Un “régimen talibán tropicalizado” y un plan de sucesión familiar en marcha: Ortega y Murillo radicalizan la represión en Nicaragua
La policía de Nicaragua redobla la represión cada mes de abril desde 2018, cuando la ciudadanía y opositores conmemoran el aniversario de aquellas masivas protestas sociales que exigían la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero que al final fueron machacadas con una brutal arremetida paramilitar y policial. En la víspera de este 18 abril de 2024 no ha sido distinto: los oficiales han detenido a cinco personas y aumentado el hostigamiento en las principales cabeceras departamentales del país. Los arrestados son familiares de las víctimas de abril y excarcelados políticos.
Una violencia política que no cesa y que aún, tras seis años de crisis sociopolítica sostenida, se encarga de reivindicar la capacidad de su horror: este martes 15 de abril fue encontrado el cadáver del opositor Carlos Alberto Garcia Suárez en el vertedero municipal de la ciudad de Jinotepe. El 90% del cuerpo presentaba quemaduras, totalmente chamuscado.
García Suárez estuvo preso por presuntamente cometer los delitos “de secuestro, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas en perjuicio del Estado y de la sociedad nicaragüense” durante las protestas de 2018. En otras palabras, el excarcelado político de 52 años y de oficio zapatero, fue uno de los miles de ciudadanos que participaron en Jinotepe en las barricadas contra el régimen sandinista. La policía descarta “mano criminal” en la muerte, pero el el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) denuncia una serie de inconsistencias en la versión policial: la última vez que el hombre fue visto con vida fue este 13 de abril, pero el parte de las autoridades reportan un cuerpo en estado de “descomposición”, “esquelético”.
“Ningún cadáver alcanza el grado de descomposición esquelético en dos días. Todo lo que salga en este momento de la policía y Medicina Legal no tiene ninguna credibilidad”, asegura Ricardo Baltodano, uno de los directivos del GREX. “Queremos destacar que es el tercer excarcelado político asesinado de manera atroz desde el año 2021, y no hay ninguna investigación a fondo. El Gobierno es el principal sospechoso, pero esto es para mandar un mensaje a los excarcelados políticos de que anden caminando con cuidado”, remarca.
Baltodano se refiere al terror que impera en Nicaragua, uno de los principales sostenes del régimen. Sin embargo, no es el único sostén que mantiene a los Ortega-Murillo gobernando con mano férrea, a pesar del desgaste político que han sufrido a nivel nacional e internacional.
Seis años después del estallido de la crisis sociopolítica –un parteaguas ciudadano que en su momento puso en jaque a la pareja presidencial–, los nicaragüenses bien podrían parafrasear el microcuento de Augusto Monterroso a manera de espejo: el dinosaurio, bicéfalo, todavía sigue allí para ellos… con su sistema represivo bien engranado, dinero para operar y un plan de sucesión dinástica en proceso.
“Nicaragua ha cambiado muchísimo desde 2018″, dice a EL PAÍS Manuel Orozco, politólogo del Diálogo Interamericano. “El país pasó de una crisis política de lucha por democratizar y desmontar un andamiaje clientelista, a un régimen de radicalización estilo talibán tropicalizado, apoyado en cinco ejes: criminalizar la democracia y la Constitución, captura del Estado, miedo con violencia, aislamiento internacional y post verdad para garantizar la consolidación de una dinastía”, apunta.
La represión ha desmontado todo tipo de organización política y social en Nicaragua. Desde ONG, medios de comunicación, partidos políticos, universidades, movimientos campesinos, ambientalistas, feministas, empresarios críticos y, recientemente, hasta la iglesia católica. Los remanentes de oposición y descontento que continúan en Nicaragua son ínfimos, operan en total clandestinidad y su radio de acción está totalmente anulado. Los nicaragüenses se han acostumbrado a vivir con miedo, a no criticar al Gobierno para poder subsistir, sin que eso sea garantía absoluta de no terminar en la cárcel, el exilio o, en el peor de los casos, muertos en un basurero.
“Todas estas violaciones han provocado, y siguen provocando, múltiples violaciones adicionales de los derechos humanos de tal alcance que son imposibles de cuantificar, lo que demuestra la intención de las autoridades de incapacitar sin tregua a cualquier oposición a largo plazo”, apunta el informe más reciente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero al margen de ese control absoluto de la sociedad, la pareja presidencial prepara la sucesión.
Todas las señales apuntan a Laureano Ortega Murillo, el hijo de la pareja presidencial que ama la ópera. Desde 2012, sus padres lo nombraron “asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional”. Pero ha sido en los dos últimos años que ha ganado mucha preponderancia, al punto que en diciembre de 2023 se presentó ante una delegación del partido comunista chino como “representante especial del secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”… Es decir un cargo que únicamente ha ocupado su padre en la historia del partido. Quien maneja los hilos de ese plan de transición es su madre, la poderosa “copresidenta” Murillo.
“Hay una consolidación de la dictadura. Yo no coincido con los mensajes optimistas de que la dictadura está deteriorada. Lo que están haciendo es limpiándose de adversarios internos, como lo hicieron con la purga en la Corte Suprema de Justicia, para luego lanzar la teoría de la sucesión, que es primero Rosario Murillo y después Laureano”, plantea Eliseo Núñez, exdiputado opositor a quien el régimen lo despojó de su nacionalidad.
La oposición no logra convertirse en alternativa
La represión política ha golpeado con dureza a la oposición. A lo interno de Nicaragua ha sido arrasada, primero con la imposición del exilio y prisión. En febrero de 2022, el régimen desterró a 222 presos políticos, entre quienes se encontraban todos los precandidatos opositores a la presidencia. Disgregados en Estados Unidos y Costa Rica principalmente, la oposición no ha logrado converger en un solo bloque y se han enganchado en una espiral de diferencias internas. Perennes desencuentros que les ha impedido plantearse como una alternativa de fiar ante los nicaragüenses y la comunidad internacional.
“En el archipiélago político de la oposición y la diáspora hay más de 250 siglas, que compiten por la emisión de comunicados, y no en la acción política”, sostiene el politólogo Orozco, también desnacionalizado. “Es un movimiento que está secuestrado por un reduccionismo político y revanchismo histórico terrible de parte de una minoría que grita. Reducen alianzas a ideologías no existentes y reclaman el desquite frente a una historia inconclusa. Mientras, los nicas no miran en lo de hace 40 años, guste o no. Miran en el presente y políticamente lo que tienen claro es democracia y no repetición, pero no están hablando de democracia de derecha y desquite”.
Orozco insiste en que, pese a las diferencias ideológicas que han atascado la unidad opositora, el denominador común sigue siendo el mismo: crear una coalición con capacidad de lograr el cambio, y con capacidad de gobernar democráticamente. Eso requiere, agrega, “desalojar a la dictadura del poder; gobernar de forma democrática; justicia sin impunidad y una Comisión de la Verdad”.
Mientras que el exdiputado Núñez –que forma parte de Monteverde, el movimiento opositor más sólido en la actualidad– recurre a la autocrítica. Habla más de “responsabilidades personales que de responsabilidades de organizaciones”.
“Es una oposición de personalidades y vacía de estructuras orgánicas (…) y no se ha entendido que la clave es organizarse. Algunos siguen operando desde pedestales y, en determinados momentos, ofrecen soluciones mágicas. Entonces las pocas organizaciones que hay son atacadas porque son muy de izquierda o muy de derecha. La oposición en Nicaragua la tiene complicada porque no tenés una base sobre la cual montarte, a diferencia de Venezuela, donde los partidos políticos todavía tienen cierta capacidad. En Nicaragua, desde antes de 2018, los partidos políticos no tenían ninguna capacidad”.
La economía aún le funciona al régimen
Por último, la economía todavía le funciona al régimen Ortega-Murillo. Núñez explica que Nicaragua es un país pequeño, pero que sobrevive con poco. En ese sentido, la enorme inyección de dólares provenientes de las remesas familiares ha reanimado el mercado. El año de 2023 marcó un récord: las remesas totalizaron 4.660,1 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual de 44,5 por ciento, lo cual significó 1.435,2 millones de dólares adicionales con respecto a 2022.
“El país no tiene desde las protestas en 2018 posibilidades de grandes cambios en la matriz económica, ni de un crecimiento exponencial. Ortega no puede hacer más de lo que está haciendo, que es una política económica muy conservadora. Está acumulando dinero al subir las recaudaciones a costa de presiones”, dice Núñez. “Esto es comparable al gobierno talibán que ha logrado subir las recaudaciones. Pero el que suban las recaudaciones no indica que hayas tenido éxito, sino que indica que tu modelo de extorsión está funcionando y tiene límites. Por eso hay empresas que ya han cerrado en Nicaragua”.
El Gobierno sandinista tampoco ha dejado de recibir préstamos de organismos multilaterales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El principal socio comercial del país continúa siendo Estados Unidos y, a la vez, los Ortega-Murillo internacionalmente se han acercado a Rusia, Irán y China.
“Es un auto aislamiento táctico alineado con estados agresores y su sostenimiento ha sido accidental: endeudamiento y remesas. Ambos suman el 35% del ingreso nacional, más un comercio exterior que no afecta a los capitales transnacionales”, añade Orozco. El politólogo cree que un punto clave para debilitar a los Ortega-Murillo sería revisar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), que hasta ahora no posee una cláusula para expulsar a países que violen derechos humanos.
Los expertos coinciden que, en tanto esas condiciones se mantengan, el dinosaurio Ortega-Murillo seguirá allí, gobernando y llenando las cárceles de presos políticos, en un efecto de puerta giratoria que no cesa. Hasta abril de 2024, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizan 138 ciudadanos detenidos por razones políticas.
Siga toda la información de El PAÍS América en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
About Author
