Polonia pide a Bruselas que renuncie a sancionarla por erosionar el Estado de derecho
El nuevo Gobierno polaco ha pedido a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que paren el procedimiento sancionador contra su país por erosionar el Estado de derecho. Para convencerles, el ministro de Justicia del Ejecutivo de corte liberal que comanda Donald Tusk ha presentado este martes al Consejo de la UE el plan de reformas con el que planea desmontar las agresiones a la justicia de los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS, por sus sigas en polaco) y devolver la independencia a jueces y magistrados. Y la reacción ha sido muy positiva: “Creo que es un plan realista que debería restaurar la independencia del poder judicial. Ese es también un objetivo de la Comisión. El plan de acción [presentado] es un paso en la dirección que podría llevar al cierre del artículo siete”, ha valorado la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova, responsable del área de defensa del Estado de derecho.
Estas palabras de Jourova han llegado en una comparecencia conjunta con el ministro de Justicia polaco, Adam Bodnar; la ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib ―a quien le corresponde por turno la presidencia del Consejo de la UE―, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, una escenificación con un objetivo claro: la relación de Varsovia con las instituciones de la Unión han entrado en una fase completamente distinta a la que mantenían con el Gobierno del partido de Jaroslaw Kaczynski. Esa mención al “artículo siete” se refiere al máximo procedimiento sancionador de los tratados comunitarios, que puede acabar, incluso, con la suspensión de derecho de voto del país castigado en el Consejo de la UE. Es lo que en la burbuja bruselense suele conocerse como el botón nuclear.
“Voy a explicar [al resto de socios y la Comisión Europea] que si desplegamos el plan, Polonia no debería tener abierto el procedimiento relativo al artículo siete. No hay necesidad de esto si todos nosotros, en Polonia, estamos absolutamente comprometidos con la restauración del Estado de derecho”, ha apuntado Bodnar al llegar a la reunión.
La coalición liberal venció en las elecciones legislativas del pasado octubre y desalojó del poder a los ultraconservadores que gobernaban desde 2015. En este tiempo emprendieron una serie de cambios que minaron la independencia de la justicia polaca, como la creación de una cámara sancionadora de jueces, o el nombramiento irregular de jueces del Tribunal Constitucional, órgano que posteriormente falló que los Tratados de la UE violan la Constitución de Polonia. Todo esto llevó a la Comisión Europea a poner en marcha ese procedimiento sancionador en 2017 y enviarlo al Consejo de la UE, donde hasta ahora no ha llegado a término. El proceso es igual al que tiene abierto Hungría, también por atacar el Estado de derecho, y que los Estados miembros tampoco terminan de impulsar.
Ahora el nuevo Ejecutivo polaco pide que el proceso decaiga y la Comisión contempla la petición con buenos ojos, aunque pide que haya resultados. “Hay mucho trabajo por hacer. El ministro [Bodnar] ha presentado una serie de leyes que tendrán que ser aprobadas en Polonia y es ahí cuando te das cuenta de lo amplia que es la lista de infracciones. Todas estas cuestiones problemáticas tienen que ser resueltas”, ha señalado Jourova. “Es importante el plan de acción, pero también cómo se implementará”.
También al titular de Justicia de la Comisión, que recientemente ha visitado Varsovia para verse con Bodnar, le gustan los planes del Gobierno polaco: “Ha habido muchos comentarios positivos en la reunión […]. Ya hemos visto algunas decisiones. No se trata solo del plan. Hay algunas decisiones para ir más allá con diferentes medidas concretas, como la participación en la Fiscalía Europea”, ha señalado Reynders.
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De salir adelante las reformas que prevé desplegar el Ejecutivo de Tusk, Varsovia no solo podría ver cómo se levanta el procedimiento sancionador del artículo siete sin castigo, sino que también podrá empezar a recibir los recursos del fondo de recuperación europeo, que hasta el momento no está percibiendo. La Comisión Europea exigió al Gobierno reformas en la justicia para aprobar su plan y tener acceso a ese dinero, 59.800 millones de euros entre subvenciones y créditos. Sin embargo, esas reformas todavía no han visto la luz. La coalición liberal se enfrenta, entre otras dificultades, a la oposición del presidente del país, el también ultraconservador Andrezj Duda, que tiene capacidad de vetar la legislación. Si finalmente supera los obstáculos, es probable que el dinero fluya. Este viernes está previsto que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se reúna con Tusk en Polonia, según los medios polacos. La política alemana pasará por el país de camino a Ucrania, a donde viajará con Alexander De Croo, el primer ministro belga.
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