Los abogados de EE UU defienden la legalidad de su persecución contra Julian Assange
La lluvia amenazaba este miércoles con desinflar el ánimo de los que estos días se manifiestan en Londres en defensa de Julian Assange y de la libertad de prensa, pero a las 10.30 (11.30, en horario peninsular español), al comenzar la segunda sesión de la vista judicial que debe decidir el destino del exeditor de Wikileaks, el breve espacio de la acera ante la entrada principal del edificio de los Tribunales Reales de Justicia volvía a estar abarrotado de decenas de personas apoyando al preso.
Los dos magistrados, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, podrían dar a conocer su decisión al final de la tarde de este miércoles, aunque la complejidad jurídica del asunto ―y su sensibilidad política— pueden hacer que ambos jueces decidan tomarse unos días antes de emitir un veredicto. En cualquier caso, los organizadores de las protestas ya han convocado a los asistentes, al final de la vista, a una marcha por las calles de Londres que debe concluir ante las puertas de Downing Street, residencia del primer ministro británico, Rishi Sunak.
La segunda jornada de la vista ha estado acaparada por los argumentos y alegatos de los representantes jurídicos del Gobierno estadounidense, que reclaman al Ejecutivo británico la entrega de Asssange.
La abogada Clair Dobbin ha intentado desmontar el argumento principal de la defensa de Assange. Esto es, que la causa contra el preso responde a “motivaciones políticas”. La Fiscalía estadounidense pretende imputar al antiguo hacker por 17 delitos contra la Ley de Espionaje de 1917 y por uno más de intromisión a un ordenador. Los abogados del exeditor de Wikileaks han defendido que la naturaleza de las ofensas contempladas en una ley tan anacrónica es política —lo es el acto de espionaje, han alegado—, y que por tanto no se contempla dentro del tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos.
Aunque el propósito perseguido por la Fiscalía estadounidense tenga pocos precedentes, aseguraba Dobbin, “se asienta en principios establecidos ya en el tiempo”, como por ejemplo el de que “no existe inmunidad para que los periodistas violen la ley”.
La decisión de dar luz verde a la extradición de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.
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Pero la insistencia en perseguir al fundador de Wikileaks surgió del Gobierno de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ya había conmutado la sentencia de la soldada Chelsea Manning, la principal fuente de los documentos secretos de la seguridad estadounidense que publicó el portal, y que sacaron a la luz graves episodios de guerra sucia en Irak o Afganistán.
Vidas en riesgo
Dobbin ha hecho constantes referencias a Manning, como cómplice necesaria de Assange, y ha acusado a ambos de poner en riesgo las vidas o integridad física de colaboradores de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. “El apelante [Assange] creó un riesgo grave e inminente” de que esas personas “sufrieran daños físicos o peligro”, ha dicho, y al hacerlo, Wikileaks y el propio Assange “dañaron la capacidad de las fuerzas de Estados Unidos, y pusieron así mismo en riesgo los intereses de Estados Unidos”, ha alegado.
La abogada se ha esforzado además por desmontar la idea de que los actos de espionaje tengan naturaleza política o que la propia legislación británica contemple esa excepción.
“La posición de partida debe ser, como lo es siempre en estos casos, una presunción fundamental de buena fe por parte de aquellos países con los que el Reino Unido tiene relaciones largamente establecidas en el tiempo”, ha dicho a los magistrados la abogada.
El equipo jurídico del Gobierno estadounidense ha intentado además convencer a los magistrados de dos cosas: que ni Assange debe ser considerado un periodista propiamente dicho ni existen pruebas que sostengan la afirmación realizada el día antes por la defensa de que la CIA había planeado asesinar al antiguo hacker.
La campaña en defensa de Assange, extendida por todo el planeta, ha trascendido los detalles jurídicos del caso y ha colocado presión política sobre los Gobiernos británicos y estadounidense para que desistan de su persecución al exeditor de Wikileaks y le dejen libre. Además de permanecer encerrado durante siete años en el breve espacio de la Embajada de Ecuador en Londres, bajo protección diplomática, ha estado los últimos cinco años en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh.
La reclamación de su libertad es además la defensa de la libertad de prensa, que se vería seriamente amenazada en el futuro con un precedente de estas características: si el Gobierno de Rishi Sunak entregara a Washington al editor de Wikileaks por revelar crímenes de guerra y actuaciones cuestionables del Gobierno estadounidense que merecían ser reveladas por su interés público.
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