El secretario de Defensa de Estados Unidos tumba el acuerdo de Guantánamo sobre el 11-S y pone encima de la mesa la pena de muerte
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha revocado este viernes el acuerdo de reducción de condena alcanzado por el cerebro de los atentados del 11-S y dos cómplices a cambio de declararse culpables, y puesto de nuevo sobre la mesa la pena de muerte a la que se enfrentan en el juicio que los tres hombres pretendían evitar mediante su confesión. Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y sus dos cómplices, que le ayudaron con la financiación y la logística, languidecen desde 2003 en la prisión militar de Guantánamo (Cuba) en un limbo jurídico al que el acuerdo anunciado este miércoles parecía haber puesto fin.
El Pentágono informó ese día de que se había llegado a un acuerdo de culpabilidad, pero no dio más detalles. Un funcionario estadounidense amparado en el anonimato explicó que se trataba de evitar el juicio y aceptar una sentencia a cadena perpetua a cambio de declararse culpables. Pero este viernes, Austin relevó a la general de brigada Susan Escallier, que supervisa el tribunal de guerra en Guantánamo, con competencias hasta ahora para llegar a acuerdos previos a un juicio y que negoció y cerró el acuerdo con los reos, y asumió personalmente el caso. “A la luz de la importancia de la decisión de llegar a acuerdos previos al juicio con los acusados, he determinado que la responsabilidad de dicha decisión debe recaer en mí”, ha escrito Austin en un memorando publicado por el Pentágono a última hora de la tarde de este viernes. Austin ha dejado a Escallier la responsabilidad sobre el resto de casos.
La aprobación por parte de Escallier del acuerdo alcanzado entre los fiscales y los acusados a lo largo de dos años de negociaciones parecía resolver el caso, que llevaba estancado en audiencias previas al juicio desde 2012. Austin se encontraba de viaje en el extranjero y regresó a Estados Unidos más tarde ese mismo día. Para entonces, los fiscales del caso habían informado de la decisión a los familiares de los fallecidos en los atentados, algunos de los cuales expresaron su decepción y enfado por el hecho de que se descartara la pena capital. Muchos legisladores republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, criticaron también el acuerdo.
Mohammed, ingeniero educado en EE UU, es el preso más conocido del centro de detención de Guantánamo, creado en 2002 por el entonces presidente estadounidense George W. Bush para albergar a los “combatientes extranjeros” sospechosos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que costaron la vida a casi 3.000 personas y precipitaron a EE UU a la guerra de Afganistán durante dos décadas. Mohammed está acusado de ser el cerebro de la conspiración para secuestrar aviones comerciales de pasajeros y estrellarlos contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Los otros dos detenidos, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi, se apuntaron al acuerdo.
El caso se ha embarrado durante más de una década en procedimientos previos al juicio que se centraban en la cuestión de si las torturas sufridas en prisiones secretas de la CIA habían contaminado las pruebas en su contra, al ser obtenidas por la fuerza. Guantánamo es sinónimo de algunos de los peores abusos de EE UU en su guerra contra el terrorismo, lanzada por el republicano George W. Bush contra Osama bin Laden y la red Al Qaeda.
Los detenidos están imputados como organizadores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ese día, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales: dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono, a las afueras de Washington; y otro, en un campo de Pensilvania. Además del cargo de conspiración, han sido acusados de cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo.
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Según los fiscales, Mohammed tuvo la idea de secuestrar aviones y estrellarlos contra edificios estratégicos. Los fiscales sostienen que presentó la idea a Osama bin Laden en 1996, y luego ayudó a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores, una tarea que facilitaron los otros dos reos con captación de fondos y cuestiones de logística.
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