Estados Unidos confirma que no tiene una investigación en curso contra López Obrador
Estados Unidos no tiene una investigación en curso contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Así lo confirmó John Kirby, portavoz para asuntos internacionales de la Casa Blanca. “No hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador”, afirmó, tajante, Kirby, en una conferencia de prensa telefónica este jueves. Las declaraciones se produjeron después de la publicación de un reportaje de The New York Times, basado en las indagatorias de la Agencia Antinarcóticos de EE UU (DEA) y el testimonio de informantes sobre la supuesta entrega de millones de dólares a la campaña del mandatario mexicano en 2018. La Administración de Joe Biden insistió, por contra, en la buena sintonía entre los Gobiernos de México y Estados Unidos, y la amplitud de la colaboración entre ambos en áreas como la migración y el control fronterizo.
“Seguimos colaborando con el señor López Obrador y su Administración para hacer todo lo que podamos con esta migración sin precedentes en el hemisferio. También con la situación en la frontera, que sigue siendo un importante foco del presidente Biden y su equipo”, dijo Kirby, en declaraciones que fueron retomadas primero por La Opinión y replicadas por Morena, el partido gobernante en México. “Una vez más, se desmiente la campaña de desprestigio que se ha emprendido en contra de nuestro presidente”, señaló el instituto político.
El reportaje de The New York Times, sin embargo, ya adelantaba que los señalamientos hechos por los informantes y las transferencias en la mira de la DEA jamás devinieron en una investigación formal, pese a que se les siguió la pista durante años. “Al final, la investigación fue cerrada luego de que autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del Gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos en 2020″, se lee en la publicación, en la que se argumenta que la Casa Blanca no quería arriesgar la relación bilateral con México, un aliado clave en el combate al narcotráfico y a la crisis migratoria.
Kirby se remitió a las declaraciones del Departamento de Justicia, que también niegan que el Gobierno estadounidense acometiera ninguna pesquisa sobre vínculos entre el narcotráfico y la financiación de la campaña electoral del entonces candidato. Los simpatizantes del presidente en México toman el posicionamiento del portavoz como la prueba de que el diario estadounidense mintió, a pesar de que es el propio diario el que expone que nunca se abrió una causa formal y que, en su momento, las autoridades estadounidenses no pudieron encontrar un vínculo directo entre el presidente y los grupos criminales.
El escándalo se originó, incluso, antes de la publicación del reportaje. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador leyó el cuestionario que el medio estadounidense le mandó para recoger sus comentarios, llamó “pasquín inmundo” y “calumniadores profesionales” a los autores del reportaje, y expuso en público el número de teléfono de la corresponsal del Times en México. “Todo esto es falso, completamente”, señaló el mandatario.
El reportaje refiere que sus hijos y colaboradores cercanos recibieron millones de dólares por parte de Los Zetas e Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cartel de Sinaloa, de acuerdo con informantes. También plantea que funcionarios estadounidenses registraron transferencias de personas ligadas al Cartel de Sinaloa a intermediarios que trabajan para el Gobierno mexicano y que al menos una de las operaciones bancarias coincidió con una visita del presidente a Sinaloa, en la que se cruzó con la madre de Joaquín El Chapo Guzmán.
El periódico respaldó el trabajo realizado por sus periodistas y condenó la reacción del presidente. “Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas a periodistas van en aumento”, señaló The New York Times, que optó por publicar la investigación un par de horas después de la rueda de prensa de López Obrador. El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) abrió una investigación de oficio contra López Obrador por la divulgación de los datos personales de la periodista que le envió la solicitud de comentarios.
Este mismo jueves, el secretario de Estado, Antony Blinken, y su homóloga mexicana, Alicia Bárcena, se reunieron en la cumbre ministerial del G20 en Brasil. “Encantada de reunirme con usted y el equipo de la Casa Blanca para continuar nuestro excelente diálogo y acuerdos bilaterales”, escribió Bárcena. EL PAÍS consultó con la Cancillería mexicana si se trató el tema del reportaje, pero aún no ha recibido respuesta. Ningún informe de prensa en Washington hace alusión a que se tratara el asunto. En el comunicado de las autoridades mexicanas se detalla que se “revisó el estado de las relaciones bilaterales e intercambió puntos de vista sobre diversos temas de la coyuntura internacional”.
“La campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda que el Gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el presidente”, comentó Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista a la presidencia, en referencia a otra investigación periodística, publicado por el portal ProPublica a finales de enero, sobre señalamientos similares contra López Obrador, pero en su campaña de 2006. Tras esa publicación, Washington optó por una reacción similar, mientras que el Ejecutivo mexicano calificó el reportaje como una “calumnia”.
Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y exaspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que “la DEA es un dolor de cabeza en México” y que la agencia antidrogas “ha puesto en peligro la relación bilateral en muchas ocasiones” al dar credibilidad a los testimonios de informantes. “Es una venganza de la DEA por las obligaciones legales que se les han impuesto en México”, dijo Ebrard, al señalar a la agencia como la fuente de la filtración.
La polémica surge la misma semana en que se cumple un año del veredicto en Nueva York contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y declarado culpable de tres delitos de narcotráfico, uno más por delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Entonces, miembros de la oposición se quejaron de que no se presentaron pruebas documentales en el juicio para demostrar su culpabilidad, mientras que los simpatizantes del Gobierno celebraron el fallo. Ahora, cuando los opositores aducen que se han invertido los papeles, desde el bloque gobernante responden que este caso es diferente porque las acusaciones no han sido probadas en un tribunal. “Uff, puras cosas fuertes hoy”, ironizó Calderón en redes sociales. El líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, dijo que López Obrador “debería ser sometido a juicio político por la Cámara de Diputados, por sus cada vez más evidentes vínculos con el crimen organizado”.
Lo que ha agitado el tablero político en México, apenas ha hecho olas en Estados Unidos. Prácticamente, ningún funcionario estadounidense, salvo Kirby, se ha pronunciado. Está en el aire, sin embargo, cuáles serán las consecuencias de la filtración en la relación bilateral, que ya sufrió turbulencias tras la publicación del reportaje de ProPublica. Los informes periodísticos sobre supuestos vínculos del narco con miembros de la actual Administración, pese a que no han derivado en una investigación formal, han sido tomados como bandera por amplios sectores de la oposición, que han posicionado en redes el hashtag “narcopresidente”, a días de que empiecen las campañas presidenciales el próximo 1 de marzo. Pero también por el propio López Obrador, que ha insistido en que las publicaciones son una muestra de que sus adversarios están desesperados y de “guerra sucia”. Los mexicanos están llamados a las urnas el próximo 2 de junio, mientras que los comicios en Estados Unidos están previstos para el 5 de noviembre.
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