Donald Trump recurre su exclusión de las primarias republicanas de Maine
Las elecciones presidenciales de este año de Estados Unidos han empezado a jugarse en los tribunales. El expresidente y ahora candidato Donald Trump ha recurrido ante el Tribunal Superior de Maine la decisión de la secretaria de Estado, Shenna Bellows, de excluirle de las primarias republicanas en esa circunscripción. Los abogados de Trump consideran que la interpretación de Bellows de que, en virtud de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, no puede presentarse por haber participado en una “rebelión o insurrección”, es incorrecta. No solo porque, en su opinión, no participó en ninguna insurrección, sino también porque Bellows no tiene capacidad para aplicar esa norma.
En paralelo, Trump prepara su recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la decisión del más alto órgano judicial de Colorado de impedirle la participación en las primarias en dicho Estado en aplicación también de la 14ª enmienda. En ambos Estados las primarias se celebran el próximo 5 de marzo, el conocido como Supermartes, la fecha en que se eligen más de un tercio de los delegados que designarán al candidato presidencial republicano.
En el recurso de Maine, la defensa de Trump argumenta los motivos por los que considera ilegal su exclusión. Los abogados dicen que la decisión de la secretaria de Estado fue “el producto de un proceso infectado por la parcialidad y la falta generalizada del debido proceso; es arbitraria, caprichosa y caracterizada por el abuso de discrecionalidad; afectada por un error de derecho; ultra vires, y no está respaldada por pruebas sustanciales en el expediente”.
Los abogados de Trump consideran que Bellows debería haberse abstenido por su supuesto sesgo contra el expresidente y que no tenía autoridad legal para tomar una decisión así, ni siquiera en el caso de que fuera cierto que este hubiera participado en una insurrección.
El escrito señala que no es la secretaria de Estado quien debe aplicar la 14ª enmienda, sino que la descalificación de un candidato correspondería al colegio electoral y al Congreso. La sección tercera de la 14ª enmienda dice: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. Añade que ese veto podrá ser levantado por el Congreso por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara. Es una enmienda aprobada en 1868, tres años después del final de la Guerra Civil, que pretendía impedir que los rebeldes confederados ocupasen posiciones de poder.
El recurso de Trump sostiene que esa disposición no es de aplicación automática y que “no deja ningún papel a los funcionarios estatales en su aplicación”. La norma, argumentan, prohíbe a ciertas personas “ocupar cargos específicos, [pero] no que se presenten a ellos ni que sean elegidas para ellos”. También señalan que “no se aplica al presidente Trump porque nunca ha servido como ‘funcionario de Estados Unidos’ y nunca ha prestado ‘juramento de apoyar la Constitución”, sino que el juramento del presidente es de “preservar, proteger y defender” la Constitución.
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Añaden que la enmienda se refiere a cualquier “funcionario de los Estados Unidos”, un término que, según su interpretación, no se aplica al presidente. Curiosamente, se ha dado la vuelta a la tortilla legal: en el caso de fraude de Nueva York, los abogados del expresidente decían que debía trasladarse a un juzgado federal porque Trump era “funcionario de Estados Unidos” y la Fiscalía sostuvo, con éxito, lo contrario.
Por encima de todo eso, los abogados aseguran que Trump no ha tomado parte en ninguna insurrección. Los discursos públicos en que se basó la decisión de Bellows, incluido el que dio el 6 de enero de 2021 antes del asalto al Capitolio, están protegidos por la libertad de expresión, señala el recurso.
La decisión de la secretaria de Estado de Maine está en suspenso a la espera de los recursos judiciales. El Tribunal Superior debe pronunciarse antes del 17 de enero. Su decisión será recurrible ante el Tribunal Supremo de Maine y la sentencia que este dicte, a su vez, se puede recurrir ante los nueve magistrados del Supremo de Estados Unidos, con una supermayoría de seis jueces conservadores, tres de ellos nombrados por el propio Trump durante su presidencia.
Esos jueces tendrán que resolver también el recurso que prevén presentar esta misma semana los abogados de Trump contra la sentencia del Supremo de Colorado, que le excluyó de las primarias en dicho Estado. El más alto tribunal del país nunca se ha pronunciado sobre la interpretación de la sección 3 de la 14ª enmienda y su doctrina se aplicará en los demás Estados en que también está en cuestión la elegibilidad de Trump.
Bellows comentó este martes el recurso en declaraciones a Associated Press: “Esto forma parte del proceso. Confío en mi decisión y en el Estado de derecho. Este es el proceso de Maine y es muy importante que, ante todo, todos y cada uno de los que formamos parte del Gobierno respetemos la Constitución y las leyes del Estado”, declaró.
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