Rusia pone en busca y captura a la primera ministra de Estonia
El Gobierno ruso ha publicado una orden de detención contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, su secretario de Estado, Taimar Peterkop, y decenas de políticos europeos más por desmontar los monumentos que instaló la Unión Soviética en sus territorios. Estonia y otros países bálticos que fueron controlados por Moscú durante décadas decidieron borrar aquel pasado tras la invasión rusa de Ucrania, pero el Kremlin les acusa de supuestamente rehabilitar el nazismo. “Se debe responder por los crímenes contra la memoria de quienes liberaron el mundo del nazismo y el fascismo. Y esto es solo el comienzo”, ha advertido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
El Ministerio del Interior ruso ha introducido decenas de nombres en su lista de buscados. A la líder estonia se suman también por los mismos cargos el ministro de Cultura de Lituania, Simonas Kairis, 67 diputados del Parlamento letón y seis del lituano, 15 concejales de Riga, el viceministro de Activos del Estado polaco, Karol Rabenda, y un puñado de alcaldes de estas naciones y Ucrania que han apoyado la demolición de las estatuas soviéticas.
La orden de detención está cargada de simbolismo y propaganda destinada al público ruso. Sin una solicitud de extradición, esta medida solo se aplica en territorio ruso y es improbable que los políticos europeos pisen el país con Vladímir Putin en el poder, quien sí tiene una orden de detención del Tribunal Penal Internacional en su contra por la deportación forzosa de niños ucranios.
Estonia, como otros países fronterizos con Rusia, ha mostrado un apoyo firme a Kiev desde el inicio de su invasión y se han sumado a la “descomunización” para pasar página a décadas de ocupación tras la II Guerra Mundial. La respuesta del Kremlin ha sido amenazar a sus ciudadanos. En septiembre, el Comité de Investigación ruso acusó in absentia a más de 170 ciudadanos extranjeros, la mayoría de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia y Ucrania, de “profanación y destrucción de monumentos a los soldados soviéticos”.
“Ultraje a la memoria histórica”
“Estas personas son responsables de unas decisiones que en realidad son un ultraje a la memoria histórica”, ha asegurado este martes el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. Sin embargo, es difusa la fina línea que separa la propaganda rusa de la memoria de quienes murieron en la lucha contra el fascismo. Además de derribar monumentos soviéticos, muchos países del este han prohibido la exhibición de la cinta de San Jorge, un símbolo militar del viejo imperio ruso que el Kremlin ha reconvertido en un emblema del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. En sus esfuerzos por glorificar el pasado imperial ruso, tanto zarista como soviético, Putin decretó al inicio de la guerra contra Ucrania que cualquier “profanación” de la cinta sería un delito tipificado incluso con penas de cárcel. Además, su exhibición solo podría ser dirigida “a la educación patriótica y moral-espiritual de los ciudadanos rusos”.
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Pese a su pequeño tamaño, Estonia es uno de los países de la Unión Europea más comprometidos con los refugiados ucranios, muchos de ellos llegados a través de la frontera rusa tras un largo periplo de varios días de viaje. Además, Tallin tampoco abandona a Kiev en el esfuerzo bélico: Kallas anunció recientemente que Estonia dedicará un 0,25% de su producto interior bruto a las necesidades militares de Ucrania durante los próximos cuatro años.
Sin embargo, la posición política de Kallas sobre Rusia se ha contradicho con los negocios de su familia. Pese a abogar públicamente por romper los lazos comerciales con el país vecino, los medios estonios revelaron el año pasado que dos empresas de transporte de su marido, Stark Logistics y Stark Warehousing, seguían siendo proveedoras de clientes en territorio ruso tras el estallido de la guerra.
Según una investigación del diario independiente ruso Mediazona, hay más de 700 personas en la lista de extranjeros buscados por el Ministerio de Exteriores. De estas, 396 son acusadas de actuar como mercenarios en Ucrania. La mayoría proceden de tres países: Georgia (otra antigua república soviética enfrentada a Moscú), Bielorrusia (nación hermana controlada con puño de hierro por un dirigente apoyado por el Kremlin, Aleksandr Lukashenko) y el Reino Unido.
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