La oposición en Bolivia se moviliza contra la detención de la expresidenta Jeanine Áñez
Los movimientos cívicos bolivianos marcharon en la noche del lunes en seis ciudades del país en protesta por la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, acusada de “sedición y terrorismo” durante el derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019. Los líderes opositores exigieron la libertad de Áñez y dos exministros de su Gobierno. Tras una reunión celebrada el martes, los comités cívicos, que agrupan a quienes hacen oposición al Gobierno de Luis Arce desde las regiones, resolvieron que “en caso de aprehensión, arresto o detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano (incluyendo militares y policías) a títulos del ‘caso Golpe de Estado’, todo el país ingresará en paro cívico”.
El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las revueltas que en noviembre de 2019 precipitarono ola salida anticipada de Evo Morales, ofreció refugio a quienes se sientan perseguidos por el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Seis dirigentes de La Resistencia, un grupo de choque que actuó en contra del MAS durante la gestión de Añez, se hallan “bajo protección” del Comité Cívico Pro Santa Cruz. En días pasados, el jefe de este grupo fue arrestado por diferentes cargos de violencia y luego liberado por falta de pruebas.
El Gobierno ha negado que esté realizando una persecución política y que tenga la intención de detener a Camacho, el más radical de los opositores. “La única vez que vayamos a La Paz será para volver a derrotar un gobierno tirano”, exclamó en su discurso Camacho.
Rechazo a la OEA
La tensión con los movimientos cívicos no ha hecho más que profundizar la polarización. Organizaciones sociales vinculadas con el MAS han advertido que defenderán a Arce de las amenazas políticas opositoras. “Demandamos justicia, no venganza; demandamos enjuiciamiento al gobierno de facto [de Añez] asesino y corrupto”, publicó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
Los cocaleros de Evo Morales, que se encuentran “en alerta” por el deterioro de la situación política, cargaron además contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro, por pedir la intervención de cortes internacionales. “Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos [por el Gobierno interino]. No nos extraña su defensa a Áñez, porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad”, tuiteó Morales.
Bolivia ha quedado dividida entre quienes defienden y rechazan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019. Los que rechazan consideran que la detención de Áñez y los jefes militares que en su momento pidieron la renuncia de Morales son ahora “perseguidos políticos”.
La izquierda boliviana, en cambio, prefiere ignorar los detalles jurídicos que cuestionan la sorpresiva inclusión de Añez, que como expresidenta tiene el derecho a un juicio con autorización parlamentaria. La detención se enmarca, para estos grupos cercanos el Gobierno, en denunciar el accionar de Áñez como senadora, es decir el cargo que ostentaba cuando se produjo el derrocamiento. La repolarización de la política boliviana se expresa en las redes sociales, donde los usuarios escogen entre dos marcos para sus fotos de perfil. Uno dice: “No fue golpe, fue fraude”. El otro: “No es venganza, es justicia”.
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