Activistas saharauis denuncian un aumento de la presión marroquí desde la ruptura del alto el fuego
Activistas saharauis denuncian un aumento de la “represión” por parte de las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental desde el 13 de noviembre. Aquel día se produjo un intercambio de tiros entre el Ejército marroquí y miembros del Frente Polisario en la zona saharaui de El Guerguerat que rompió el alto el fuego establecido por ambas partes desde 1991. El Frente Polisario decretó el estado de guerra y, desde entonces, varios activistas alertan sobre la vigilancia de los agentes marroquíes en sus domicilios y la limitación de sus movimientos en el Sáhara Occidental.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha investigado el caso de Sultana Jaya, activista de 40 años cuya casa de la ciudad de Bojador, en el Sáhara Occidental, se encuentra vigilada desde hace más de tres meses por las autoridades marroquíes, según señala la ONG en un comunicado difundido el pasado día 5. Indica que las fuerzas del orden han impedido “sin ninguna justificación” que varias personas la visiten en su casa. Esta vigilancia y la “violación del derecho a asociarse en su propio domicilio”, según HRW, son “emblemáticos de la intolerancia” de las autoridades de Rabat hacia las llamadas a la autodeterminación del Sáhara Occidental. HRW reclamó información sobre el caso a la Delegación Interministerial de Derechos del Hombre (DIDH) y este organismo respondió en una carta que “ni ella ni su familia están siendo objeto de ningún acoso ni vigilancia particular”.
Jaya indicó a este diario en una conversación telefónica el pasado día 5 que su casa, donde vive con su hermana, su madre y otro activista, se encuentra vigilada desde el 19 de noviembre de 2020. “Se ha convertido en una cárcel donde no dejan salir ni entrar a nadie”. Asegura que de forma habitual la vigilan más de 20 personas, con y sin uniformes. “Llevamos 108 días de arresto domiciliario”, señaló. “Cada vez que intentamos salir o documentar lo que estamos sufriendo somos víctimas de agresiones físicas, vejaciones e insultos”. Jaya asegura sufrir también una “feroz campaña de difamación” en las redes sociales y en los medios del Estado marroquí.
HRW indica que, desde el 19 de noviembre, Jaya ha salido de su domicilio “menos de una decena de veces”, para caminar durante unos metros, filmar con su teléfono a los miembros de las fuerzas de seguridad y después regresar a casa. Precisa que solo en una ocasión se aventuró a caminar hasta 150 metros más allá de su hogar. Según relató la activista a la organización, varios agentes la rodearon en ese momento. “No me arrestaron ni me tocaron, pero me sentí amenazada, temí por mi vida y regresé a casa”, declaró.
“Presionar” a los opositores
Eric Goldstein, responsable de HRW en Oriente Próximo y en el norte de África, señaló en el citado escrito que nada justifica el bloqueo de una casa sin una base legal. Para Goldstein, la vigilancia sobre Jaya tiene como objetivo presionar, “de forma psicológica también”, a quienes se oponen a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
El activista saharaui El Mami Amar Salem, de 42 años, relata en conversación telefónica desde la ciudad de Dajla, en el sur del Sáhara Occidental, que el 18 de febrero se vio impedido de viajar hacia Bojador, a tres horas y media en coche, porque la policía lo retuvo junto a otro amigo. “Queríamos visitar a Sultana [Jaya] para solidarizarnos con ella. La policía ya nos estaba esperando en el primer control de la ciudad, acompañados con agentes de inteligencia. Nos pidieron la documentación del coche. Y tras dos horas y media esperando nos devolvieron la documentación y nos impidieron salir”.
Uno de los portavoces del grupo de periodistas saharauis Equipe Media, que solicita el anonimato, indica desde El Aaiún que desde el pasado 13 de noviembre, “cuando Marruecos rompió el alto el fuego”, una veintena de saharauis han sido vigilados a las puertas de sus domicilios durante dos meses. Todos ellos residen en El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental. “Entre ellos, se encontraba la activista Aminatu Haidar, que ahora está fuera. Ahora, estos activistas siguen siendo vigilados, pero no durante las 24 horas; no como Sultana”, señala la citada fuente.
La activista El Ghalia Djimi, de 60 años, tiene en su perfil de WhatsApp un mensaje en español que dice: “Todos somos Sultana Jaya”. Desde El Aaiún asegura por teléfono que varios vehículos de policía rodearon su casa el pasado día 6. Afirma también que el pasado lunes, día Internacional de la Mujer, en el que varias mujeres saharauis se manifestaron en El Aaiún, fue seguida por una motocicleta desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde.
Djimi sostiene que ha sufrido “seguimiento y persecución policial” durante tres meses, desde que el 20 de septiembre creó la Instancia Saharaui Contra la Ocupación Marroquí. “Tengo vídeos y matrículas de los coches que me han perseguido. Y dejaron de seguirme el 25 de diciembre. Pero desde ese día montaron un café al lado de mi casa y ahí vienen los confidentes marroquíes cada tarde a hacer como que juegan a los bolos. Los reconocemos porque, aunque vistan de paisano se comunican con radios inalámbricas”.
Djimi explica que si los activistas saharauis no reivindican la autodeterminación la situación puede parecer perfecta, “a pesar de la presencia militar y policial en las calles”. “Pero en cuanto una persona intenta alzar la voz, ya sabe que le espera la discriminación, la intimidación y la marginación económica. Eso es lo que pasa con Sultana y su familia. Yo soy una defensora pacífica de los derechos humanos y de la autodeterminación del Sáhara. Marruecos no debe obligarnos a aceptar la ocupación. Tiene que tener el coraje para convencer a los saharauis de su presencia en el Sáhara ocupado”.
La organización estatal Consejo Nacional de Derechos del Hombre (CNDH), equivalente en algunos aspectos a la institución española del Defensor del Pueblo, fue consultada por este diario sobre la situación en el Sáhara Occidental tras el 13 de noviembre. Una portavoz se remitió a un escueto comunicado que el CNDH publicó después de que Sultana Jaya denunciara en las redes sociales haber sido herida en un ojo en febrero a causa de una pedrada lanzada por un policía. El comunicado concluye diciendo que, a causa de las “versiones contradictorias” sobre lo ocurrido, el CNDH dirigió una carta a la fiscalía en la que le recomienda que se realice una investigación sobre los hechos denunciados. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de las autoridades marroquíes a través de los Ministerios del Interior y de Comunicación.
Sentada a favor de un intelectual marroquí preso, disuelta por la policía
Agentes marroquíes disolvieron el viernes por la tarde en Rabat una sentada frente al Parlamento en la que una cincuentena de hombres pedían la puesta en libertad del historiador y activista marroquí Maati Monjib, de 60 años. Abdellatif El Hamamouchi, presidente del comité de apoyo al intelectual indicó a este diario que varias personas resultaron heridas. “Entre ellas, yo mismo, en una piernas”, señaló.
Monjib se encuentra en huelga de hambre desde el jueves 4 de marzo con el objetivo de lanzar una “llamada de socorro” a la opinión pública ante la “persecución y la injusticia” que declara sufrir por parte del Estado, según escribió en un escrito difundido por sus abogados.
El historiador está preso desde el 29 de diciembre, acusado de “fraude y atentado contra la seguridad del Estado”. Monjib se declara inocente y señala que la verdadera causa de su encarcelamiento son sus artículos críticos respecto al Estado.
La disolución de la sentada por las fuerzas del orden fue filmada por teléfonos particulares y difundida en las redes sociales. Monjib cumplirá este lunes 11 días en huelga de hambre. “Tememos por su vida”, indicó Hamamouchi. “Es diabético y padece arritmias cardiacas. Ha perdido ya cinco kilos. Y ha dicho a sus abogados que no renunciará a la huelga de hambre”
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