El juez desinfla el caso de corrupción que tumbó al Gobierno portugués
La crisis política en Portugal ya no hay quien la pare, pero la investigación de la Fiscalía que la desencadenó está empequeñeciéndose por momentos. El juez Nuno Dias Costa dejó el lunes en libertad a los cinco detenidos, a los que no ha considerado sospechosos de corrupción ni prevaricación, en contra del criterio del ministerio público. El magistrado consideró “desproporcionado” su ingreso en prisión, decretado por los fiscales de la Operación Influencer, que ordenaron su detención hace una semana en una operación que desató un tsunami institucional: provocó la dimisión del primer ministro, António Costa, tras anunciarse que su papel en la aprobación de varios proyectos energéticos iba a ser investigado por el Tribunal Supremo, y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 10 de marzo. Aunque será el Supremo el que deberá emitir su conclusión final, el juez instructor señaló en su resolución del lunes que son poco fundamentadas las sospechas de los fiscales sobre las presiones que se habrían ejercido sobre Costa para sacar adelante esos proyectos, según el diario Público.
La resolución del juez, recogida por Expresso, sostiene que los hechos descritos por la Fiscalía no demuestran la existencia de corrupción pasiva o activa ya que los investigadores no lograron presentar la existencia de “una contraprestación por una conducta concreta”. Así, solo imputó un delito de tráfico de influencias a Vítor Escária, exjefe de gabinete del primer ministro, y al abogado Diogo Lacerda Machado, amigo de juventud de Costa, al que impuso una fianza de 150.000 euros. A ambos les retira el pasaporte por riesgo de fuga —una preocupación que sí comparte con los fiscales—, de Lacerda a Guinea-Bissau, donde tiene relaciones profesionales y “le resultaría fácil ocultarse”, y de Escária a Angola, donde trabajó en el pasado.
A los representantes de la empresa Start Campus, Alfonso Salema y Rui Oliveira Neves, les atribuyó delitos de tráfico de influencias y cohecho. El alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, también detenido y encarcelado durante seis noches, quedó en libertad sin ninguna imputación delictiva.
El varapalo que el juez instructor da en su resolución a los fiscales, que solicitaban prisión preventiva para Lacerda y Escária y van a recurrir las medidas cautelares impuestas, se suma a varios errores que habían aflorado sobre la investigación. Uno de ellos fue la confusión del nombre de António Costa con el de su ministro de Economía, António Costa Silva, en la transcripción de una conversación telefónica entre Diogo Lacerda Machado y el presidente ejecutivo de Start Campus, Alfonso Salema. Sería el propio Lacerda en su declaración ante el juez quien advertiría de esta confusión de gran trascendencia, ya que Salema estaba pidiendo a su consultor y amigo del primer ministro que tratase de influir para que el Gobierno portugués reclamase ante la Comisión Europea una modificación para beneficiar a Start Campus, promotora de la construcción de un gigantesco polo de almacenamiento de datos en Sines. “Después veo cómo tomamos la iniciativa de suscitar y sugerir. Si fuese Finanzas, hablo con [el ministro Fernando] Medina o con António Mendes, que es el secretario de Estado. Si fuese Economía, preparo la manera de llegar después al propio António Costa”, responde Lacerda a Salema.
Otro error que ha sacado a la luz Expresso afecta a una supuesta decisión de João Galamba, arguido (sospechoso oficial) en el caso y que el lunes dimitió como ministro de Infraestructuras. Los fiscales consideraron que Start Campus había influido sobre Galamba para preparar un proyecto de decreto para aprovechar el uso de terrenos de los gasoductos de la Red Eléctrica Nacional (REN) para sus cables de fibra para datos, pero la identificación del decreto que incluyeron en su investigación se corresponde con otro asunto que nada tiene que ver con el caso.
La renuncia de Galamba será uno de los temas que abordarán el primer ministro dimisionario, Costa, y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se reunirán esta tarde en el Palacio de Belém. Desde que estalló la crisis, Costa ha reiterado que nunca realizó “actos ilícitos ni censurables”, pero que el mero hecho de ser investigado por una sospecha era incompatible con la “dignidad” del cargo de primer ministro.
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