Suiza decide en las urnas si prohíbe el burka
Una mujer vestida con un niqab negro que solo permite ver los ojos y con el ceño fruncido interpela al viandante suizo desde un cartel que exige “parar el extremismo”. Es el símbolo de una campaña de la derecha nacionalista que llega a su fin este domingo, cuando Suiza decidirá en las urnas si prohíbe cubrirse el rostro en el espacio público. Aunque los impulsores de la iniciativa popular no mencionan al islam y destacan que su propuesta también afecta a posibles manifestantes que ocultan su identidad para delinquir, el debate, que ha polarizado a la sociedad helvética, se ha centrado en el veto al burka y el niqab entre las musulmanas. El Gobierno y la mayoría de partidos rechazan prohibir esas prendas, que apenas se ven en el país, pero las encuestas auguran opciones de éxito a la medida.
El debate lleva años sobre la mesa en el pequeño y rico país del corazón de Europa y se ha intensificado estas últimas semanas de la mano de la iniciativa del llamado Egerkinger Komitee, vinculado al partido ultranacionalista SVP (Partido Popular Suizo, en sus siglas en alemán), y cuyo objetivo es “parar la islamización de Suiza”. Este comité ya logró en 2009 que el 57,5% de los votantes aprobara la prohibición de construir minaretes en el país.
Los impulsores argumentan que burkas y niqabs son la cara visible de una ideología totalitaria que no tiene cabida en una democracia, un fundamentalismo islámico que pisotea los derechos de la mujer y entraña una amenaza para los valores tradicionales suizos. “En un país libre se muestra la cara”, resume por teléfono Anian Liebrand, portavoz del Egerkinger Komitee y miembro del SVP. Los que rechazan la medida ven tras ella islamofobia y racismo, un ataque a la libertad religiosa y al derecho a la mujer a vestir como quiera. “Las mujeres deben decidir sobre sus cuerpos. Nadie puede prohibirles llevar un velo, y tampoco imponérselo”, afirma el Partido Socialista suizo. Se busca estigmatizar a los musulmanes en nombre de una igualdad que solo se usa como excusa y a la que no se aporta nada, afirman Los Verdes.
El Gobierno (un órgano colegiado de los principales partidos) y una mayoría en el Parlamento (en el que el SVP es el partido con más escaños) consideran que legislar sobre un “fenómeno marginal” en Suiza, que básicamente afectaría a turistas de la región del Golfo, es “ir demasiado lejos”, no ayuda a las mujeres afectadas y dañaría al turismo, por lo que defienden una contrapropuesta que obliga a mostrar el rostro cuando es necesaria una identificación de la persona y prevé ayudas para fomentar la igualdad. “La prohibición no ofrece protección contra el extremismo y el terrorismo”, ha argumentado la ministra de Justicia, Karin Keller-Sutter, que insiste en que la opción de legislar debe quedar en manos de los cantones o regiones.
De hecho, en el Tesino (sur) la prohibición del burka rige desde 2016 y en el cantón de San Galo (noreste) desde 2019. En el primero, según datos de medios suizos, se han puesto unas 60 multas por ocultar el rostro pero solo 28 a turistas por hacerlo con un velo integral, y en el segundo, ninguna por la vestimenta. Además, una quincena de cantones castigan ya taparse la cara en manifestaciones y eventos deportivos. Países del entorno como Francia, Austria, Holanda o Bélgica también han vetado el burka, pero los detractores de la propuesta consideran que la situación en Suiza no es la misma -el extremismo se asoma en algunas mezquitas e imanes, ha habido detenciones por vínculos con atentados en otros países y dos apuñalamientos en los que la policía vio un trasfondo terrorista-.
En torno al 5% de los 8,6 millones de habitantes del país son musulmanes, mayoritariamente originarios de los Balcanes y Turquía. Entre las mujeres, las portadoras de niqab son una clarísima minoría que el Ejecutivo federal no ha cifrado, pero que un reciente estudio estima en entre 20 y 30 en todo el país. Y ninguna que habitualmente lleve un burka, que solo permite ver a través de una rejilla que cubre los ojos. Pese al debate, “en la calle es un fenómeno que hay que buscar con lupa”, afirma por teléfono Andreas Tunger-Zanetti, del centro de investigación de las religiones de la Universidad de Lucerna y autor de ese estudio, que dibuja a partir de investigaciones europeas y la entrevista a una portadora de niqab en Suiza un perfil de mujer socializada en Occidente, con formación, que se acerca a la religión entre los 17 y 25 años y decide libremente llevar la prenda por “una mezcla de devoción religiosa y necesidad de controlar lo que enseña de su cuerpo”. Tunger-Zanetti estima que en el contexto occidental más o menos la mitad son conversas. Sobre la iniciativa que se vota, opina que pretenden enviar una señal “que no funciona, no lleva a una liberación de las mujeres en otros países” y puede generar sentimiento de exclusión entre los musulmanes.
Marianne Binder-Keller, diputada por el cantón de Aargau del partido Mitte (Centro), rechaza que el escaso impacto del burka o niqab sea motivo para tolerarlo. “Contradice los derechos básicos del Estado moderno, la libertad e igualdad. Significa opresión y sexualización”, afirma. “No se puede decir que una injusticia sea menos relevante porque afecte a pocas mujeres”, añade por teléfono. Para ella, prohibir la ocultación del cuerpo “no soluciona todos los problemas”, pero es “la punta del iceberg” de un fundamentalismo cuya extensión le preocupa. Junto a otras políticas y activistas de un islam moderado ha formado parte de un grupo que defiende la prohibición, pero no comulga con el comité de la derecha populista que presenta la iniciativa y que lidera un partido que no se ha distinguido por la defensa de la igualdad. Lo mismo les ocurre a otros votantes alejados del ideario ultranacionalista y antinmigración del SVP, pero que se inclinan a apoyar la prohibición. “Se han producido fracturas en todos los partidos y sectores sociales, también en el feminismo, en torno al debate”, apunta Binder-Keller, que no seguirá la consigna de su formación de votar en contra. Aunque con un apoyo mayoritario en el electorado conservador del SVP, la propuesta también pesca votantes en otros sectores, como muestran las encuestas, que fluctúan entre un 49% y un 59% de aprobación.
“No queremos sociedades paralelas con derechos diferentes, que no se garantice a todas las mujeres los mismos derechos”, abunda Binder-Keller, que ve necesario también enviar “un mensaje” a los países que obligan a las mujeres a cubrirse de pies a cabeza.
“Debemos legislar para Suiza, no para países como Arabia Saudí”, replica la investigadora del islam Rifa’at Lenzin, que considera que la iniciativa en el fondo transmite el mensaje “de que el islam no es parte de Suiza”. “No es un verdadero problema, tampoco para los musulmanes del país, que están bien integrados”. Se pretende vulnerar la libertad religiosa, opina, y el debate se entremezcla con imágenes de militantes del ISIS envueltas en burkas que despiertan miedos e inseguridades. “No se puede decir que las turistas saudíes que hacen compras aquí sean unas extremistas de las que parte un peligro”, abunda Lenzin, que teme que la iniciativa haga retraerse de la sociedad a los musulmanes o tenga un efecto bumerán.
La federación de organizaciones islámicas FIDS, que reúne a más de 200 entidades, también considera que los impulsores de la iniciativa practican una “política de símbolos”, según su portavoz, Önder Güneş, y han lanzado la discusión “en un formato no adecuado” que envía el mensaje de que hay que “hacer retroceder a los musulmanes”. Primero fueron los minaretes, ahora el burka. “¿Vendrá luego el pañuelo”, se pregunta. “El niqab no es un fenómeno típico del islam en Suiza. Tampoco apoyamos que se obligue a ninguna mujer en otro sitio, pero la prohibición aquí no aporta nada”, añade.
Aunque apenas se vean niqabs en Suiza, “hay que combatir el problema ahora para evitar que crezca”, sostiene Liebrand, que agita la amenaza del islamismo extremista, defiende que “solo los radicales se tapan” y que la propuesta se dirige también contra aquellos que se cubren en manifestaciones para causar el caos.
Un voto con mascarilla
La iniciativa antiburka se registró oficialmente en 2017, tras lograr las obligadas 100.000 firmas válidas de ciudadanos para lanzarla. Tras la tramitación en la Administración, su paso por el Gobierno y el Parlamento, llega a las urnas en medio de una pandemia, con la población con media cara oculta por las mascarillas para evitar contagios. Las razones higiénicas y sanitarias figuran como excepción a la prohibición de ocultar el rostro de la propuesta, pero el coronavirus se ha convertido también en argumento de unos y otros. Los que rechazan la iniciativa consideran que el uso de la mascarilla ha demostrado que también hay comunicación entre personas que van tapadas, mientras que los impulsores del veto creen lo contrario. “Muchos se han dado cuenta de que es peor, aprecian más poder hablar cara a cara”, dice Anian Liebrand, portavoz de la iniciativa.
About Author
