Canadá pone en debate su vínculo con la corona británica
La entrevista de Oprah Winfrey al príncipe Enrique y Meghan Markle no solo ha tenido repercusión en los salones del palacio de Buckingham. La ola expansiva de las denuncias de racismo, manipulación y crueldad que los duques de Sussex lanzaron contra Casa Real llegó hasta Canadá. El país norteamericano, miembro de la Commonwealth, es una monarquía constitucional cuya jefatura de Estado recae en la reina Isabel II. Este vínculo con la corona británica ha sumado cuestionamientos con el tiempo, acrecentados ahora.
Los comentarios en redes sociales clamaban por cortar puentes con una institución cuyos valores no tienen cabida en Canadá; otros exigieron que las arcas públicas no destinen un centavo más a los distintos gastos de representación de la corona británica. Los principales medios del país dedicaron espacios al asunto. “La entrevista muestra cómo la familia real está atrapada en el pasado”, escribió Elizabeth Renzetti en The Globe and Mail. Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático, declaró este martes: “Creo que está claro y lo he dicho otras veces: no veo beneficios de la monarquía en la vida de los canadienses”. Yves-François Blanchet, dirigente del Bloque Quebequés subrayó especialmente el poco interés que genera la corona en la provincia de habla francesa.
La Confederación canadiense nació en 1867. Sin embargo, en 1982 cuando Canadá –bajo el Gobierno de Pierre Elliott Trudeau- modificó su orden constitucional. A pesar de esta soberanía jurídica, la reina Isabel II continuó como cabeza del Estado. Su representante en el país es el gobernador general, nominación a cargo del primer ministro canadiense, pero la reina debe dar su visto bueno. Asimismo, existe un representante de la monarca (un vicegobernador) en cada una de las provincias.
Las simpatías por la monarquía vuelan cada vez más bajo en Canadá. De acuerdo con una encuesta de la firma Research Co., el 45% de los canadienses quiere tener a un jefe de Estado emanado de los comicios (13 puntos más que en un sondeo similar realizado el año pasado). El 24% señaló sentir apego por la corona (la cifra más baja en 12 años), mientras que hubo un 13% de indecisos.
La entrevista a los duques de Sussex dibuja una raya más en la pizarra del desencanto canadiense hacia la monarquía. En febrero de 2020, cuando el príncipe Enrique y Meghan Markle decidieron instalarse en Vancouver para huir de los paparazzis y las intrigas palaciegas, hubo pocas quejas. Pero un sondeo arrojó que el 73% de los consultados estaba en desacuerdo con que se destinaran fondos públicos para cubrir cualquiera de sus gastos.
En 2020, Canadá destinó poco más de 67 millones de dólares canadienses (53 millones de dólares estadounidenses) para cubrir gastos relacionados con la corona; entre ellos, viajes, ceremonias oficiales, pensiones y servicios de seguridad. El malestar, en cualquier caso, viene de tiempo atrás. Julie Payette, gobernadora general de Canadá (y por tanto representante de la reina Isabel II), tuvo que dejar su cargo en enero de este año tras ser acusada de maltrato a sus empleados. Las críticas arreciaron cuando se supo que Julie Payette recibirá una pensión vitalicia anual de 150.000 dólares canadienses (118.000 dólares).
Este martes, el primer ministro Justin Trudeau declaró a insistencia de los periodistas: “No comentaré la situación de la familia real británica. Mi prioridad es la covid-19 y la vacunación”. Trudeau añadió: “Si las personas quieren hablar sobre modificaciones constitucionales y cambiar nuestro sistema de Gobierno, no pasa nada. Pueden tener esas conversaciones. Pero ahora mismo, yo no las estoy teniendo”.
Algunas voces señalan que Canadá debería inspirarse en Barbados, un país que también forma parte de la Commonwealth y que a partir de noviembre de este año dejará de reconocer a la monarca británica como su jefa de Estado, convirtiéndose en una república. No obstante, diversos expertos han señalado que, incluso si las fuerzas políticas canadienses quisieran abrir este debate, los mecanismos constitucionales harían la tarea complicada. El motivo es que un cambio de esta magnitud implicaría contar con la aprobación de la Cámara Baja y del Senado, además del visto bueno de todas las provincias.
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