrado y militarizado, una realidad que limita aún más las posibilidades de los abogados para reclamar o solucionar problemas administrativos.
La falta de control sobre la práctica legal ha permitido que personas sin la debida capacitación se hagan pasar por abogados. Esta situación no solo degrada la profesión, sino que también pone en riesgo la calidad de la justicia en el país. La sobrepoblación de abogados, sumada a la baja exigencia académica en las universidades, ha convertido al derecho en una carrera común y carente de prestigio.
Una de las soluciones más urgentes sería limitar la oferta académica en las universidades, cerrando temporalmente las facultades de derecho para evitar seguir alimentando esta sobrepoblación. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario establecer un sistema de evaluación riguroso que garantice la capacidad y calidad de los abogados en el ejercicio de su profesión.
Propongo que se implementen grados de ejercicio legal, donde los abogados sean evaluados y clasificados para ejercer ante el Juzgado de Paz, Primera Instancia, Corte de Apelación, Suprema Corte de Justicia y Tribunal Constitucional, según su competencia y experiencia. Esto no solo elevaría el estándar de la práctica legal, sino que también garantizaría que los ciudadanos reciban un servicio jurídico de calidad en todos los niveles del sistema judicial.
La necesidad de un cambio en la formación y regulación de los abogados quedó clara para mí hace unos días, cuando me sorprendí al ver a una profesora de derecho, que imparte clases en una universidad reconocida, mostrando desconocimiento en un tribunal sobre cómo concluir un caso. Este episodio es una muestra palpable de cómo la falta de control y la baja calidad educativa están afectando gravemente a nuestra profesión.
Es hora de actuar para rescatar el prestigio del derecho en la República Dominicana. No podemos seguir permitiendo que la abogacía se convierta en una profesión cualquierizada y sin futuro. Los cambios deben comenzar desde la formación académica hasta la regulación del ejercicio profesional, garantizando que solo aquellos verdaderamente capacitados puedan ejercer el derecho, en beneficio de una sociedad que merece justicia de calidad.
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